El caso de Santiago Maldonado complica al gobierno argentino

Una pregunta que resuena

¿Dónde está? Los reclamos internacionales por lo que ya el propio gobierno maneja como una posible desaparición forzada provocaron un volantazo del presidente, Mauricio Macri, quien decidió sacarle el caso a su ministra de Seguridad y tomarlo en manos propias. Se esfuman las esperanzas de encontrar con vida al activista argentino.
Las movilizaciones y reclamos nacionales e internacionales por la desaparición del argentino Santiago Maldonado el 1 de agosto en Chubut provocaron un cortocircuito entre la justicia federal y el poder político. Consciente de que está a cargo de una causa muy sensible, el juez federal Guido Otranto avanza con pasmosa lentitud en la búsqueda de pistas e hipótesis de una investigación que le quema las manos. Entretanto, el gobierno nacional de Mauricio Macri se ve obligado a demostrar que está tomando medidas en el asunto, ya que no tiene muchos elementos para defender la inocencia de la Gendarmería nacional en la desaparición. Y es que un creciente número de testimonios acumulados en el expediente judicial señala a esa fuerza y a los jerarcas políticos del Ministerio de Seguridad como los responsables directos de la desaparición forzada de Maldonado.
En la interna del gabinete nacional afloran los cruces sobre el manejo oficial del caso. Uno de los bandos lo lidera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde el inicio exculpó abiertamente a la Gendarmería de cualquier responsabilidad. El otro lo encabeza el ministro de Justicia, Germán Garavano, el único del elenco oficial que no descartó ninguna hipótesis sobre la suerte corrida por el hombre de 28 años que desapareció en un operativo de la Gendarmería para desalojar tierras ocupadas por la comunidad mapuche Pu Lof, a 1.400 quilómetros de Buenos Aires, en el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut. Garavano evitó además cualquier defensa de los gendarmes.

Desaparición forzada

Cuarenta días sin novedades sobre el paradero de Maldonado es demasiado tiempo como para seguir abrigando esperanzas de vida, si se supone que funciona el Estado de derecho y tomando en cuenta que no hay ningún detenido por el caso.
La ministra Bullrich descartó desde el principio que se aplicara la figura jurídica de la desaparición forzada, pese a las denuncias iniciales de los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof que vieron cómo los gendarmes apalearon y cargaron en una camioneta a Maldonado el 1 de agosto luego de que la Gendarmería disolviera y reprimiera un corte de una vía de tren en reclamo de la libertad de su líder, el lonco Facundo Jones Huala. La ratificación de esos hechos corrió por cuenta de un miembro de la comunidad que al día siguiente a la represión se dirigió al escuadrón de Gendarmería para ver si había detenidos reconocidos oficialmente. Tres miembros de la comunidad dijeron al defensor del pueblo de Chubut, Fernando Machado, que Maldonado fue capturado por los efectivos de seguridad, apaleado y subido a una camioneta de Gendarmería. Otras dos mujeres mapuches agregaron que además vieron al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, al lado de la ruta dando órdenes el día de la represión. El martes 5 de setiembre un joven mapuche de la comunidad aseguró ante el juez Otranto haber visto a Santiago Maldonado en perfecto estado participando de la protesta y luego a los gendarmes gritando “¡Tenemos a uno!”, mientras se abalanzaban sobre Maldonado y lo metían en el vehículo. Los testimonios de los mapuches son coincidentes y coherentes desde el primer momento.
Dos semanas después de producirse el hecho, el juez Otranto, a instancias de la fiscal del caso, modificó la carátula de la causa, que pasó de búsqueda de persona a desaparición forzada. Una decisión acorde a los mencionados testimonios obrantes, dos veces ratificados por los testigos mapuches. La figura jurídica de desaparición forzada implica la detención de una persona por parte de una fuerza de seguridad del Estado, seguida de la negativa de las autoridades a reconocer esa detención para privar de los beneficios de la ley al detenido. Hasta ahora la justicia maneja y mantiene esa hipótesis.

Aval de alto nivel

El discurso oficial sobre el caso empezó a quebrarse cuando el jefe del operativo de Gendarmería, Conrado Balari, admitió durante una entrevista televisiva en Esquel, el 4 de agosto, que “todo se hizo bajo las órdenes precisas del Ministerio de Seguridad”. Del operativo participaron los escuadrones de Esquel, El Bolsón, San Martín y Bariloche. La defensa política que ofreció la ministra Bullrich respecto de la actuación de la Gendarmería incluyó diferentes hipótesis sobre la suerte corrida por Maldonado. Las principales pistas con las que se distrajo a la justicia y a la opinión pública durante los primeros 20 días fueron que fue herido por un puestero rural, de viaje por Chile o haciendo dedo en las rutas de Entre Ríos.
Sin embargo, la familia del desaparecido, cuya cara visible en los actos públicos es su hermano Sergio Maldonado, siempre creyó en la versión de los mapuches y apuntó directamente a la responsabilidad del Estado. En la mañana del martes 5 Sergio Maldonado le reclamó, en una conferencia de prensa en Esquel, al presidente Macri que “deje de sostener lo insostenible, porque en estos 35 días la ministra Bullrich se dedicó a desviar la investigación que desde un primer momento debió ser encarada como la de una desaparición forzada”.

Giro del ejecutivo

Frente al reclamo de 250 mil personas que se manifestaron en la tarde del viernes 1 de setiembre en la Plaza de Mayo de Buenos Aires –y en varias otras ciudades del país–, a la importancia que ha tenido el caso para la prensa internacional, y también debido a las presiones que ha ejercido la Onu a través de su Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) y su representante en América del Sur, Amerigo Incalcaterra, el gobierno argentino pretende dar un volantazo en el manejo del asunto. Para eso Macri recurrió, junto con su ministro de Justicia, Garavano, al protocolo de seguridad estatal que permite rastrillar y allanar sin orden judicial una determinada área geográfica. La Policía Federal y la Prefectura Naval ingresarán con hombres, vehículos y drones en el territorio de la comunidad mapuche para rastrillar la zona, cosa que el juez Otranto no había hecho. La decisión del presidente generó un cortocircuito con el juez, que no reconoció la medida y criticó que se decidieran acciones sin que el Poder Judicial fuera convocado. El operativo aún no tiene fecha de ejecución.
La orden de rastrillar la zona fue tomada por Macri, que venía defendiendo el trabajo de su ministra Bullrich. Ahora, sin embargo, la idea del presidente parece ser apartarla del caso lentamente y luego también de su gobierno. Ni ella ni la Gendarmería participarán de las nuevas acciones. Éstas serán monitoreadas por Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que hasta ahora no había intervenido en el asunto. Además, el miércoles 6 el jefe de gabinete, Marcos Peña, se refirió en el Senado al caso de Santiago Maldonado como una posible “desaparición forzada” en la que agentes de Gendarmería podrían estar implicados. Estas declaraciones marcaron un claro giro en el discurso oficial.
A las tantas críticas contra la ministra por sus declaraciones públicas sobre la desaparición de Maldonado se sumó el incómodo relato de una diputada opositora. Victoria Donda reveló que durante un encuentro con Bullrich en la sede del ministerio la ministra reveló a un grupo de legisladores que no descartaba la hipótesis “de que a un gendarme se la haya ido la mano con Maldonado”, y dejó en claro que podría estar muerto. Pero el de Maldonado sería un cadáver políticamente demasiado costoso para el gobierno de Macri.

Tierras sagradas

Y es por eso que la nueva incursión en tierras mapuches genera resquemores y sospechas. Se trata de tierras consideradas sagradas por la comunidad, donde descansan sus antepasados, pero además son terrenos que el magnate italiano Luciano Benetton reivindica como propias y que, por lo tanto, permanecen en disputa. Los voceros de la comunidad Cushamen temen que con el ingreso de fuerzas de seguridad se “plantarían” falsas pruebas sobre el caso que laven la responsabilidad de la Gendarmería y generen acusaciones sobre los mapuches, quienes, hay que recordarlo, siguen reclamando por la libertad de su líder Facundo Jones Huala, detenido desde el 27 de junio en Esquel, en Chubut, a la espera de un pedido de extradición de la justicia chilena. La demonización de los mapuches cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, que replican en sucesivas notas desde abril pasado la idea de un supuesto plan de segregación territorial pergeñado por la comunidad aborigen de ambos lados de los Andes. En ese sentido Graciela Rosenblum, titular de la Liga por los Derechos del Hombre (Ladh), recordó que todo se está desarrollando “sobre tierras ricas en petróleo, minerales diversos y agua, y donde están asentados grandes terratenientes extranjeros como Benetton o el magnate Joe Lewis, que se apropió del acceso al lago Escondido, en la zona de El Bolsón, privando de agua a las comunidades de la zona. Es un territorio caliente y codiciado”. Santiago Maldonado parece haber sido la mecha que hizo estallar una trama de intereses económicos en la zona.
A poco más de un mes de las elecciones legislativas, el desarrollo del caso de la desaparición del joven militante puede complicar la situación para el gobierno.

Perfiles de los funcionarios involucrados en el caso Maldonado

Luz roja

El fiscal federal Federico Delgado decidió abrir el miércoles 6 un expediente para investigar al presidente, Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por encubrimiento en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.
A 40 días de la desaparición de Maldonado en Cushamen, todas las pistas sobre las responsabilidades conducen directamente al Ministerio de Seguridad encabezado por Bullrich. Y es que desde que asumió su cargo en 2015 la ministra tiene la mira puesta en la Patagonia y en la comunidad Pu Lof, en Cushamen. Encargó al jefe del gabinete de su ministerio, Pablo Nocetti, para monitorear la zona. Su interés se debe a la cantidad de emprendimientos extranjeros –desde el turismo hasta la minería– que hay en toda la Patagonia. El caso de Cushamen involucra a las tierras sobre las que se asienta la mayor estancia patagónica, la del magnate textil italiano Luciano Benetton, con poco menos de un millón de hectáreas.
Esos territorios son reivindicados como ancestrales por la comunidad mapuche Lof Cushamen. En marzo de 2015 la comunidad ocupó formalmente esas tierras y se desató el conflicto con Benetton. Amenazas, detenciones arbitrarias y violencia abierta o encubierta se abatieron desde ese momento sobre la comunidad originaria, que cuenta con apoyo de las asambleas ciudadanas de Chubut, opositoras a la instalación de emprendimientos mineros en la región. En agosto de 2015 el defensor público de Chubut, Fernando Radziwilowski, denunció una red de espionaje en la que estaban involucrados los fiscales locales Fernando Rivarola y Fernanda Revori, que producía informes y fichas digitalizadas sobre los militantes sociales, mapuches y periodistas de la zona de Esquel.
Gracias a ese material se descubrió que el segundo de Bullrich (Nocetti) viajaba a Esquel a partir de comienzos de 2016 para estudiar la situación de violencia generada por los reclamos mapuches sobre tierras en poder de extranjeros. “Nos interesa la cuestión, y si se producen actos de violencia, el Ministerio de Seguridad deberá actuar junto con la justicia federal”, advirtió Nocetti en una entrevista con Radio Nacional en julio de 2016.
Cuando Macri anunció la eliminación de trabas para la compra de tierras argentinas por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, la Patagonia se transformó en una zona estratégica por las inversiones que el gobierno espera que caigan como maná del cielo. Fue en ese contexto que se necesitaba la supervisión de la zona por parte del Ministerio de Seguridad y sus funcionarios, cuyo perfil y pasado están ligados a las dos caras de la represión en los años setenta.
Patricia Bullrich fue una militante de la Juventud Peronista que tras el golpe militar de 1976 se exilió en Brasil y luego en Europa. En 1979, cuando se produjo la contraofensiva de Montoneros, se dedicó a reclutar exiliados para que ingresaran desde Brasil y combatieran a la dictadura de Jorge Videla. El intento generó una gran cantidad de muertos y desaparecidos. Cercana al dirigente montonero Rodolfo Galimberti, con la vuelta de la democracia retomó su militancia en la Juventud Peronista, que condujo junto a Dante Gullo, apoyando a la Cgt que presionaba sobre el gobierno de Raúl Alfonsín. Durante el gobierno de Carlos Menem fundó su partido, Unión por Todos, que lentamente se volcó a la derecha hasta liarse con el macrismo en 2007.
Pablo Nocetti es un abogado cercano a los principales estudios jurídicos que defendieron a los militares acusados por delitos de lesa humanidad durante el juicio a las juntas militares en 1985. En 2007 afirmó que los juicios contra los militares “constituyen una venganza y por lo tanto no tienen fundamento jurídico”. Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, también viene de círculos jurídicos ligados a la derecha y al ultracatólico grupo Opus Dei. Integró el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores) creado por el ex juez de la dictadura Jaime Smart y firmó documentos condenatorios de los juicios contra las juntas militares de la dictadura. Los ministerios de Justicia y de Seguridad están en manos de funcionarios que conocen cabalmente el sentido de los conceptos represión y judicialización de la protesta social. Luz roja.

Fabián Kovacic
Brecha