El ministro de Justicia y Derechos Humanos atacó directamente el derecho a protestar de los estudiantes, cuando una jueza afirmó que es constitucional. Myriam Bregman del Frente de Izquierda salió a cuestionar al funcionario.
El funcionario nacional que aún no condenó la represión que tuvo lugar antes de la desaparición de Santiago Maldonado, no tiene problemas en condenar a los estudiantes que defienden sus derechos. Garavano dijo que las tomas "son ilegales e irregulares". "No debiera ser esa la forma de protestar", remarcó en una entrevista con Radio La Red. Además, cuestionó a la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad Elena Liberatori, quien reconoció como constitucional la toma de los colegios al afirmar que es parte del ejercicio de su derecho a expresarse. De esta forma realizó un ataque abierto al derecho a protestar que tienen los estudiantes. Una verdadera criminalización de ese derecho.
Lo “ilegal” e “irregular” debería ser la propia entrada de la policía de la Ciudad a las escuelas públicas preguntando por asambleas o el pedido de listas negras de los secundarios que están tomando las escuelas, que son lisa y llanamente una confección de listado de activistas y militantes. Nada resulta raro de este gobierno. Lo “ilegal” es el propio protocolo para accionar en las escuelas y reprender a los estudiantes que están peleando contra una reforma “educativa” reaccionaria. En palabras de la Jueza Liberatori “ilegitimidad sustancial por cuanto ante la presencia del conflicto (…) la respuesta es castigar y no solucionarlo”.
Lo que está claro es que la agenda provista por Durán Barba es salir a atacar a todos aquellos que hoy cuestionan al gobierno Nacional. También se trata de sus propios medios de comunicación como Clarín y su “periodista” Jorge Lanata que todos los sábados se encarga de bastardear a los estudiantes que están peleando contra una reforma que elimina quinto año y los mandan a trabajar en forma gratuita para multinacionales. Lanata, otro "iluminado" contra la juventud que lucha por la educación pública.
La Justicia también le sirve a este gobierno para criminalizar. Como ejemplo a partir de la toma de un colegio en el barrio de Belgrano, directivos de esa institución denunciaron ante la Justicia a quienes participan de la misma. Lo hicieron bajo la acusación de "usurpación" eiIncreíblemente, la fiscalía a cargo de Carlos Fel Rolero Santurián, hizo lugar al pedido. La Justicia porteña explico en la medida cautelar que ello implica imputar a los adolescentes de delitos “por cierto, inexistentes, toda vez que los espacios públicos no son susceptibles de usurpación”.
La medida cautelar que Garavano intenta deslegitimar, en realidad explica que el accionar ilegitimo es el del Gobierno. Liberatori, quien anulo los instructivos de Esteban Bullrich, considera que este hecho es continuación de aquellos del 2008 y 2010, aunque esta vez intentan subsanar ordenando “denunciar sin nombres”, cuando ello no es un obstáculo para identificarlos por otros medios. Concluye que de un documento “carente de validez y entidad legal” (como fue informado por el Ministerio) se derivan cosas tan reales como actas, denuncias e intervención policial y judicial, entonces no “existe” tal instructivo, pero lo aplican igual. Destaca como particularmente grave que afecte los derechos elementales a protestar, de un colectivo especialmente protegido en la Constitución de la Ciudad como son los jóvenes.
Lejos de amedrentar a los estudiantes ellos siguen en pie de lucha. Van discutiendo sus medidas en forma democrática en asambleas en cada escuela y siguen exigiendo, a la conducción del sindicato docente porteño UTE que convoque a un paro educativo para frenar la reforma. En esta lucha de los estudiantes secundarios, no solo se pone en juego una reforma educativa. Sino que también como ellos denuncian es la ante sala de una política de reforma laboral y de ataque a las condiciones de trabajo, que el gobierno anuncia.
Contra el gobierno, sus medios y la justicia, si ganan los estudiantes, ganamos todos.
Federico Puy
Docente, Congresal UTE-CTERA
Lilen Reyes
CeProDH
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