El Gobierno puso repentinamente la cuestión en el centro de su agenda, ante el fracaso de las maniobras de distracción. Una crisis que hoy tiene resultados imprevisibles.
El operativo político-mediático de encubrimiento con sobreinformación tóxica en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado se desmoronó en las últimas 72 horas. Los acontecimientos se precipitaron vertiginosamente para agigantar una crisis política inocultable.
El informe de ADN sobre las manchas de sangre en la ropa del famoso “puestero” de una estancia de Benetton, que había acuchillado a “alguien” en un presunto ataque de una noche demasiado oscura, dio negativo. La versión que ya se caía por su propio peso, se derrumbó en términos legales. La declaración a cara descubierta y frente al juez de los testigos de la comunidad mapuche que vieron a Santiago Maldonado aquel fatídico 1° de agosto en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, sellaron el fin de las burdas maniobras oficiales.
La provocación montada al finalizar la multitudinaria movilización del viernes 1° de septiembre en Buenos Aires perdió los efectos buscados (distraer sobre la cuestión de fondo) y fue la más resonante de una perversa serie de operaciones que tampoco dio resultados. Incluso, comenzó a darse vuelta la maniobra policial-servicial llevada adelante en Plaza de Mayo por las denuncias de las detenciones arbitrarias y la presencia de provocadores a cielo abierto.
Además, salió la luz el motor del persistente asedio represivo contra las comunidades mapuches que pelean por tierra en la Patagonia: la defensa de los intereses de poderosos terratenientes como Benetton o Joe Lewis. Hay denuncias que aseguran que la Gendarmería actúa en equipo con “guardias blancas” que responden a los terratenientes y hasta posee una base logística y operativa en una estancia del magnate italiano (Leleque). Vuelve a confirmarse la incómoda imagen que tanto molesta al los publicistas de Cambiemos y el estigma que no pueden sacarse de encima: son el Gobierno de los ricos.
Cuando fueron cuestionados esos intereses, la “derecha moderna” que venía a hablarnos del futuro terminó desempolvando los epítetos de las tradicionales derechas más rancias del pasado: “anarquistas”, “subversivos”, “extremistas”. Y en su exaltada furia, deliraron con denuncias de supuestas conexiones kurdas, iraníes y hasta un oscuro financiamiento del piratismo inglés.
Pero ni el humo de las mil un versiones sobre el “paradero” de Santiago Maldonado, ni los montajes represivos para el amedrentamiento de quienes reclaman por su aparición, lograron su objetivo ante un hecho mayúsculo que toca una fibra sensible de la sociedad argentina: la defensa de las libertades democráticas y el cuestionamiento permanente a las fuerzas de seguridad, desde el fin de la dictadura a esta parte.
Gendarmes en la mira
Como estaba claro desde la hora cero de la desaparición de Santiago, la Gendarmería quedó como la principal sospechosa al momento que se levantó el secreto de sumario que pesaba sobre la causa.
El brusco giro de los acontecimientos quedó al desnudo, también, por las nuevas medidas del Gobierno: apartó a la inefable Patricia Bullrich del centro de la escena y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos -bajo las órdenes del ministro Germán Garavano-, fue puesto al frente de las gestiones y viajó a Esquel para “ponerse a disposición de la Justicia”. El viaje “urgente” se realizó un mes y seis días después de la desaparición. El presidente Mauricio Macri venía guardando un vergonzoso silencio y debió hablar, aunque dijo poco y nada. El radical Ernesto Sanz, uno de los armadores tempranos de la coalición Cambiemos, salió desmarcarse del Gobierno, aunque con moderadas críticas que reducen todo a una “cuestión de comunicación”. Y hasta el fiscal Federico Delgado solicitó que se investigue el eventual encubrimiento del Gobierno.
La defensa cerrada de Gendarmería que llevó adelante Patricia Bullrich durante el primer mes clave, mutó hacia “abrir todas las hipótesis” y no descartar que haya responsabilidad de los efectivos que participaron del operativo.
El método de invención de la “posverdad” que caracteriza a los estrategas de Cambiemos, que disecciona en su laboratorio los temas que preocupan en la conversación pública, esta vez cumplió el rol de dejarlos en evidencia. El vuelco que dio el Gobierno es la mejor demostración de que la desaparición forzada de Santiago Maldonado es parte de una extendida preocupación popular. El diario Clarín, base fundamental de las operaciones más extravagantes, tradujo la coyuntura a números. En las encuestas y focus group que manejan en Casa Rosada, un 60 por ciento de la población puede describir con mayor o menor precisión que hay un joven desaparecido desde hace ya más de un mes y la mitad responsabiliza al Gobierno. (Clarín, 6/9).
Hasta ayer nomás, los analistas se empeñaban en asegurar que el dramático hecho no afectaba a la base social de Cambiemos, ni política ni electoralmente. Hoy nadie puede aseverar ese pronóstico y todo depende de cómo evolucionen los acontecimientos en un territorio demasiado vidrioso.
El triunfalismo que desplegó el oficialismo luego de las primarias se opaca ante una cuestión delicada que afecta al núcleo duro del Estado: las fuerzas de seguridad que venían siendo “alentadas” (cebadas) con un discurso de orden y demonización de la protesta social quedan nuevamente en la mira.
La crisis abierta también deja con el pie un poco cambiado a los que se apresuraron a vislumbrar una “nueva hegemonía” de Cambiemos. En este terreno, como en otros, el oficialismo está sufriendo un rotundo revés en su batalla ideológica y cultural que tiene como fin último la restauración del poder represivo del Estado y la impunidad.
La expresidenta, Cristina Fernández y su movimiento político tomaron la causa de Santiago Maldonado como uno de los ejes centrales de su nuevo discurso hacia octubre. Su lamentable talón de Aquiles es la responsabilidad política en la búsqueda fallida de Jorge Julio López y su pésima actuación en las primeras y decisivas semanas (cuando Aníbal Fernández especulaba con que “podía estar en la casa de la tía”). El próximo 18 de septiembre, cuando se cumplan 11 años de la desaparición del testigo clave contra el genocida Miguel Etchecolatz, la movilización pondrá en aprietos a muchos de los que hoy reclaman con vehemencia por Santiago y guardaron un silencio ensordecedor en torno a las responsabilidades políticas en la desaparición de López. Además, tampoco las organizaciones de masas que dirige o influencia el kirchnerismo (sobre todo los sindicatos) están haciendo todo lo que podrían hacer para fortalecer la campaña y el movimiento por la aparición con vida y el castigo a los responsables.
La crisis y fractura abierta por el atroz hecho de una nueva desaparición forzada deja planteada una serie de responsabilidades y obligaciones a quienes llevan adelante esta pelea. Un combate de carácter más estratégico contra el poder represivo del Estado para desnudar a los ojos de las mayorías a fuerzas como la Gendarmería, que todos los gobiernos intentan preservar como la más “eficaz” y transparente frente a la descomposición de las policías bravas y el desprestigio histórico de las Fuerzas Armadas por su papel en el genocidio.
Pero también tiene una decisiva importancia inmediata: la limitación del poder represivo del gobierno de Macri, cuando se prepara para dejar atrás el gradualismo y profundizar el ajuste que exige el llamado “círculo rojo” del universo patronal, si las condiciones políticas se lo permiten. El disciplinamiento con represión es una condición necesaria para el éxito de ese rumbo. Mostrar la verdadera cara de los cuerpos que se postulan para esa tarea es una medida defensiva necesaria y elemental.
La renuncia de Patricia Bullrich y, más aún, de Pablo Noceti (el jefe de su ministerio estuvo en Chubut el día de la represión) es un reclamo mínimo que se extiende.
Pero el nuevo discurso oficial tiene inscripta la posibilidad de hacer saltar fusibles para salvar las responsabilidades políticas e intelectuales. La pelea por la aparición con vida de Santiago está íntimamente unida a la exigencia del castigo a todos los autores materiales e intelectuales de su desaparición. Se debe rechazar la eventual maniobra gatopardista de cambiar algo para que nada cambie. Por Santiago Maldonado y por todos los que pelean contra la represión y la impunidad.
Fernando Rosso
@RossoFer
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