Frente a una treintena de secundarias tomadas y dos movilizaciones de miles de estudiantes, familias y docentes; el Gobierno responde con tres nuevos documentos que analizaremos en la presente nota.
El accionar de Cambiemos para intentar hacer pasar la reforma de la secundaria ‘sin’ futuro parece repetir un manual al que ya nos tienen acostumbrados.
Primero lanzaron informalmente información ‘de máxima’ sobre el contenido de la reforma, luego, intentaron intimidar y dividir a los estudiantes con un instructivo “antitoma” y reducir el conflicto a una polarización con el kirchnerismo. Mientras tanto midieron reacciones y la opinión pública; no por casualidad han llegado a los mails de docentes, estudiantes y familias invitaciones a charlas por barrio sobre este tema. El movimiento estudiantil, rápido de reflejos, reaccionó con dos movilizaciones de miles y más de 30 tomas de colegios.
Agotada la estrategia de máxima del Gobierno por la repercusión conquistada por los estudiantes, ahora abordan una segunda etapa en donde intentarán posar de dialoguistas y utilizar la liviana ‘herencia’ de las leyes educativas del kirchnerismo para avanzar en introducir lógicas privatizadoras y precarizadoras de la educación pública.
Ya con una estrategia de desarmar el conflicto la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, lanzó cartas, promesas de tecnología e infraestructura y un nuevo documento provisorio sobre la reforma. Con un lenguaje dialoguista e inclusivo, bajo el amparo normativo de la ley de Educación Nacional (LEN) del kirchnerismo, mantiene de forma encubierta los puntos clave de una reforma al servicio de los intereses del mercado.
1 - Educar para el mercado
Mantiene intacto el perfil funcional a las exigencias empresariales de mano de obra barata: flexible y descartable. El planteo inicial de un 50% del tiempo de 5to (o 6to) año dedicado a pasantías gratuitas en empresas se esconde ahora bajo el nombre de prácticas educativas, que serían negociadas y acordadas a nivel de cada institución, todo bajo el amparo del decreto 1374 sancionado bajo el kirchnerismo para reglamentar lo que ya estaba contemplado en el LEN.
Esto abre una doble estrategia, por un lado, dividir al movimiento estudiantil y docente, ya que la negociación sobre el contenido e injerencia empresarial sería en acuerdos colegio por colegio. La consecuencia de esto es una fragmentación creciente del sistema educativo, en lo que podríamos llamar una educación para los ricos y otra para los pobres. En palabras del propio Esteban Bullrich: "nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas: o sean los que crean esos empleos, (…) o los sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla". En esta misma línea no es casualidad que los subsidios a la educación privada hayan crecido escandalosamente, pasando de representar el 14,5 % del presupuesto educativo en el 2012 a ser el 16,2 % este año.
2 – El negocio de la educación
A su vez se mantiene intacto el aumento de la injerencia del sector privado mediante la contratación directa de plataformas y recursos educativos. Esto no sólo implica un negocio al servicio de grandes multinacionales, sino que además estandariza la educación empeorando las condiciones de aprendizaje de los jóvenes, confundiendo el uso de la tecnología digital como herramienta y auxilio de la enseñanza con el reemplazo de la docencia por plataformas digitales prediseñadas.
No es casualidad que este tipo de reformas estén fomentadas por organismos internacionales como la OCDE y grupos empresariales como Pearson, una transnacional que genera contenidos educativos y que es la que diseña las pruebas PISA con las que se estigmatiza a la docencia y se justifican este tipo de políticas.
Cabe señalar que estas plataformas se adquirirán mediante la modalidad menos transparente que posee el Estado, la contratación directa, según se estableció en la Resolución 2376/16 del Ministerio de Educación nacional. A fin de cuentas, buscan desplazar a los docentes que estimulan el pensamiento crítico, por ejemplo, trayendo a las escuelas problemáticas actuales como la desaparición de Santiago Maldonado, con plataformas digitales diseñadas a medida de los CEOS: un negocio redondo.
3 - ¿Tutores o profesores?
El proyecto de reforma desarma la centralidad de los profesores en el sostenimiento de la escuela secundaria y la pasa a la figura de tutores. El documento en elaboración si bien deja de hablar de un 70% de tiempo de acompañamiento sigue siendo ambiguo sobre quiénes desempeñarán ese rol y en qué condiciones.
No es menor el antecedente del Plan FinEs I y II en donde, bajo la excusa de implementar nuevas modalidades pedagógicas, el gobierno anterior contrató profesores bajo la figura de tutores, argucia legal que les permitió evadir los derechos establecidos en el estatuto docente. De esta forma aún hoy este sector de la docencia es contratado a término, no cobra vacaciones, tiene salarios inferiores al resto, entre otros derechos violentados.
4 – Educación sexual integral, el gran ausente
En un país con cifras alarmantes, en donde una mujer muere cada 18 horas a causa de femicidios, desaparecen chicas en manos de redes de trata y 300 mujeres mueren al año por abortos clandestinos; la reforma que pretende preparar a las nuevas generaciones para el futuro no dedica ni una línea sobre Educación Sexual Integral.
El Gobierno porteño habla de diálogo, pero se niega sistemáticamente a escuchar y dar respuesta a los reclamos estudiantiles, e incluso los menosprecia por medio de sus lacayos en los medios, como Lanata.
5 – La eficiencia en educación
Con un discurso progresista, “se propician espacios de recuperación y acompañamiento”, se encubre un objetivo mercantil (eficiencia) de ajuste, “en el sector educativo la repetición genera sobrecostos”. Bajo el manto de un debate pedagógico, más que válido si fuese abierto al interior de las instituciones educativas para mejorar las prácticas actuales, se intenta implementar un recorte de “costos” educativos, en detrimento de la formación de los estudiantes y de las condiciones de trabajo de la docencia.
De esta forma abre el camino a transformar la secundaria en un simple transcurrir de cinco años, y se descarga en la docencia la responsabilidad del seguimiento individualizado de sus estudiantes sin garantizar el tiempo rentado necesario para ello.
El nuevo documento ya no habla de créditos, sino de consejos ad hoc de tres profesores para definir la promoción. La cuestión es que taxativamente descarga la responsabilidad sobre la repitencia o no en la docencia: “El acompañamiento a las trayectorias escolares es una responsabilidad de toda la escuela secundaria y una tarea colaborativa entre docentes, tutores, preceptores, equipos de conducción y DOE”.
¿Dónde queda la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones de aprendizaje y de enseñanza? ¿En qué tiempos se realizarán todas estas nuevas tareas? ¿Implicará una sobrecarga de trabajo para los profesores? ¿Por qué no se garantizan mejores condiciones de jornada laboral docente? Si se crean nuevos cargos u horas ¿serán bajo estatuto? De todos estos interrogantes que implicarían mayores recursos para mejorar la secundaria, ni una palabra.
6 – ¿Recursos para la secundaria o prebendas?
Junto al nuevo documento de la reforma difundieron dos cartas con promesas de material tecnológico y mejoramiento de las aulas donde se aplique la reforma. Se limitan a prometer proyectores, netbooks, cortinas y pizarras blancas para las aulas de primer año de las 19 escuelas “piloto”, y nuevas computadoras para el gabinete de informática.
¿Por qué atan estos recursos a la implementación de la reforma? ¿Por qué los jóvenes de otros años y otras escuelas no van a tener derecho a esos recursos que son básicos para dar y recibir clases hoy en día? ¿Por qué luego de 10 años de gobernar en la ciudad más rica de Latinoamérica en el SXXI no es algo común contar con proyectores, computadoras, servicio técnico y un buen servicio de Internet y es condiciones de aceptar una reforma precarizadora a medida de los intereses del mercado?
Hernán Cortiñas
Congresal Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)
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