El costo de negar la desaparición de Maldonado

La Justicia investiga al Poder Ejecutivo y a la Gendarmería por supuesto encubrimiento

Ante una denuncia de la Liga por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay, el fiscal Federico Delgado resolvió investigar a funcionarios del Gobierno y la Gendarmería. Pidió que el Ejecutivo informe las medidas que tomó para encontrar al joven
Los 35 días que el Gobierno se mantuvo empecinado en desligar a la Gendarmería de la desaparición de Santiago Maldonado, en descartar la participación del Ministerio de Seguridad en la persecución a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y poner en duda la presencia del joven en el territorio empiezan a traerle costos. En Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado impulsó la apertura de una investigación para determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Gendarmería encubrieron el hecho. Como medidas esenciales, pidió que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informe de manera urgente todas las acciones que desplegó el Estado para encontrar a Maldonado y requirió copia del expediente que tramita en el juzgado federal de Esquel. Por lo pronto, el resultado de la interpelación del martes último al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dejó en evidencia a Pablo Noceti, el jefe de gabinete de la cartera que conduce Patricia Bullrich, al describir que no estuvo por la zona simplemente de paso –como sostuvo ella–, sino que diseñó el operativo contra los mapuches del 1 de agosto, en el que desapareció Santiago, y lo coordinó en una reunión el día previo con otros funcionarios. Él mismo lo había dicho en una radio local, donde agregó que fue “dispuesto por la ministro”. Además lo declararon testigos y lo dice un informe de la propia Gendarmería.
Delgado basó su dictamen en una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay que advertía que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. La presentación apuntaba a Mauricio Macri, Peña, Bullrich, Noceti, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y los comandantes de esa fuerza relacionados con los procedimientos contra la comunidad mapuche. Describía una combinación entre un “pacto de silencio” entre los gendarmes que participaron en el despliegue violento, que niegan haber apresado a Santiago, y “una ristra de expresiones de encubrimiento” proveniente de las autoridades “negando que se trate de una desaparición forzada de persona” y “generando una campaña de desinformación” con pistas falsas (como la historia del ataque al puestero Evaristo Jones el 21 de julio, cuyo cuchillo al final no tenía ADN de Santiago), magnificadas por algunos medios de comunicación. Además del encubrimiento, los denunciantes plantean los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
El otro punto central de la denuncia advertía que el Gobierno no dio “una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, que dictó una medida cautelar para que el Estado busque a Maldonado, ni al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. La explicación que envió el Estado argentino a esos órganos internacionales de máxima importancia en la custodia de los derechos humanos apuntó a justificar a la Gendarmería, cuyos argumentos reprodujo, como recordó el martes en una conferencia de prensa junto con la familia de Maldonado, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier. Presentaron el operativo en el que fueron perseguidos los miembros de la comunidad que están en un territorio que Benetton se atribuye como un procedimiento legal que se hizo bajo órdenes del juez federal Guido Otranto. Sin embargo, las órdenes del juez eran del 31 de julio y pretendían que se despejara la ruta 40; todo lo que vino después de liberado el camino, o sea la cacería a los mapuches en el territorio en medio de la cual desapareció Santiago, corrió por cuenta de la Gendarmería como respuesta a piedrazos. “Fue un allanamiento ilegal”, señaló Chillier. Cuando la fiscalía de Silvina Ávila y el juzgado de Otranto pidieron la nómina de los gendarmes que llevaron adelante el operativo, la fuerza tardó diez días en responder. Primero envió siete nombres. Luego resultó que eran más de un centenar.

Así es el cambio

Si se llegara a investigar seriamente el posible encubrimiento de la desaparición, seguramente será un dato relevante el cambio de posición que tuvo el Gobierno anteayer, después de que declararon bajo juramento cuatro miembros de la comunidad mapuche, uno de los cuales describió en detalle que al joven artesano lo atraparon tres gendarmes cuando huía de la persecución y lo subieron a una camioneta. Hasta ahora los testimonios con igual contundencia habían sido ofrecidos en anonimato, por temor a represalias. Finalmente, Matías Santana aceptó declarar bajo juramento, y esto podría dar pie a otros testimonios de aquí en más.
En los primeros días, Bullrich se negó a dar explicaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero finalmente debió acceder. En sus apariciones públicas negó una y otra vez que se trate de una desaparición forzada. “Está cada vez más claro que no es una desaparición forzada”, sostuvo mientras la investigación iba exactamente en sentido inverso, y hasta se la caratuló de ese modo. “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “no hay testimonios que responsabilicen a Gendarmería”, fueron otras de sus frases. Responsabilizó a los mapuches, los acusó de no colaborar y de ser violentos. También el secretario Avruj defendió a la Gendarmería la semana pasada y dijo que no había pruebas, pero ayer viajó a entrevistarse con el juez Otranto y ofrecer ayuda. Quizá el menos contundente en la defensa propia haya sido Garavano. Y Macri la respaldó a Bullrich incluso después de que la familia de Santiago pidiera su renuncia.
Ahora que el tema se convirtió en tópico internacional y que los “focus group” demuestran que la mayor parte de la sociedad está preocupada, además de la contundencia de los últimos testigos, el Gobierno empezó a cambiar la actitud y mostrarse en acción, por ejemplo ordenando un rastrillaje con Policía Federal y Prefectura.
El fiscal Delgado le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que abra una causa y le ordene a Peña un informe urgente sobre todas las medidas que se adoptaron desde el Estado para hallar a Santiago. También quiere disponer de una copia del expediente a cargo de Otranto para determinar el papel que tuvieron las fuerzas de seguridad, en el caso y en la investigación, y luego avanzar sobre los funcionarios.

Ordenes de arriba

Un informe de la propia Gendarmería que está incorporado a la causa revela dos datos sustanciales: que la fuerza no filmó todo el operativo de los días 31 de julio y 1 de agosto alegando falta de medios técnicos; que el día 31 hubo una reunión “de coordinación” en Bariloche con Noceti, el jefe de gabinete de Seguridad. En ese encuentro se mencionaba la presencia del ministro de gobierno de Chubut, Pablo Durán, que por esa razón fue interpelado en la Legislatura provincial. Era una reunión para planificar la ofensiva contra la comunidad mapuche y en particular la Lof de Cushamen, que estaba en la mira por sus protestas en reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala. Frente a las preguntas de los legisladores, Durán confirmó la reunión con Noceti el día previo a la desaparición de Maldonado, en la que se planificó el operativo junto con los ministros de Seguridad y jefes policiales de Chubut y Río Negro, los jefes de escuadrones de ambas provincias, más funcionarios de la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Durán sólo procuró defender a la policía provincial. El presidente del bloque del FpV, Javier Touriñan, le preguntó qué hacía Noceti al día siguiente “en el lugar de los hechos”. “No le puedo contestar, no soy abogado de Noceti”, fue la respuesta.
La presencia del funcionario de Seguridad en el territorio fue señalada por dos testigos en la causa. No estaba de paso por ahí, como había dicho la ministra Bullrich. Peña seguía negando el papel de Noceti hasta ayer mismo en el Senado. Pero el funcionario había hablado por sí mismo ya en medios locales. El 2 de agosto, describió con pelos y señales a Radio Nacional de Esquel la reunión de coordinación previa al operativo. “Hemos decidido armar un sistema de coordinación con las fuerzas federales y provinciales para detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que produzcan delitos”, anunció. “Van a ser detenidos y judicializados –remató–. Es un tema que fue dispuesto por la ministro.”

Irina Hauser
Página/12