M.H.: ¿En qué estado está la causa relacionada con los detenidos a diez cuadras de Plaza de Mayo luego de la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado?
I.J.: Hoy estuvimos en el Juzgado, la causa sigue con secreto de sumario por lo tanto no podemos ingresar a verla. En principio el Juzgado tendría que solucionar esto entre viernes y lunes. Estuvimos en una reunión con la Secretaria del Juzgado en función de algunas cuestiones pendientes que teníamos que resolver y estamos a la espera de una decisión judicial. Nosotros apostamos obviamente a que tiene que ser el cierre de la causa, el sobreseimiento definitivo para poder encarar la otra parte que sería que se investigue el accionar de la policía a partir de la falsedad ideológica cometida con el dibujo de la causa más todo lo que ocurrió mientras los 31 detenidos estaban bajo su custodia.
M.H.: Las pruebas solo han sido aportadas por la policía ¿verdad?
I.J.: Ninguna de las pruebas que aportó la policía refiere a que cualquiera de los 31 haya sido promotor de esos incidentes. Para la figura que les imputan de intimidación pública es necesario acreditar que alguien inició los hechos y no que después se haya hipotéticamente sumado a un hecho de esas características. Lo que importa en ese cargo es quién inició los hechos.
La policía no tiene un solo elemento de prueba de esas circunstancias, pero además prueba que no tienen ninguna utilidad para la imputación porque muchos fueron detenidos a diez cuadras de donde reza el acta policial. Ahí estaría acreditada la falsedad ideológica. No solo el lugar de la detención, la hora de la detención es completamente diferente a la que figura en el acta con mucha prueba que acredita que la situación concreta de la detención es un invento de los policías.
M.H.: Un hecho preocupante son algunos dichos del personal policial que han denunciado los detenidos del tipo “te va a pasar como a Santiago Maldonado”.
I.J.: No lo mencionaban a Santiago, sino que lo que planteaban era algo que tenía que ver con la situación de los desaparecidos, “colaboren porque si no van a ser ustedes los próximos desaparecidos”, ese sería el mensaje.
M.H.: Frente a eso ¿cómo van a actuar los organismos que están defendiendo a los manifestantes?
I.J.: Se van a hacer las denuncias correspondientes y se va a investigar la conducta de estos policías más allá de la falsedad ideológica de las actas de detención. Las denuncias se van a poner en conocimiento del Juzgado. Nuestra prioridad hoy es el cierre de la causa respecto de los detenidos y paralelamente investigar qué hicieron con ellos los policías.
No solo eso se va a investigar, sino también la presencia intimidatoria de policías en distintas jurisdicciones frente a las casas de algunos de los detenidos. Precisamente hoy hablábamos con la Secretaria sobre si había sido una disposición del Juzgado mantener una guardia, certificar algún domicilio y de ninguna manera el Juzgado avaló esa actividad policial, por lo tanto, también se va a incluir esa última circunstancia.
Todo el combo para que la desaparición de Santiago Maldonado sea considerada un crimen de Estado está recontra acreditado
M.H.: Parecería haber una actuación de facto, como también en la causa de Santiago Maldonado. Ha trascendido un diálogo entre el Juez Otranto y el Jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, donde Nocetti dice “ya está hecho” cuando el Juez le recuerda que no dio la orden para que se introdujeran en territorio mapuche.
I.J.: Yo creo que ya no pueden volver atrás con eso, por más que ahora inventen situaciones que puedan atemperar o desviar la investigación, ya se ha dado un paso por parte del gobierno que es imposible de revertir que fue haber negado su participación concreta en la desaparición de Santiago, hoy tienen que reconocer que están investigando a la Gendarmería como se dijo hace 40 días atrás, no hace una semana. Es muy triste que esto sea producto de una encuesta y que a partir de ella haya cambiado la actitud del gobierno. A mí me parece que el gobierno ha hecho tan mal las cosas, primero desapareciendo a Santiago y luego ocultándolo, que realmente indica una situación de absoluta complicidad en una de las peores prácticas que recuerde la historia argentina.
M.H.: Estos siete gendarmes que aparecen ahora como cometiendo un exceso me recuerdan al caso de Fanchiotti en el asesinato de Darío y Maxi encubriendo a quienes tuvieron la responsabilidad política e institucional de los hechos, porque aparentemente se encamina hacia allí el tema.
I.J.: Precisamente hoy estábamos haciendo esa misma correlación, allá por junio de 2002 hasta que no aparecieron las fotos del “ruso” Kovalevsky la idea era que había sido un enfrentamiento entre bandas piqueteras, eso era lo que había preparado el gobierno de Duhalde. Entre las fotos de Kovalevsky y la conferencia de prensa frustrada de Fanchiotti en la puerta del hospital, quedó definitivamente encaminada la investigación hacia un verdadero crimen, el de Darío y Maxi, que se cubrió con hasta 7 horas de filmación de todos los medios de comunicación de ese momento.
Con esto pasa algo muy parecido, de las mismas características y las mismas condiciones, empezaron negando lo que era una evidencia, continuaron demonizando a la víctima y a los mapuches en general y hoy, producto de la gran presión que sostuvimos y de la palabra del pueblo que inundó las calles con una manifestación maravillosa, yo vengo de Córdoba y allí hubieron 80.000 personas en una ciudad que de población es mucho menor que la de Buenos Aires y mover esa cantidad de gente es elocuente. Más otras 300.000 personas en Buenos Aires. En todo el país a lo largo y a lo ancho en todas las plazas el pueblo salió a decir que no iba a tolerar esta nueva desaparición forzada y creo que esto es esencial para el análisis de la situación.
Ellos tienen un Jefe de gabinete de Seguridad que estuvo dirigiendo el operativo, tienen una Ministra que dijo que no iba a colgar a ningún gendarme porque los necesita y un Presidente que no salió a manifestar su repudio ante lo que estaba sucediendo ni dio la orden precisa de separación y descabezamiento de los posibles responsables, más una fiscal y un juez que estaban a la espera de las órdenes del poder político. Es decir, que todo el combo para que esto sea considerado un crimen de Estado está recontra acreditado y si bien no podemos acreditar fehacientemente que haya sido el gobierno quien dijo “vayan y desaparézcanlo” sí estamos en condiciones de afirmar sin ningún lugar a dudas que el gobierno se encargó de encubrir esta desaparición y por lo tanto la relación es directa; quien encubre tiene la misma responsabilidad que quien desaparece.
Lo esencial es saber qué sucedió con Santiago, en lo posible su aparición con vida, pero saber qué pasó con él y que los responsables paguen su culpa que la ubicamos en el gobierno y el Estado nacional.
Mario Hernandez
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