La Corte Suprema de EE.UU. rechazó la apelación argentina y le dio la razón a los fondos “buitres” NML Capital, Aurelius y otros especuladores, ratificando un fallo del juez Thomas Griesa ya previamente confirmado por la Corte de Apelaciones de Nueva York. Este miércoles esta última Corte levantó el “stay” (cautelar) que suspendía la ejecución del fallo.
La decisión de la Corte dejó en una encrucijada al gobierno y colocó al país al borde de la cesación de pagos. El fallo establece pagar a los “buitres” el 100% del valor nominal de los bonos (USS 1.330 millones) cuando en realidad los adquirieron a precios irrisorios. El ministro de Economía Axel Kicillof mencionó el caso de un “buitre” que compró deuda por U$$ 48 millones ahora obtendría 832 millones. Cristina denunció que los “buitres” ganarían 1600%. Una estafa. De pagar, el gobierno se enfrentaría probablemente a una catarata de reclamos similares de otros bonistas que se quedaron fuera de los canjes. Los que iniciaron el juicio representan apenas el 1% del total de bonos que se reestructuraron. Hay otro 6% que no entró a los canjes que está tocando las puertas del juzgado neoyorquino para obtener condiciones similares. Si la catarata de demandas se desatara los reclamos alcanzarían U$$ 15 mil millones. La mitad de las reservas se licuarían con un pago de tal magnitud.
No sólo eso. En diciembre deja de tener vigencia la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que habilita a los bonistas que entraron en los canjes previos a obtener los mismos beneficios si Argentina ofrece mejores condiciones a los “buitres” que litigan en Nueva York. Esa cláusula fue aceptada en 2005 por Roberto Lavagna y Néstor Kirchner y en 2010 por Boudou. Si Argentina hiciera una mejor oferta antes de diciembre se activaría la cláusula RUFO que llevaría a que el 93% de los acreedores que aceptaron los canjes previos pidan condiciones similares (sin quitas) e impongan un reclamo de carácter millonario: hasta 120 mil millones, un aumento del 50% de la deuda actual. Ahora el gobierno busca negociar con los “buitres” para postergar la negociación hasta diciembre. Pero éstos, evidentemente, quedaron en mejor relación de fuerzas.
Este miércoles 18, para lograr una negociación, los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representan a Argentina se entrevistaron con Griesa y los abogados de los fondos “buitres”. Plantearon que funcionarios del gobierno de Cristina viajarían la semana próxima para negociar, lo que se pondría ahora en duda por el levantamiento del “stay”. Una negociación tras bambalinas venía desde hace meses para acercar posiciones con algunos de los fondos que no aceptaron los canjes anteriores. Ahora los “buitres” dieron a Argentina una señal. Una nueva entrega se engendra en Nueva York.
Se aguó la fiesta
El gobierno venía haciendo grandes concesiones al capital imperialista. Acordó con el CIADI (un tribunal del Banco Mundial a medida de las potencias económicas), pagó en bonos una suma millonaria a Repsol y aceptó al Club de París condiciones que llevaron la deuda de U$$ 6 mil millones a más de 9,7 mil millones sin ninguna explicación. Con estas concesiones el oficialismo aspiraba a volver rápidamente a los “mercados” para contrarrestar la escasez de divisas, tratar de levantar la economía durante el segundo semestre y llegar en buenas condiciones a las elecciones. En lo inmediato el plan se vino abajo. Hay que terminar de ver las reacciones, pero lo más probable es que las promesas de inversiones obtenidas de las empresas imperialistas con origen en los países que integran el Club de París se posterguen al menos hasta diciembre. Excepto en algunos sectores donde el gobierno haga concesiones formidables y haya grandes perspectivas de negocios como es el caso de la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta.
Todos los esfuerzos para cumplir con las “tareas pendientes” que reclamaba el establishment financiero fueron insuficientes para convencer a los “mercados”. La justicia yanqui plantea un nuevo desafío a las autoridades locales. Detrás de la justicia actúa el lobby de los “buitres”, pero en la decisión también tuvo peso la política interna de EE.UU. donde la derecha más conservadora desafía a Barack Obama. El problema del “riesgo moral” (moral hazard) por aceptar el no cumplimiento de los compromisos también pesó en la decisión de la Corte Suprema.
Al gobierno se le cayó el plan de obtener en lo inmediato dólares frescos para reparar el “modelo”. Los desequilibrios se suman: inflación, déficit fiscal, superávit comercial en retroceso, crisis en la industria automotriz, para nombrar los más evidentes. Con la devaluación de enero el gobierno logró cierta estabilización cambiaria al costo de empujar la economía a la recesión. El equilibrio es precario y amenaza con salirse de cauce. La nueva situación confrontará al oficialismo a turbulencias económicas donde los desafíos al dólar y nuevos saltos en la cotización cambiaria están inscriptos en la situación.
El plan: aumentar la hipoteca de la deuda
La propuesta de Kicillof de un nuevo canje para traspasar el lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires busca tensar la negociación con los tribunales yanquis. Pero el levantamiento del “stay” puede obligar a dar ese paso. No obstante, confronta inconvenientes difíciles de sortear. En primer lugar, requiere la aprobación del 80% de los acreedores que aceptaron los canjes previos. A su vez, los tenedores institucionales de EE.UU. podrían verse inhibidos a aceptar el nuevo canje dado que Griesa lo considera un desacato. Además que se necesita un banco yanqui para el “rerouteo” de los pagos. Otro problema es que el cambio de jurisdicción, como dice el economista Miguel Bein (asesor de Scioli), lleva al default técnico y reforzará las exigencias de los “buitres buenos”. La banca financiera ya está penalizando al país para fijar condiciones más onerosas. Standard & Poor’s bajó la calificación de crédito soberano argentino. Según Federico Tomasevich, CEO de la sociedad de Bolsa Puente, el gobierno necesita llevar a Griesa una alternativa de pago y los grandes inversores apuestan a una negociación: “Los inversores minoristas son los que venden cuando hay alguna noticia negativa y vendieron mucho (…) Hay mucho inversor institucional internacional aprovechando para comprar” (El Cronista, 18/6).
En el acuerdo con el Club de París pese al discurso de negociación “soberana” las empresas imperialistas (Mercedes Benz, Bayer, Adidas, Robert Bosch, Ford, General Motors, Procter & Gamble, John Deere, Monsanto, entre otras) intercedieron para acercar posiciones (Página 12, 1/6). Es que con el acuerdo firmado se benefician con créditos en sus países de origen para invertir en Argentina. Ahora, con otros actores, se repite la historia. Los bancos y el capital financiero se aprestan a sacar una nueva tajada de esta crisis de deuda apostando a actuar como intermediarios y comisionistas ante las urgencias del gobierno. Las oportunidades de negocios que ofrece el país y la ventaja de partir de un relativamente bajo nivel de endeudamiento pueden contribuir a facilitar la negociación. Esto alimentaría durante algún tiempo la ilusión que sostiene el gobierno de que endeudarse a tasas bajas (si esto se logra gracias a un acuerdo con los “buitres”) e impulsar la entrada de capitales son buenas opciones para sostener una presunta política “soberana”. Hemos visto una y otra vez cómo este camino nos lleva a la ruina.
La política oficial es acompañada por Scioli para quien "La solución es pagar, obviamente". La oposición patronal compite en cipayismo con el oficialismo. Binner declaró que "Con los buitres hay que negociar sí o sí". Para Massa se “tiene que normalizar su situación ante los mercados”. Todo el régimen político patronal que acuerda con el ajuste cierra filas en apoyo a la “estrategia” del gobierno para llegar a un acuerdo con los “buitres”.
Hoy sumando los montos acordados con el CIADI, Repsol y Club de París la deuda pública llegaría a U$$ 215 mil millones. Un aumento del 70% en relación a 2005 pese a ser “pagadores seriales”, como dijo la presidenta. Ni que decir todas las miserias sociales que se podrían solucionar con esa millonada de dólares que equivale a cerca de un tercio de lo que produce el país cada año.
El acuerdo con el Club de París comprende el pago en efectivo de U$$ 1.150 millones durante el próximo año. Para 2015 los vencimientos de capital e intereses programados antes de las negociaciones con el CIADI, Repsol y el Club de París alcanzaban U$$ 13 mil millones. Hoy esos montos se estarían incrementando hasta llegar a U$$ 15 mil millones. Transformados a pesos implican pagos por unos $120 mil millones al tipo de cambio actual de 8 pesos por dólar. Más de dos veces lo que se destinará este año para la Asignación Universal por Hijo y a las asignaciones de casi 8 millones de niñas y niños. Entre 2015 y 2022, sin contar los cupones PBI ni lo acordado con Repsol y el Club de París, el promedio de pagos de intereses y capital de la deuda asciende a U$$ 6 mil millones anuales promedio. Los mayores pagos se concentran entre 2015 y 2017. Un acuerdo con los “buitres” y una posible reapertura del canje elevarán el nivel de pagos a niveles muy superiores. Las consecuencias de esta expoliación las pagamos los trabajadores. No al pago de la deuda. Abajo los acuerdos con el capital financiero imperialista. Desde el PTS decimos que la crisis de la deuda, incluyendo los pagos al Club de París y todos los acuerdos con el capital imperialista, deben ser debatidos por todo el pueblo y no a sus espaldas. Por eso planteamos: consulta popular vinculante y desarrollar la movilización de masas contra la entrega nacional.
Pablo Anino
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