El arreglo de pago con el Club de París cerró una etapa de entregas del gobierno nacional al capital extranjero. El reconocimiento de una deuda ilícita presentado como un logro popular: vilezas del empobrecimiento de Argentina.
El 2014, como ya dijimos en este espacio, inició como un año de sistemática regresión social. Al paquete de aumento de tarifas, devaluación y paritarias por debajo de la inflación, se le agrega la sumisión por todas las vías al capital extranjero. Ambos aspectos, empobrecimiento de los sectores populares y entrega al capital extranjero, no son sino dos caras de la misma moneda: aquella que toda la tradición anti-imperialista (incluyendo al FORJA) del país denunció. Toda esperanza albergada sobre el rumbo económico del país ante la llegada del equipo estructuralista liderado por el ministro Kicillof parece dárselas de bruces contra la realidad: así como precios controlados y planes PROGRESAR no pueden compensar la caída de los salarios y los despidos masivos en la industria, tampoco es un logro lograr un arreglo para "pagar lo que se puede pagar".
La fórmula de pagar hasta dónde alcance el crecimiento fue la novedad introducida por Néstor Kirchner en la renegociación de la deuda que culminó en 2005. "Hacer a los acreedores socios del crecimiento" fue en aquel momento la frase que explicaba todo, proponiendo que quienes especularon con la deuda argentina pudieran obtener a cambio parte del resultado de la acumulación. En aquel momento, Kirchner omitió completamente que dos millones de personas votaron en consulta popular no pagar la deuda e investigarla: en lugar de revisar los fundamentos de una deuda que se encuentra repleta de vicios legales (incluyendo falta de registros y atribuciones no constitucionales de los involucrados, entre otras), se dedicó a prometer pagos hasta el límite de lo que fuera posible pagar. De esto se trató la gran innovación: no prometer pagar más de lo que se podía pagar. Y esto es exactamente lo que han hecho desde entonces.
Pagadores seriales
El año pasado, la presidenta Cristina Fernández festejaba en sus discursos que su gobierno había vuelto al país un "pagador serial", habiendo desembolsado US$ 173.000 millones desde 2003. Sin embargo, la deuda pasó de US$ 145.000 millones en 2001 a US$ 201.000 millones en septiembre de 2013. Es decir, el "logro" de haber pagado deuda ilegal ha sido, más deuda. Vale la pena remarcar que este cálculo oficial excluye múltiples conceptos, entre ellos, las deudas de provincias y municipios (aquellas que en 2001 llevaron a la emisión de las cuasi-monedas que tantos malos ratos nos hizo pasar).
Mientras tanto, para garantizar estos pagos, el gobierno "empapeló" al Estado con promesas de pago que nunca cumplirá. Entre otros organismos, el Banco Central ha visto reducirse sus reservas a menos de la mitad, prestando dólares para el pago de la deuda espuria a cambio de bonos del tesoro nacional. Este mecanismo de pago ha deteriorado el respaldo de la base monetaria, favoreciendo el actual proceso de devaluación del peso: más allá de ataques especulativos al peso (que los hay), la fuente estructural de pérdida de valor del peso está en la permanente salida de dólares en concepto de pagos. El gobierno, atento a denunciar a los monopolios, hace la vista gorda a su responsabilidad en el problema.
Este año 2014, ante la perspectiva de nuevos pagos por venir y sin la fuente de fondos del Banco Central (ese fue el aviso de Fábrega al ministerio de Economía), el gobierno se lanzó a una batalla sin cuartel, por prometer nuevos pagos. Consecuente con su "pagar hasta donde se pueda", este año abrió con la compensación de US$ 5.300 millones a REPSOL por vaciar las reservas de petróleo del país. Se trataba de la continuidad del arreglo en el CIADI del Banco Mundial, prometiendo pagos por US$ 500 millones a las empresas trasnacionales que allí denunciaron al país. El gobierno aceptaba su subordinación ante el capital extranjero de las trasnacionales que vaciaron el país, prometiéndoles pagos por sus fechorías. Hasta ahí, sin embargo, la excusa era que a cambio de esto se lograría el ingreso de nuevos fondos en forma de inversión extranjera, de nuevos socios del "crecimiento" como Chevron.
Pero la semana pasada la novedad fue aún mayor. Primero, el gobierno nombró al ex procurador general del gobierno de Bush como representante legal en el juicio que Argentina enfrenta con los fondos buitres en Nueva York. Se presentó un escrito donde el gobierno se atiene a cualquier decisión, prometiendo el pago de cualquier cifra que se le impute. Así, no sólo acepta la cesión de soberanía, sino que además la proclama en el epicentro de la economía financiera mundial. La cifra de pago podría ascender a los US$ 11.000 millones. Segundo, el ministro Kicillof viajó al exterior a sellar el acuerdo con el Club de París para el pago de una deuda contraída en la dictadura y en los fraudulentos canjes de Cavallo en 2001. Llamativamente, la deuda con el Club pasó de US$ 6.089 millones al momento del default a US$ 9.700 millones que se arreglaron esta semana: un aumento del 60% de la deuda. A diferencia del canje de 2005, esta vez ni siquiera hubo un intento de quita: se negoció más bien una "quita" a la inversa, de soberanía para el país. Es decir, la semana pasada se ha negociado un aumento de la deuda de un 10%, entre lo pactado con el Club y lo prometido en Nueva York. Un incontrovertible hecho que desmorona el discurso de desendeudamiento.
Orgulloso, el ministro de Economía ha descartado que, como resultado del acuerdo, vaya a registrarse un "aluvión" de inversiones extranjeras. Es decir, reconoce abiertamente que se trata de una entrega de recursos a cambio de, nada. A diferencia de los acuerdos anteriores, en este caso la sumisión al capital extranjero no tiene ni siquiera la expectativa de impulsar el crecimiento de la economía nacional. Completa y total subordinación financiera.
Si el gobierno tomó algunas medidas progresivas en términos de su relación con el exterior entre 2011 y 2013 (controles de cambios y de importaciones), los eventos de la semana pasada echan por tierra toda voluntad siquiera de reforma de la dependencia nacional. Con pagos por venir por US$ 14.000 millones por año de aquí a 2020, más allá de discursos, el gobierno alimenta activamente la renovación de la "timba" financiera y sus consecuencias neoliberales.
Francisco J. Cantamutto
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