La Cámara de Apelaciones aceptó la recusación pero sin adoptar los argumentos de la familia Maldonado. Aparición con vida ya de Santiago.
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decidió apartar al juez Guido Otranto, titular del juzgado federal de Esquel y quien se encontraba al frente de la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El motivo adoptado por el tribunal fueron las declaraciones de Otranto en una entrevista en el diario La Nación, al cual dijo que “la hipótesis más probable” era que Maldonado se haya ahogado en el río Chubut y desligó a la Gendarmería de la desaparición. Los jueces concluyeron que resulta “razonable pensar que sus expresiones públicas podrían constituir el adelantamiento de opinión vedado y que permite a las partes dudar de su imparcialidad". Por otra parte, rescatan todo lo actuado por Otranto hasta el momento, ya que en su resolución afirman que “no existen elementos que nos permitan abrigar ninguna duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones”.
Sin embargo, cada paso que había realizado el magistrado se convertía en una muestra de su parcialidad, prejuzgamiento y hasta complicidad en la cadena del encubrimiento de la acción de la Gendarmería, en consonancia con la política gubernamental sostenida por la ministra Patricia Bullrich. La primera irregularidad es que el mismo juez que ordenó –en acuerdo con el Ministerio de Seguridad, a través de Pablo Noceti- el desalojo de la ruta 40 y todo el operativo represivo que dejó como resultado la desaparición de Maldonado estuviera a cargo de investigar las consecuencias de su decisión. Por eso el encubrimiento estuvo a la orden del día desde el primer momento.
La familia Maldonado lo expresó en un comunicado al señalar que la Cámara “sólo tuvo en cuenta las expresiones públicas” de Otranto y no su manifiesta hostilidad hacia la comunidad mapuche ni las denuncias de maltrato de los familiares de Maldonado. “Si bien celebramos la resolución nos preocupan los argumentos desechados”, señala la familia.
El juez Otranto había descartado la posibilidad de que la Gendarmería hubiera participado en la desaparición de Santiago, cuando todos los caminos conducen a esta conclusión. No sólo eso, sino que había tardado más de cuarenta días en comenzar a llamar a los gendarmes y, cuando lo hizo, fue en calidad de testigos. La causa no tiene imputados. La hipótesis de que Maldonado hubiera muerto ahogado en el río Chubut fue descartada por los buzos de prefectura el primer día en que se rastrilló la zona para buscar un cuerpo. El mega operativo que Otranto condujo el lunes no obtuvo más que una detención arbitraria de una mapuche por haberle faltado el respeto al juez un mes atrás: Otranto imagina que la justicia es una estancia y que él es su patrón -aunque obedezca las órdenes del gobierno-. Se negó a peritar el teléfono de Pablo Noceti, jefe de gabinete de Bullrich, que coordinó el operativo represivo. Esto hubiera arrojado las llamadas que Noceti le hizo al juez. Otranto fue una pieza clave en el encubrimiento, por eso “la decisión de apartar al juez Otranto no cayó bien en la Casa Rosada” (La Nación, 23/9). Su salida se inscribe en la crisis política creada por la movilización popular por Maldonado.
La causa pasará a manos del juez Guillermo Gustavo Lleral, titular del juzgado federal de Rawson, ubicado a 600 kilómetros de Esquel, quien se abocará con exclusividad a la investigación de la desaparición de Santiago.
La investigación debe llegar a las últimas consecuencias para castigar a los culpables materiales y políticos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Antonia Torrebruna
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