Myriam Bregman, una de las abogadas de Julio López en el histórico juicio contra Etchecolatz, reflexiona sobre los once años de impunidad y la lucha por Santiago Maldonado.
Aquel 18 de septiembre llegaba a su etapa final el primer juicio luego de la reapertura de las causas de lesa humanidad que tuvo lugar una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que durante años habían prohibido juzgar a los genocidas por sus crímenes.
Las abogadas de la querella de Justicia Ya! nos encontrábamos en la ciudad de La Plata a punto de alegar en representación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, de Nilda Eloy y Julio López. La ansiedad nos atormentaba. Más a mí, creo, ya que me tocaba comenzar con la explicación del contexto social y político en que se desarrolló el genocidio, esa acusación novedosa que íbamos a introducir y que pacientemente habíamos explicado a los sobrevivientes del Circuito Camps que representábamos.
No queríamos una condena por sumatoria de delitos aislados –torturas, homicidios, privación ilegal de la libertad–, queríamos conseguir la verdadera calificación jurídico-política de lo que en realidad sucedió en la Argentina durante la dictadura cívico militar: genocidio. Por esos días, casi sin saber la profundidad que adquiriría ese reclamo, exigíamos la unificación de las causas de lesa humanidad por circuito represivo y no que fueran a juicio oral causas parcializadas, como esa contra un solo represor –el comisario Miguel Etchecolatz– por un puñado de casos. Decíamos que con eso se sobreexpone y revictimiza a los testigos. Que abran los archivos de la represión para que el Estado sea el que aporte las pruebas, agregábamos.
El lunes 18 estábamos allí con toda la carga de esos meses. Nos habían amenazado, intimidado; habíamos tenido que recorrer nuevamente los lugares de cautiverio con los sobrevivientes, que recordaban a los que no salieron, a los que desaparecieron. Habíamos llorado de bronca y dolor al no poder conseguir que nos digan dónde está Clara Anahí Mariani, aunque ese día éramos pura emoción: lo habíamos logrado, estábamos por alegar.
Pero Julio no llegó. “López”, como le decíamos por la distancia que ponían los años, no estaba en aquella sala de audiencias repleta. Pronto, mientras todas –y digo todas porque era una querella contundentemente femenina– nos deshacíamos en preguntas, Adriana Calvo le respondió a un periodista que se acercó a preguntar por qué no empezaban los alegatos: “López está desaparecido”. Adriana, “la Calvo”, como la llamábamos con respeto y humor, habló desde su experiencia: ella fue la testigo número uno del Juicio a las Juntas Militares, la primera que se sentó allí con los responsables del genocidio mirándola, amenazándola, los mismos que muy poco tiempo atrás eran sus secuestradores y los de Tere, su beba nacida en cautiverio.
Desde allí, no paramos más. A las dos horas, y mientras el juicio transcurría, fuimos a presentar el hábeas corpus. Al día siguiente, la sala de audiencias estaba colmada para escuchar la sentencia, pero un ex detenido desaparecido explicó a viva voz lo que pasaba con López y se comenzó a corear, a gritar, a exigir aparición de Julio López.
Los medios de comunicación nos llamaban, decíamos, con la adrenalina del caso: “Hay que buscar en la Bonaerense, hay que buscar en Marcos Paz” (donde estaba detenido Etchecolatz). Desde el primer momento señalamos la responsabilidad del secuestro por parte de la patota ligada al genocida. A los pocos días nos enteraríamos de que 9.026 policías que integraban la fuerza en el momento en que Julio fue secuestrado en dictadura continuaban en la Bonaerense y que incluso muchos habían sido ascendidos y gobernaban la fuerza.
La Justicia provincial y la Bonaerense rápidamente montaron una parodia de búsqueda. Durante los primeros tres meses la causa se caratuló como averiguación de paradero. La peleamos, llegamos hasta la Corte Suprema y allí el procurador de la Nación Esteban Righi nos dijo que era una persona extraviada. Nos movilizamos y obtuvimos un primer logro cuando la Corte Suprema dijo que la causa debía pasar a la justicia federal, que significaba que no estábamos hablando de un delito común, de una persona extraviada, y se empezó a encuadrar en una desaparición forzada. Pero a partir de ahí empezó a actuar un feroz aparato de encubrimiento de la Bonaerense, la SIDE y la Policía Federal. Fueron tapando y obstaculizando todas las pruebas existentes. Pruebas que juntamos cada día, pruebas que aparecían y aportábamos.
Solo voy a poner un ejemplo de cómo embarran la cancha y plantan pistas falsas. Ellos nos entretenían con allanamientos y rastrillajes a los que llegaban por los dichos de videntes, pendulistas, de una mujer que se convertía en pájaro por la noche y “lo veía” a Julio mientras sobrevolaba la zona... Nos entretenían revisando pastizales con los perros, con cadáveres que rápidamente adjudicaban a Julio… Todo hicieron. Mientras, en forma paralela seguía nuestra investigación y denuncia; realizamos un trabajo de relevamiento de fotos de actos y dimos con una fotografía en la que aparece el hombre que le realizó a López el seguimiento en los días previos, un exagente de la Policía cercano a Etchecolatz. Ese material lo aportamos al juez en noviembre de 2006, y recién luego de eso la Policía reconoció que sabía que ese expolicía se reunía con otros exmilitares y policías “preocupados” por los juicios. Entonces comprobamos que existía una mecánica de “blanqueo” de las investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia, porque eran ingresadas al expediente solo cuando les constaba que nosotras ya tomamos conocimiento de esa información. Aun así, la Justicia tardó nueve meses en allanarlo y mandaron a fotocopiar la causa al Ministerio de Seguridad, ¡justo donde trabaja el hijo de este personaje!
También tempranamente señalamos que esas fuerzas tenían responsables políticos, así como la responsabilidad de aquellos que con sus omisiones, dilaciones y reticencias permitieron que la causa por la desaparición de Julio se erija como un momento a la impunidad. Aníbal Fernández, superministro y vocero del Gobierno kirchnerista de entonces, nos dijo que no descartaba ninguna hipótesis, que podía estar ‘en la casa de la tía’… No lo estaba, claro, aunque perdieron tiempo yéndolo a buscar a General Villegas, de donde era oriundo. No lo estaba y, once años después, nos seguimos preguntando: ¿dónde está Julio López?
Los objetivos de los desaparecedores no variaron en el tiempo. El contenido principal del mensaje macabro del secuestro de López fue: “Estamos y podemos”, una muestra de que los grupos de represores ligados e integrados a las antiguas patotas que actuaron en la dictadura cívico-militar nunca fueron desarticulados en su totalidad. A lo sumo se reciclaron en otras tareas, como las agencias de seguridad o en otras tramas mafiosas dentro de las mismas fuerzas. Y, a su vez, daban el mensaje de que estaban decididos a no resignar tan fácilmente los treinta años de impunidad que gozaron. Desde las estructuras del Estado se les había dado continuidad en el aparato represivo, en las fuerzas armadas y de seguridad, e incluso algunos partidos tradicionales como el PJ o la UCR, que los han llevado en sus listas electorales, como pasó con Luis Patti.
Hace un mes y medio desapareció Santiago Maldonado. Nosotros no contraponemos desaparecidos. Es claro que no podemos permitir que la impunidad continúe. Sabemos que a la justicia no se la encuentra, se la busca. Por eso nos movilizamos, por eso nunca nos callamos. Porque jamás vamos a bajar los brazos, porque la coherencia se construye en la calle, siempre del mismo lado. Por eso luchamos con todas nuestras fuerzas por que aparezca Santiago.
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