San Luis no es una excepción

Las imágenes de presos obligados a desnudarse y reclinarse en el piso del patio de la Penitenciaría de esa provincia provocaron un repudio generalizado. Sin embargo, es solo un ejemplo de prácticas sistemáticas que se producen en distintos lugares de encierro de todo el país.

Las imágenes que dan cuenta del trato a presos en San Luis recorrieron el país generando todo tipo de repudios. Incluso llegó a pronunciarse sobre el tema el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda: “Repudiamos este tipo de prácticas y exhortamos al gobierno provincial de San Luis para que disponga de todos los mecanismos necesarios para prevenir los tratos crueles e inhumanos. La ley 26.827 determina mecanismos de prevención contra la tortura y el Gobierno Nacional hace tiempo que le solicita a las provincias, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en los Consejos Federales que elaboren e implementen métodos de prevención en cada una de ellas”, declaró.
Sin embargo, tal como denunció la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) ese maltrato no es una excepción, sino una práctica sistemática de tortura que integra la rutina penitenciaria de castigo en las cárceles de todo el país: “El escándalo y la indignación que producen las fotografías difundidas de las requisas vejatorias y humillantes a ciudadanos detenidos en la provincia de San Luis no ponen al descubierto nada nuevo: es tan sólo otra evidencia de lo ya conocido por todos los poderes del Estado, pues existen recurrentes informes y denuncias en la Justicia y los foros internacionales que así lo acreditan”.
Una muestra de esta afirmación es el informe anual 2013 elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y presentado en el Congreso Nacional. Allí se señala que aunque el año pasado se registró un descenso en la cantidad total de muertes dentro de cárceles en comparación con 2012, sí se incrementó el número de fallecimientos violentos.
En 2013 hubo 45 muertes; 28 de ellas violentas. Se trata de la mayor cifra en los últimos doce años. Doce homicidios, nueve suicidios y otras siete muertes violentas en las cárceles federales.
En su informe, la Procuración explica que el recurso sistemático de la tortura y los malos tratos continúa siendo el problema más grave que condiciona la vigencia de los derechos humanos en las cárceles, la que se ve incrementada en los registros de este organismo año tras año. En 2013, hubo 718 casos de tortura y malos tratos registrados, contra los 441 del año 2012. A su vez, los colectivos más vulnerables en prisión fueron (y son) las mujeres y personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex), los más jóvenes, los extranjeros y las personas con discapacidad.
Durante 2013, la Procuración recibió 46.582 demandas de parte de la población reclusa. 26.869 fueron recibidas telefónicamente y 17.193 en entrevistas personales durante las visitas a la cárcel.
Otro triste record del año pasado es la cantidad de personas presas en cárceles. En diciembre, la cifra llegaba a las 10.000 personas detenidas. Según la información oficial que publica el Servicio Penitenciario Federal, tal superpoblación no existiría ya que contarían con 10.792 plazas. De todos modos, la Procuración advirtió que en el último tiempo se ha excedido el cupo de alojamiento en los Complejos Penitenciarios de la Zona Metropolitana, manteniendo a personas detenidas en lugares no habilitados.

“A 30 años de democracia, tortura Nunca Más”

Bajo esa consigna, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzó una campaña con el objetivo de reafirmar la vigencia del “Nunca Más”, ya que “más allá de los avances en el reconocimiento y respeto por los derechos humanos, aún falta mucho por hacer”.
En este sentido, afirman que la tortura sigue siendo una práctica sistemática, cometida por las fuerzas policiales, penitenciarias y por personal de custodia de los centros de encierro, pero consentida, avalada y promovida por el poder político y judicial: “Se debe considerar tortura a todas aquellas acciones ocasionadas por agentes del Estado con la intencionalidad de producir sufrimiento físico y/o psíquico sobre la víctima. Por eso, una golpiza es tortura (…). A partir de la sistematización realizada por la CPM de los relatos de niños y niñas detenidos en institutos de menores, es posible afirmar que la violencia institucional ejercida por la policía bonaerense al momento de la aprehensión y durante la detención resulta sumamente grave, pudiendo agruparse en tres tipos de ‘prácticas sistemáticas’: 1) torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; 2) Amenazas e intimidaciones; 3) Robos/hurtos por parte de los agentes policiales. De un total de 236 jóvenes entrevistados, el 68% fue víctima de violencia policial en el momento de la aprehensión”.
Para la CPM, algunas condiciones de encierro también deben ser consideradas como torturas. No sólo las golpizas, sino también el hambre y frío, el robo sistemático de elementos personales, el aislamiento en celdas de castigo, los traslados constantes, el impedimento del contacto con la familia, la falta de atención médica, acciones caracterizadas como “prácticas intencionales que buscan el padecimiento no sólo físico sino también psíquico como modalidad de gobierno de la población interna” de las cárceles.
Números y realidades que dan cuenta que la violación a los derechos humanos en los lugares de encierro es sistemática y no simples episodios aislados protagonizados por policías o penitenciarios que abusan de su función. Ellos actúan de la forma en que se pretende que lo hagan y para ello cuentan con el aval de gran parte del poder político y judicial.

RED ECO