Juan Carlos "Gallego" Fernández y José Angel Pedraza en el juicio por el asesinato a Mariano Ferreyra.
Juan Carlos "Gallego" Fernández, condenado a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de Mariano Ferreyra, recibió la excepción de dos meses de prisión domiciliaria ante un problema de salud. Una Justicia que hace diferencias.
El 19 de abril del año 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de Capita Federal –integrado por los jueces Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi- sentenciaba, en el juicio oral por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra ocurrido el 20 de octubre de 2010, a 15 años de prisión a José Ángel Pedraza y a Juan Carlos Fernández, su mano derecha en la Unión Ferroviaria (UF), por ser penalmente responsables del asesinato.
El pasado miércoles se conocía que el ex secretario administrativo de la UF, Juan Carlos "Gallego" Fernández, recibía por parte del mismo Tribunal Oral que dictó su condena el beneficio de dos meses de prisión domiciliaria para recuperarse de un triple by pass cardíaco. Según la recomendación de los propios médicos de Fernández, señalaron que su recuperación no se realizara en el Hospital Penitenciario de Ezeiza por las condiciones en las que se encuentra. Frente a esto, los jueces dispusieron la internación domiciliaria con una doble custodia de agentes del Servicio Penitenciario Federal y de fuerzas policiales, durante los 60 días, para luego volver a cumplir condena en la cárcel.
Marcha dialogó con María del Carmen Verdú, abogada querellante del juicio por el asesinato a Mariano Ferreyra y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) respecto de la participación del "Gallego" Fernández en el asesinato, que lo condenó a 15 años de cárcel.
- ¿Qué rol cumplió el "Gallego" Fernández en el asesinato de Mariano Ferreyra?
-El "Gallego" Fernández era el segundo de Pedraza en la estructura burocrática de la Unión Ferroviaria y su hombre fuerte en la línea Roca. Era el que tenía la relación directa con los jefes policiales de la división ferroviaria, los comisarios Ferreira y Mansilla, condenados como partícipes necesarios del crimen, y fue el que organizó, con los abogados de la Unión Ferroviaria y los funcionarios del Ministerio de Trabajo, como Noemí Rial y el propio Tomada, la defensa inicial de la patota. Esto surge claro de las escuchas telefónicas posteriores al asesinato. El 20 de octubre de 2010, Fernández hizo de nexo, toda la mañana, entre Pablo Díaz, que dirigió la patota en el terreno, y Pedraza, con el que estaba en un congreso de la revista Latinrieles. Díaz habló con él inmediatamente antes de lanzar el ataque final y, apenas se replegaron tras la línea policial, lo volvió a llamar. Cuando cortó, Díaz ordenó a la patota: "Dice el Gallego que nos vayamos".
-¿De qué fue acusado y qué condena le pesa hoy a Fernández?
-Fernández fue condenado como partícipe necesario del homicidio de Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio contra Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre, a la pena de 15 años de prisión. Ya estaba detenido, y continuó detenido, aunque la sentencia no está firme, hay recurso de casación interpuesto por todas las defensas que no ha sido resuelto. También la querella PO-Correpi recurrió, porque fueron condenados (todos) por homicidio simple (pena de 8 a 25 años) y no por homicidio calificado (perpetua) por la pluralidad de atacantes en el caso de la patota y por ser funcionarios públicos en el caso de los policías. Y seguimos insistiendo en que la patronal debe responder por el mismo delito.
- El pedido de prisión domiciliaria para la recuperación del Gallego fue sugerida por los médicos, y autorizada casi inmediatamente dada las condiciones del Hospital Penitenciario. A tres semanas del ACV sufrido por Boli Lescano, ¿cómo fue su caso en relación a la grave condición médica en la que se encuentra?
-Peor, porque el Boli ya estaba en malas condiciones de salud cuando se ordenó efectivizar la detención. Acababa de ser operado y era previsible alguna complicación cardio vascular debido a sus antecedentes. A pesar de eso, se lo recluyó en el Complejo Penal de Ezeiza, donde a las pocas semanas sufrió un ACV hemorrágico. No fue inmediatamente asistido de manera eficaz y se demoró su traslado a una clínica extramuros desde el hospital penitenciario central. Al día de hoy, continúa en su condición de detenido sin posibilidad de proseguir su recuperación con un arresto domiciliario, en caso que mejore su actual situación. El trato "humanitario" brindado rápidamente a Fernández no es, en absoluto, la media para el conjunto de la población penitenciaria con similares problemas de salud. Lo injusto no es que él (Fernández) haya recibido este beneficio, sino que se le niegue sistemáticamente el mismo trato a los presos que no fueron soldados al servicio de la burguesía.
La reflexión de Verdú permite un análisis que al menos logre identificar -en estos casos- las variables que hacen al accionar del sistema judicial frente a los presos políticos. Mientras que un luchador como Boli Lescano -encarcelado en diciembre del 2013 por repudiar a los asesinos de Carlos Fuentealba- está detenido en el penal de Ezeiza a pesar de sus condiciones de salud y de que los peritos médicos recomendaron al Tribunal Oral Federal 3 que cumpliera prisión domiciliaria, considerando su necesidad de atención médica permanente. Esta "sugerencia" fue denegada por el Tribunal.
La Justicia, esa misma que hoy le permite al "Gallego" Fernández estar en su domicilio y que no dudó en favorecer las condiciones humanitarias para su recuperación, no fue la misma que le deparó en suerte o por decisión arbitraria -y esto es lo cuestionable- las mismas condiciones humanitarias que permitan la mejoría de salud para Lescano. Una vez más: dime quién eres, y te diré qué Justicia mereces.
Lucrecia Fernández
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