Boudou y Lijo están cortados por la misma tijera

El llamado a declaración indagatoria al vicepresidente Amado Boudou hizo crujir al gobierno kirchnerista cuando soplan los vientos de fin de ciclo, arrecian las internas y queda al desnudo su asociación con los grandes capitalistas. Amén de otros ilícitos como las “comisiones” cobradas en el canje de deuda de 2010, Boudou se apropió ilegalmente de la imprenta Ciccone Calcográfica poniéndola en manos del fondo de inversión The Old Fund, dirigido por sus testaferros y amigos Alejandro Vanderbroele y José María Núñez Carmona, el que ahora pasó a estar en desgracia. El ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex ministro de Economía Hernán Lorenzino intervinieron a pedido de Boudou para levantar la quiebra de la imprenta, cancelando la deuda millonaria que tenia Ciccone con el Estado, tal como en otro momento admitió de primera fuente el titular de la AFIP Ricardo Etchegaray. Con la anuencia de la misma familia Ciccone y la comunión de diversos segmentos del Estado, Boudou procuraba quedarse con un negocio fenomenal que proporciona el monopolio en la impresión de billetes y bonos, una veta que según las malas lenguas proyectaba ya en 2007 Néstor Kirchner con el fondo de inversión de David Martínez, socio del grupo Clarín. The Old Fund comenzó a “levantarla con pala” cuando fue contratada para reestructurar la deuda pública de la provincia de Formosa y obtuvo más de $7 millones, gracias a los oficios de Boudou como ministro de Economía.
Sin embargo, la vara para juzgar a Boudou la tiene el juez Ariel Lijo, quien no es precisamente un dechado de virtudes como elogia la oposición patronal. El juez “independiente” acaba de sobreseer al ex ministro del Interior de Menem, Carlos Corach, y a los secretarios del ex juez Galeano por el encubrimiento del atentado a la AMIA, burlando las demandas de las agrupaciones de familiares. Lijo fue designado por Néstor Kirchner, siendo el primer magistrado que elevó una denuncia penal trucha contra los activistas agrupados en la junta interna de ATE-INDEC que denunciaban la manipulación de los índices de precios, mientras pasaba al archivo la denuncia contra el mandamás de la UOCRA, Gerardo Martínez, por su desempeño en el Batallón 601 durante la dictadura genocida. Ni corto ni perezoso, cajoneó la causa por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteky, salvaguardando a Duhalde, Aníbal Fernández y Felipe Sola, entre otros, en tanto envió a prisión a los dirigentes de Quebracho Fernando Esteche y Raúl Lescano, procesados por estragos a un local partidario del ex gobernador Jorge Sobisch, responsable político del asesinato del docente Carlos Fuentealba. Del mismo modo, salvó el pellejo de Romina Picolotti y de Ricardo Jaime en varias causas de corrupción, así como de 25 empresas de droguería que aportaron fondos ilegales a la campana electoral del FPV. La supuesta “independencia” de jueces y magistrados que componen esa corporación aristocrática vitalicia (la que ni siquiera esta sujeta al sufragio universal) oscila con los vientos políticos y los alineamientos con las diversas fracciones de los capitalistas.
Ex yuppie de la UCeDé durante la década del ’90, Boudou, es el clásico arribista devenido en funcionario político enriquecido, al igual que toda esa casta de políticos profesionales que integran el elenco de los partidos del régimen. Una burocracia política que administra los negocios (legales e ilegales) de una clase parasitaria que vive a expensas del trabajo ajeno. Nada muy distinto de las fechorías cometidas por el ex presidente De la Rúa, su gabinete de ministros y varios legisladores de la UCR y el PJ que mediante coimas sancionaron la Reforma Laboral antiobrera de 2001, del mismo modo que años antes Menem y Duhalde embolsaron sobornos millonarios por entregar las empresas de servicios públicos al negocio de las privatizaciones. Con justa razón son enemigos de la propuesta del diputado nacional del PTS en el FIT Nicolás del Caño para que todos los legisladores y magistrados perciban una dieta equivalente al salario de un docente con diez años de antigüedad y que todos los cargos sean revocables por sus electores directos. Evidentemente, la progenie de los Boudou y los Lijo están cortados por la misma tijera.

Miguel Raider