Los límites estructurales del capitalismo local, obligaron al cambio de paradigma que implicaba poner fin al ciclo de desendeudamiento y tomar nueva deuda.
La reciente ratificación por la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. del fallo del Juez Thomas Griessa, que ordena pagar a los fondos especulativos, genera una incertidumbre no exenta de riesgos sobre el futuro de la reorientación política del gobierno. El “nuevo curso” hacia los mercados financieros y la coyuntura económica nacional han recibido un duro golpe. Se trata, una vez más, del costo de no investigar la deuda.
La combinación de los resultados electorales de octubre pasado –que modificaron el mapa político del país- y la reaparición de los límites estructurales del capitalismo local, obligaron al cambio de paradigma que implicaba poner fin al ciclo de desendeudamiento y tomar nueva deuda.
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Lo que algún analista caracterizara como “burguesía fallida” al referirse al fracaso del idealismo kirchnerista de apoyarse en una fracción de capitales nacionales –intento de crearla desde el Estado al estilo Corea del Sur- para disputar el proceso de acumulación y reproducción de capitales, fue un anticipo de lo que sería el pasaje de un “modelo de matriz diversificada con inclusión social” a un “proyecto político que toma decisiones económicas”. Desde el Ministerio de Economía, ya el tamden Amado Boudou/ Hernán Lorenzino había recomendado volver a los mercados voluntarios de crédito; más tarde vendría el pedido de la presidenta de hacer “sintonía fina”: primeros reconocimientos de los desequilibrios profundos que mostraba la economía.
Sin embargo, el triunfo electoral del 2011 con el 54% de los votos emitidos y el ascenso del neo-keynesiano Axel Kicillof – tal vez el principal exponente en el país de las tesis de la economía tirada por la demanda- trabaron esas “soluciones” pro-mercado. Finalmente, la corrida cambiaria de enero pasado y la continuada caída de reservas apuraron las decisiones hacia el “nuevo curso”: regularización de la relación con los mercados; devaluación y transferencia de recursos, reducción de subsidios, incremento de ingresos –salariales y jubilatorios- por debajo de la inflación.
Sea por desgaste, luego de una década larga de gobierno, sea por errores de distinta naturaleza o por lo que creo son raíces estructurales más profundas y sistémicas, los tiempos finales de la administración kirchnerista –más allá de lo que marca el calendario electoral- se han acelerado.
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Lo que está predominando en este tercer período -2003/2007 y 2008/2011 fueron los dos anteriores- es que reaparecen los límites estructurales del capitalismo dependiente argentino –presión inflacionaria sostenida: déficit fiscal primario; restricción externa; problemas de financiamiento; insuficiencia de inversiones productivas; debilidad para avanzar en la sustitución de importaciones; impotencia del Estado para regular la disputa intercapitalista por el excedente. En paralelo, los resultados electorales del 2013 sepultaron toda posibilidad de re-reelección de CFK e hicieron aflorar alternativas políticas por derecha y una izquierda de clase que aparece con identidad y alcance nacional por primera vez en muchos años.
Dos sentencias operan como ordenadoras de este tramo final. La primera, la franqueza de la presidenta cuando en septiembre pasado, reunida en la Mesa de Diálogo con empresarios y sindicalistas, señaló sin ambigüedades: “Me quedan dos años más. Quiero llegar tranquila al 2015.” La segunda, es el sinceramente y búsqueda de ordenamiento de los desequilibrios de la economía, teniendo como eje central la recomposición del stock de reservas internacionales. En síntesis: se trata de terminar la fiesta en paz.
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La carta de intención recientemente firmada por el ministro Axel Kicilloff y los titulares del Club de París (CdP) -octavo acuerdo en cincuenta años- no es un acuerdo más. Forma parte de una cadena de decisiones por la cual el gobierno nacional ha reorientado su política en relación a los centros financieros internacionales. Es el anteúltimo eslabón de esta cadena, ya que el último será con los fondos especulativos (buitres) que adquirieron a precio vil los bonos de tenedores que no ingresaron a los canjes de deuda en su momento(holdouts). El monto en juego arranca en 1.500 millones de dólares, pero hay que adicionar otros 15.000 millones con el resto de los acreedores en estas condiciones. Veremos en qué términos será el arreglo. Pero, además, pueden reabrirse los canjes anteriores incrementando fuertemente la deuda (fórmula de “pari passu”). Además el fallo pone en cuestión todo el sistema de pagos internacionales y las actuales fórmulas de reestructuración de deudas.
Otros eslabones de esta cadena son: la aceptación y pago de fallos del CIADI –el comité arbitral de diferencias del BM; compensación a Repsol -por la expropiación del 51% del paquete accionario; nuevo índice de precios (IPCnu) –acordado y supervisado por el FMI; contrato con Chevrón por explotación en Vaca Muerta –una señal para otras petroleras; cambio de estrategia en relación a los fondos buitre -declarando que se aceptaría el fallo de la Corte Suprema de EEUU; acuerdo con el CdP. Tales fueron los escollos que hasta ahora debió superar el gobierno en este nuevo curso impuesto por la realidad.
Esta seguidilla de decisiones se complementa con el sinceramiento de la economía en lo que hace a varios indicadores macroeconómicos locales. Tipo de cambio y devaluación; restricción externa y nivel de reservas; alza de precios y nuevo IPC; déficit fiscal y quita de subsidios. Es que los controles y trabas a la salida de divisas -por importaciones, por giro de utilidades, por turismo emisor, por pago de deudas- resultaron insuficientes y es evidente que se necesita estimular el flujo de ingreso de capitales. De ahí la aceptación de la devaluación (que se negaba); del reconocimiento de la inflación (que se ninguneaba) y del déficit fiscal (que se ignoraba). Todo esto es ahora insuficiente para los capitales más concentrados.
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Antes de partir para el “viejo mundo” el ministro Kicillof alertó que las negociaciones en el CdP podrían llevar meses, obvió precisar que se estaba negociando desde el 2008 y que estas negociaciones se aceleraron desde enero pasado. El acuerdo se logró en menos de 24 horas, dejando incómodos a la oposición derechista, a los gurues de la city y a los medios de comunicación que les son funcionales, quienes no pudieron menos que saludar el acuerdo, en el que venían insistiendo desde hace años, dado que también son pagadores seriales. Solo pueden recurrir a cuestionamientos puntuales, aunque no sea menor el monto de la deuda aceptada: 9.700 millones de dólares, cuando el consolidado del 2013 arrojaba un saldo de 6.089 millones, sin que nadie puede coherentemente explicar la diferencia.
Es conocido que los principales países acreedores, Alemania y Japón (concentran el 60% de las deudas) proponían condiciones mas duras a las que finalmente se acordaron e incluso que el FMI no quedara fuera del acuerdo. Pero también es cierto que la presión combinada de los EE.UU. (8% de las deudas) y de un grupo de grandes corporaciones internacionales interesadas en mejores condiciones de financiamiento para futuras inversiones pudo más. Contaron además con el visto bueno del FMI, que se cansó de explicar que era solo “…un observador y que no fue invitado”, ya que solo participa cuando se trata de reestructuraciones de deuda y que este no era el caso, para terminar saludando que Argentina “normalizara las relaciones con la comunidad internacional”.
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Una y otra vez, el gobierno nacional y la oposición derechista han descartado la posibilidad de investigar la deuda, de auditarla, de distinguir la legítima de la ilegítima y actuar en consecuencia. Todos comparten la moralina de “honrar las deudas” sin revisar demasiado. Suele argumentarse que la investigación no es posible porque con tanto canje y reestructuración las huellas se han borrado. No son comprobables estas aseveraciones sin una investigación detallada, pero mucho menos lo son para la deuda con el Club de París. Deuda que fue refinanciada, pero nunca reestructurada y cuyas sus huellas se encuentran claras y visibles. Según algunas estimaciones el 40% fue contraído por la última dictadura militar, el 8% bajo el gobierno del Dr. Alfonsín y, el resto, en el del Dr. Menem. Se estima que del total de esta deuda, la contraída por la dictadura militar alcanzaba en el 2001 a 1.879 millones de dólares si se le suman los intereses devengados mas los punitorios ese sería el monto del pasivo adeudado que entra en la categoría de “odiosa” –toda deuda contraída por un poder despótico para fortalecer su propio régimen- y que corresponde repudiar.
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Este es el marco en el cual el kirchnerismo transita el último año y medio de su administración y cuando el gobierno ve achicarse su margen de maniobras. El fallo es un tropezón y lo complica aún más, mientras que tiene dificultades para fijar la agenda de discusiones -algo que manejó con soltura y habilidad en los períodos anteriores- lo que no excluye la posibilidad de que pueda recurrir a algunos temas de alto impacto político.
El nuevo curso muestra al gobierno día a día más alejado del discurso de cambios estructurales, de la “profundización” y del “vamos por todo”. El tiempo político para discutir reformas sustantivas (la nacionalización del comercio de granos o una política tributaria progresiva, entre otras) ya parece haber pasado; por el contrario, el ritmo y las medidas van siendo impuestos por la realidad y el poder económico concentrado. Por lo tanto, se trata de administrar con el menor costo político la complejidad actual y crear un discurso apto para un sujeto social justificador del giro económico-político que, al mismo tiempo, permita sostener hasta el final el liderazgo de CFK.
Las medidas de política económica que acompañaron la devaluación –alza de las tasas de interés, rebaja de subsidios, techo a las paritarias- propias de todo ajuste, no lograron otra cosa que lo previsible: suba de precios y del costo de los créditos; caída de la demanda y baja en la actividad económica, con su impacto en el nivel y las condiciones del empleo (reducción de horas extras, caída de contratos, suspensiones con quita salarial, despidos). Las medidas compensatorias -control de precios sui-géneris, incremento a los subsidios sociales, nueva moratoria previsional, plan Pro-Gre-Sar-, no alcanzan para equilibrar la situación. Por ahora el mercado interno no se recupera y es posible que los conflictos se reiteren.
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La industria automotriz, nave insignia del sector, no es la única pero sí es la que mas ha sufrido en la coyuntura la caída de la demanda interna (bajas en la producción, en las ventas, en el patentamiento) y además siente la crisis de Brasil (principal destino de sus exportaciones) poniendo en juego miles de puestos de trabajo.
Pero hay también lo que llamamos un “uso capitalista de la crisis” por parte de las patronales que, con el colaboracionismo de las direcciones sindicales tradicionales, aprovechan la incertidumbre y el temor que la crisis introduce en las filas obreras, para ajustar más de lo necesario y sacarse de encima a los “sujetos” más cuestionadores del orden fabril y de sus representantes sociales. Es necesario registrar que la caída de la demanda se mide en relación a años anteriores en que el nivel de producción y ventas fue muy elevado.
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El caso de la autopartista de capitales españoles Gestamp es paradigmático de este uso capitalista. Frente a la caída de la producción, la empresa decide suspensiones rotativas al 80% del salario, lo que es avalado por la conducción del gremio y la asamblea de planta. El conflicto se desata porque la rotación no era tal, siempre recaía en el mismo grupo de trabajadores, no casualmente el más contestatario. Estos, entre ellos varios delegados, manifiestan su desacuerdo y numerosos trabajadores son despedidos. Frente a la intransigencia empresaria, un grupo se monta en un puente grúa a 20 metros de altura, allí quedan aislados durante 4 días mientras que fuera de la fábrica otros trabajadores acompañados por fuerzas de izquierda cortan la ruta y traban el ingreso a la planta. El conflicto dura unos 50 días. Como la empresa es un monopolio, cinco terminales automotrices aprovechan para paralizar total o parcialmente su producción con el argumento que le faltan insumos. Ponen así presión sobre los trabajadores del sector y sobre el gobierno nacional para que rebaje impuestos y de concesiones a la actividad. Las fuerzas represivas ingresan a la planta, se publica una solicitada impulsada por el sindicato que no exige la reincorporación de los despedidos, tampoco el freno a la ola de suspensiones sino… la intervención del Estado para normalizar y volver al trabajo. El ministerio provincial decreta la conciliación obligatoria, la empresa no la acata e impide el ingreso a planta de los trabajadores. Por presiones del gobierno nacional, el provincial levanta apenas 48hs. después de decretarla la conciliación, con el argumento de que se trataba de un “conflicto pluripersonal sin participación sindical”. Descalificando así en un hecho inédito un recurso propio del Estado para arbitrar los conflictos capital/trabajo.
Se trata de un caso emblemático y también el gobierno nacional aprovechó para hacer de el un caso testigo. Por si algo, faltara las direcciones sindicales nucleadas en la Confederación de la Industria publican una solicitada en la que alertan y denuncian “infiltración izquierdista” en la filas obreras. Como en los años ’70 del siglo pasado, la santa alianza de la patronal, la burocracia sindical y el Estado se hizo nuevamente presente. Claro indicio de que el régimen no está dispuesto a tolerar ninguna insubordinación contra el poder del capital.
La alimenticia de capitales brasileños Quickfood/BRF (Paty), acaba de comunicar el cierre de su fábrica en el conurbano bonaerense para concentrar sus actividades en su planta de la provincia de Santa Fe -donde paga salarios un 50% inferiores y los operarios trabajan a producción- dejará en la calle a algo más de 200 trabajadores -, en lo que constituye otra muestra de cómo las empresas, haciendo uso de la crisis, eligen los momentos de mayor debilidad de la clase para tomar decisiones que impactan en la relación capital/trabajo.
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Los ciclos económico/políticos tienen principio e inevitablemente fin. El económico ya dio todo lo que podía dar y termina enredado en sus propias contradicciones, mientras que el político ha ingresado en su tramo final.
Así, los tiempos se han acelerado; la Copa del Mundo puede poner alguna pausa pero no detenerlos. Disputas entre los partidos y al interior de los mismos, búsquedas de alianzas y de candidatos de consenso son los términos de la coyuntura política, aquí la intervención del Papa Francisco (Bergoglio) no es menor. La certeza del fin de ciclo y el “nuevo curso” adoptado por el gobierno, han puesto al kirchnerismo en estado de ebullición política, mientras se miden, se cruzan y se sondean candidatos sin encontrar aún un liderazgo claro.
La resolución de la CSJ de EEUU es un duro golpe para el gobierno, y hace casi nulos los costos económicos (emisión de nueva deuda) y políticos (en relación a la oposición) contraídos para conseguir financiamiento. Cualquiera sea la decisión gubernamental terminará endureciendo los términos del ajuste en curso. El terreno para reanudar el ciclo de endeudamiento, ya sea por nuevas inversiones o por préstamos para financiar déficit, estaba casi pavimentado, ahora todo puede prolongarse con las implicancias que pueden preverse.
Teniendo como trasfondo la carrera electoral, hay en discusión dos cuestiones más de fondo. Por un lado ¿en que términos el kirchnerismo persistirá como tendencia política, dentro o fuera del PJ, más allá del 2015? Esta corriente es prácticamente la única dentro del peronismo que se reivindica del nacionalismo popular y continuadora del pensamiento nacional; en tal sentido el reciente nombramiento del filósofo Ricardo Foster al frente de una Secretaría en el nuevo Ministerio de Cultura, es mucho más que un pago por servicios prestados, tiene que ver con afirmar este ideario político-cultural pensando en el futuro. Las últimas declaraciones de Carta Abierta y la precandidatura de Jorge Taiana apuntan en la misma dirección. Por otro lado ¿qué tipo de gobierno sobrevendrá al kirchnerismo? No se trata solo de que, cualquiera fuera el resultado de las urnas, lo que resulte se ubicará en el margen derecho del gobierno actual. Lo que está en juego es si se tratará de un gobierno unipartidario o de alguna alianza electoral, o si quién resulte electo formará un gobierno de coalición dándole espacio a otras fuerzas. No es descartable pensarlo: el reciente viaje de una delegación multipartidaria a los EE.UU. para entrevistarse con funcionarios del Departamento de Estado y con legisladores días antes del esperado fallo de la CSJ es un indicio. Que ahora se hable de trazar una política de Estado común para tratar el tema deuda de aquí en más, aporta en el mismo sentido.
Sucede que los gobiernos de naturaleza pequeño-burguesa como el kirchnerismo, como también lo fue el alfonsinismo, no conforman ya a los intereses del gran capital. Este divide, fragmenta y heterogeiniza por abajo, pero centraliza, concentra y homogeiniza por arriba. Es lógico que busque una representación política acorde a esta nueva relación de fuerzas.
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Cualquiera fuera la respuesta a estos interrogantes, los trabajadores y los sectores populares sólo pueden esperar resultados positivos de su lucha y de su organización independiente.
Eduardo Lucita
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