En un post “No Pasarán”, el ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró ayer en Naciones Unidas que la Argentina está dispuesta a negociar y a pagar sus compromisos. Hoy anunció que acaban de pagar el vencimiento de los bonos reestructurados durante la gestión kirchnerista. Una historia que se repite.
Axel Kicillof acaba de anunciar que los bonistas reestructurados (2005-2010) recibieron el pago que vencía a fin de este mes. Entre capital e intereses, dijo el ministro, superan los 1.000 millones de dólares (¿no eran 900?).
Ambas cosas -su discurso en la ONU y este pago- son señales inequívocas de que la negociación con el 1 por ciento de los holdouts está abierta. De no ser así, y según dice el fallo de juez norteamericano Thomas Griesa, el pago de hoy habría sido embargado.
Es necesario recordar cuál es el origen de los bonos que se pagan (los reestructurados) y los no canjeados que también se pagarán: los “Griesa holdouts” (1330 millones. ¿Terminarán siendo 1.330?) y los otros casi 15.000 que faltan cancelar (¿serán 15.000?)
Son bonos que fueron emitidos durante el menemismo (Plan Brady-1989: se emitieron bonos que luego se utilizaron para comprar las empresas públicas) y durante el gobierno de la Alianza (Megacanje- 2001), ambos piloteados por Domingo Cavallo.
Esa deuda fue declarada en default durante la presidencia más que interina de Adolfo Rodríguez Saa, luego de la crisis de diciembre de 2001. En realidad, Argentina ya venía con imposibilidades de pagar desde antes. Lo que hizo Rodríguez Saa fue blanquear esa situación y decir que la resolución del tema de la deuda tenía que ser discutida en el Congreso de la Nación quien, entre otras cosas, podría investigarla (quizás por eso fue corta su duración en el mandato).
Así se llegó al Megacanje Kirchner-Lavagna (2005) que, según datos oficiales, totalizaba cerca de 82.000 millones de dólares en bonos. Un 76% de los tenedores de esos bonos en default los cambiaron por nuevos bonos (62.300 millones) con una quita cercana al 43% (y no del 66% como dijo entonces el gobierno). O sea que una deuda de 62.300 millones se cambió por otra de 35.500 pero con un agregado: la quita se les compensó con compromisos de pagos adicionales atados al crecimiento del PBI (cupones PBI). De tal modo, los tenedores recuperarán los que se les quitó al momento del canje.
En 2010 se hizo una nueva reestructuración, durante la presidencia de la actual mandataria, y se completó la adhesión de bonistas llegando a casi el 93 por ciento. Solo quedó fuera un 7 por ciento para los cuales se ha dado una nueva posibilidad de canje con la reapertura por tercera vez de la llamada ley cerrojo, en setiembre del año pasado. El fallo Griesa es consecuencia del juicio iniciado por el 1 por ciento de ellos.
También es necesario recordar que sobre el origen de los bonos reestructurados y los que están aún sin canjear, existe una causa judicial abierta, la del Megacanje 2001. Por esta causa, fueron procesados 8 funcionarios, ex integrantes del equipo económico del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex procurador del Tesoro. Se los acusó del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por lo actuado en ese canje. De todos ellos solo Cavallo permanece procesado y espera desde el 2007 ser sometido a juicio oral. Si bien el resto fue sobreseído por prescripción del delito, la fiscalía ante la Cámara Federal porteña acaba de apelar esa decisión.
Este proceso se agrega al fallo del Juez Ballesteros (julio de 2000) ante la denuncia que Alejandro Olmos (padre) presentó en 1982 por la deuda contraída durante la dictadura (1976 a 1982) que pasó de 8.085 millones de dólares en 1975 a 45.087 millones de dólares en 1982.
El juez determinó en su fallo: “La deuda externa de la Nación ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado”.
Parte de la deuda que acaba de renegociarse con el Club de Paris (casi la mitad) es deuda declarada ilegal por la justicia argentina.
Alejandro Olmos (hijo) también denunció ante la justicia a los funcionarios que actuaron en materia de endeudamiento público durante el período 1983-1994.
Por otra parte, la semana pasada, el diputado por la Unidad Popular Claudio Lozano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para reimpulsar dos investigaciones que involucran al vicepresidente, Amado Boudou, por el uso de fondos de la ANSES y el canje de deuda en 2010.
En resumen, toda la deuda contraída desde la dictadura de 1976 hasta las reestructuraciones realizadas por la actual gestión de gobierno está declarada o tiene causas abiertas que cuestionan su legalidad.
Todos los elementos necesarios para investigar y no pagar lo ilegítimo han estado siempre allí. Desde la comisión armada durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983) que puso al descubierto las maniobras de endeudamiento de la dictadura hasta el fallo del Juez Ballesteros. Esa deuda transmutó en nueva deuda. El Plan Brady de Menem, el Megacanje de Fernando de la Rúa y las reestructuraciones durante la gestión kirchnerista, han contribuido a legitimarla y aumentarla.
A fines de 2003, el primer año de la presidencia de Néstor Kirchner, la deuda pública (*) ascendía a casi 179.000 millones de dólares. Luego del canje 2005, del pago al Fondo Monetario Internacional (9.810 millones de dólares), de la nueva reestructuración en 2010 y de haber pagado, según dijo la presidente, 176.000 millones de dólares en 10 años, la deuda pública que el Ministerio de Economía publica en su último informe (30/9/2013) es de 201.009 millones de dólares. Esta cifra no incluye intereses, ni deudas provinciales y municipales, ni los juicios del CIADI (600 millones), ni los bonos entregados a Repsol (6.000), ni el arreglo con el Club de París (9.700 millones) y tampoco las negociaciones que se iniciarán con los fondos buitres (hoy de 1.330 millones con otros 15.000 en puerta).
No es nada nuevo. La Hoja de Ruta que el actual vicepresidente, y en ese momento ministro de Economía, Amado Boudou, trazó era clara: pagar la deuda con el Club de París y acordar con los holdouts.
Los sucesivos déficits presupuestarios - permanentes desde al menos los últimos tres presupuestos - se han venido cubriendo con emisión de nueva deuda y así lo ha votado el Congreso Nacional cada vez que aceptó el presupuesto presentado por el Ejecutivo.
Hasta ahora esa deuda se venía contrayendo con la ANSes, el Banco Nación y el Banco Central que le prestaban al Gobierno y recibían a cambio bonos. Hoy se ha llegado a un punto en que ese dinero no es suficiente y el gobierno se propone ponerle fin a sus compromisos financieros externos con la esperanza de volver a ser recibido en el mercado internacional de capitales para recibir nuevo préstamos.
En diez años hemos pagado casi 2 millones de dólares por hora, 550 dólares por segundo, en cada abrir y cerrar de ojos. Ahora iniciamos nuevamente el camino del endeudamiento externo. La historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa.
Fabiana Arencibia (RED ECO)
*) Hablamos de Deuda Pública Nacional que está formada por: Deuda externa con acreedores privados, deuda externa con organismos multilaterales y bilaterales de créditos (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporacion Andina de Fomento, Club de Paris, etc), y deuda con el sector público Nacional (ANses, Banco Nación, BCRA y otros) conocida como Intra Estado.
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