El juez de Esquel sitió a la comunidad mapuche con un ejército armado hasta los dientes. No encontró nada y se fue enojado. Sus hipótesis valen menos que su dignidad.
“No se llega a comprender en su total dimensión cuál es el problema que estamos teniendo con esta comunidad: es extremadamente violenta”, había dicho el domingo al diario la Nación Guido Otranto, el mejor funcionario del Gobierno de Mauricio Macri.
Su definición no tenía otro propósito que preparar el terreno para lo que él mismo iba a protagonizar el lunes. El “mayor rastreo de la historia de la Argentina reciente” (al decir de Clarín) fue realizado de forma violenta por parte del juez federal de Esquel, acompañado de otros funcionarios y un ejército armado hasta los dientes.
Cerca de 300 efectivos, calculó La Nación, ingresaron a las 7 de la mañana a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Clarín le puso un poco más: “el operativo incluyó 365 efectivos, dos helicópteros, 16 perros de 5 jurisdicciones diferentes, agentes infantería y a caballo, dos drones y prefectura rastrillando el río”, detalló el vocero oficial.
Curiosamente (o no), pese a que en los últimos días las poblaciones de Esquel y El Bolsón presenciaban la invasión de policías y prefectos, esas empresas mediáticas no dijeron ni una palabra de lo que sabían que iba a pasar.
A pedido de Otranto y del enviado de Patricia Bullrich a Esquel, Gonzalo Cané, el operativo fue cuidadosamente callado por las usinas de Mitre y Magnetto. Es que aguantarse la “primicia” era más que necesario para poder arremeter contra la comunidad mapuche con toda la temeridad.
Cueste lo que cueste
La idea de Otranto, según la información que él mismo brindó, era rastrillar de forma exhaustiva todo el predio en el que vive la comunidad originaria (usurpado por Benetton desde hace casi tres décadas) en busca de rastros o pruebas que le permitan demostrar que a Santiago Maldonado no se lo llevó la Gendarmería sino que murió dentro de la Pu Lof.
Esa idea la sintetizó un artículo de Clarín en el que se dice que, según “la teoría que guía los pasos” del juez, en su llegada al río en el momento de la represión Maldonado probablemente haya quedado “enredado con la vegetación del fondo o entró en un shock producto de las bajas temperaturas (del agua) capaces de afectar la coordinación en apenas tres minutos”.
Por eso el juez, su coequiper Gonzalo Cané y la fiscal Silvina Ávila llegaron a la Pu Lof con la convicción de que iban a encontrar, cueste lo que cueste, rastros que apoyen esa teoría.
Pero tras casi doce horas de ocupación militar de territorio mapuche, Otranto y sus secuaces apenas lograron llevarse un poco de ropa (“un par de medias y un jean con pelos”, dice Clarín) una bolsa de dormir, una campera, una carabina y una mochila. El operador macrista Nicolás Wiñazki agregaría desde TN que también se habrían llevado uno o más celulares pertenecientes a miembros de la Pu Lof.
Esos elementos serán analizados por la Policía Científica de la Federal, aunque fuentes cercanas a Otranto anticiparon que no creen alguna de esas cosas pertenezcan a Maldonado.
Un allanamiento brutal, con privación de la libertad durante horas a varios miembros de la Pu Lof (una mujer, incluso, llevada detenida a Esquel con un cargo surrealista), destrozo de viviendas y pertenencias de la comunidad, negativa a que Sergio Maldonado y organismos de derechos humanos querellantes en la causa puedan ejercer su derecho a controlar la producción de prueba. Y un nivel de agresividad racista pocas veces visto. Ése es el verdadero saldo de la puesta en escena violenta orquestada desde el Estado y ejecutada durante todo el lunes en el kilómetro 1848 de la Ruta Nacional 40.
El objetivo, más que buscar rastros de Santiago, fue profundizar el ataque a la comunidad originaria que viene siendo aterrorizada desde el mismo momento en que inició la recuperación de su territorio ancestral.
El terror a la verdad
Otranto, Bullrich, Noceti, Magnetto y Mitre saben que cada vez hay menos margen para nuevas operaciones distractivas, plantando efímeras pistas falsas sobre el paradero de Santiago. Encima la semana pasada el desfile de gendarmes por el Juzgado Federal de Esquel dejó un océano de dudas sobre el relato organizado por la fuerza represiva y sus comandantes políticos del Ministerio de Seguridad.
Saben que si bien el tiempo que lleva desaparecido Santiago permitió a los desaparecedores eliminar pruebas valiosas para llegar a la verdad, la credibilidad del relato oficial se derrumba con cada nueva declaración testimonial. Y eso puede tener consecuencias, penales y políticas, impredecibles.
Otranto amenazó con que el rastrillaje iniciado el lunes a la mañana podría llevar días. Pero a las 7 de la tarde el ejército de ocupación que mandó a la Pu Lof ya se estaba volviendo a sus cuarteles. Ahora el juez debe volver a su oficina, a seguir buscando nuevas líneas de fuga. Pero probablemente se encuentre con novedades indeseadas.
Una fuente confiable con intervención en la causa dijo a este diario que en breve se incorporarán al expediente nuevos testimonios, totalmente coherentes con lo ya manifestado por miembros de la comunidad mapuche, que cerrarán aún más el círculo de responsabilidades sobre la Gendarmería y los funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Otranto quiere meter miedo mostrando el arsenal de sus fuerzas represivas. Pero hay un miedo que desde hace rato lo acecha a él. El miedo a la verdad.
Daniel Satur
@saturnetroc
No hay comentarios:
Publicar un comentario