Lo que no se hizo en 30 años de gobiernos constitucionales, hay que hacerlo ahora"

Entrevista al economista político Julio Gambina

Mario Hernandez (MH): Dimos comienzo a “Fe de erratas” con la palabra de Alberto Santillán, con un material grabado hace tres años en la fábrica recuperada IMPA, recordando a Darío. Hoy a las 17:00, en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, habrá una jornada cultural y mañana, a partir de las 11:00, será el acto central en el Puente Pueyrredón al cumplirse 12 años de la Masacre de Avellaneda.
Ahora estamos en comunicación con Julio Gambina (*). Analizando el tema de los fondos “buitres”, realmente estoy complicado con las cifras porque por un lado de habla de U$S 1.500 millones, por otro de posibles demandas por U$S 15.000 millones y hasta de cifras siderales que podrían afectar fuertemente el patrimonio nacional atentos al fallo de 1ª y 2ª instancia en los tribunales neoyorquinos y de la Corte Suprema estadounidense. Quisiera que aclaremos los números.
Julio Gambina (JG): En 2001 la cesación de pagos, el default, fue por U$S 100.000 millones. Solo se planteó la cesación a los tenedores privados de títulos ya que a los organismos financieros internacionales siempre se les pagó. La deuda total era de U$S 144.000 millones, U$S 44.000 millones se siguieron pagando, como si nada hubiera pasado y quedaron U$S 100.000 millones en cesación de pagos.
Por los canjes del 2005 y 2010 se dice que entraron casi el 93% de tenedores de títulos. Serían U$S 93.000 millones de deuda vieja que se cambiaron por nuevos títulos. Por lo tanto, quedaron sin entrar al canje un poco más del 7% de los acreedores, o sea, unos U$S 7.000 millones porque los tenedores no estuvieron de acuerdo con las condiciones que presentaba el Estado argentino.
La emisión de los nuevos títulos decía que había que tener el 100% de acuerdo de los tenedores para que el canje funcionara. Eso lo supo el gobierno argentino desde el comienzo.
MH: Esa cláusula la establece el gobierno argentino.
JG: Por supuesto, los títulos actuales son herencia del gobierno de Néstor Kirchner. Por más que se festejó el 2005 y 2010 la alta aceptación, se sabía que mientras no entraran todos los tenedores de títulos había posibilidad de juicio en el exterior en las condiciones de emisión de los nuevos títulos.
MH: Que también las estableció nuestro país.
JG: Así es, está dentro de las reglas del funcionamiento del sistema financiero mundial. El gobierno argentino estableció esas dos cláusulas: 100% de acuerdo por un lado y, por otro, que se podía litigar en tribunales externos.
De ese 7% que representa U$S 7.000 millones a valores del 2001, una parte, por unos U$S1.330 millones son los que concurrieron a la justicia de Nueva York ante el juzgado del Juez Thomas Griesa a plantear la demanda para cobrar el 100%. El Juez les dio una sentencia favorable, obviamente rechazada por Argentina, se elevó a una segunda instancia, a una Cámara de Apelaciones, que dio el visto bueno a la decisión del Juez y Argentina reclamó a la Corte Suprema de Justicia estadounidense que se negó a tomar el caso. Esto da validez a los fallos de 1ª y 2ª instancia. De ese modo la sentencia de Griesa dice páguense los U$S 1.330 millones más intereses que suman U$S 1.500 millones.
MH: Ahí tenemos la primera cifra.
JG: A partir de ahí nuestra Presidenta dice -recordemos que quedaban en cesación de pago U$S 7.000 millones y litigaron por U$S 1.330 millones que se transformaron en U$S 1.500 millones sumados los intereses-, en la cadena nacional del lunes de la semana pasada, esos otros tenedores que no entraron en el canje y que todavía no se presentaron en la justicia pueden hacerlo y llegar a U$S 15.000 millones. Esa sería la segunda cifra.
MH: La tercera no la voy a decir porque no quiero decir una barbaridad, te la dejo a vos.
JG: Es dificilísima pero acepto el desafío. Si todo lo anterior se arregla antes de fin de año y eso se está discutiendo hoy en Nueva York con la presencia de Axel Kicillof, que va a asistir a una reunión en Naciones Unidas pero que todos imaginan tendrá algún intercambio con los abogados argentinos, o con el Juez Griesa o con los abogados de los tenedores. Algo de eso se sospecha. Si se arregla antes de fin de año rige una cláusula que vence en diciembre que dice que todos los acreedores que entraron en el canje de deuda si hay una oferta mejor antes de diciembre del 2014 la Argentina puede ser demandada por los acreedores que entraron en el canje para recibir las mejores condiciones de pago recibidas por otros acreedores.
El 93% que entró en el canje tuvo una quita y los que litigaron en Nueva York lograron que se les pague el 100%, o sea que cobrarán más, por lo tanto, el 93% que a valores del 2001 son U$S 93.000 millones si demandaran por esa cifra los derechos adquiridos planteados en la negociación dispuesta por el gobierno argentino, la deuda se incrementaría en una cifra que yo tampoco me animo a decir, pero distintas fuentes periodísticas analizan como piso en U$S 120.000 millones y el techo da miedo.

Lo que debería hacerse supone una voluntad política muy firme que no existe

MH: ¿No había alternativas?
JG: Había y hay. Hoy es planteada por una minoría del espacio político, pero hay que suspender los pagos e inmediatamente investigar, auditar la deuda y alentar todas las demandas judiciales contra los sucesivos canjes de los gobiernos anteriores. Lo que no se hizo durante 30 años de gobiernos constitucionales hay que hacerlo ahora. Luego de auditada y dándole aliento y estímulo a lo que acontece en la justicia argentina, tomar una decisión sobre lo que es deuda legítima, ilegítima y reestructurar la deuda pero no ya bajo legislación externa sino bajo nuevas condiciones.
MH: Esto ya se hizo en América Latina.
JG: Una parte de esto lo hizo Ecuador que hubiese necesitado y querido que lo acompañara toda Latinoamérica y no sucedió. Digo esto por la solidaridad. Fijate que ahora Argentina tiene condiciones muy adecuadas de solidaridad discursiva. Hoy Kicillof va a participar de la ONU invitado por el G77 + China para que informe sobre la situación de la deuda argentina, al frente de este organismo está Bolivia donde se hizo la cumbre el 15 de junio en Santa Cruz de la Sierra.
En primer lugar hay una solidaridad explícita del Mercosur, de la Celac, muy fuerte del Presidente de Uruguay y de Evo Morales condenando al imperialismo estadounidense, y hay gobiernos que plantearon en su momento el apoyo jurídico a Argentina ante la Corte Suprema de EE. UU. que incluye al propio gobierno de ese país. El FMI, preocupado por esta medida y el antecedente que puede representar para otras negociaciones de deuda, también criticó la posición de la justicia estadounidense. Hay una situación donde el poder económico mundial está planteando la solidaridad con nuestro país. Eso podría favorecer la medida que propongo: un desconocimiento a la justicia estadounidense, que va a tener efectos concretos en Argentina que es postergar lo que el gobierno está buscando: la llegada de préstamos a intereses baratos, inversiones externas en condiciones que favorezcan el ingreso de divisas al país, el no pago va a generar consecuencias, la suspensión, el rechazo a la demanda norteamericana.
MH: Pero convengamos que el riesgo en la situación presente es muy grande. El gobierno depositó confianza en la justicia estadounidense y así nos fue. Me recuerda “al imperialismo ni un tantito así”, no aprendimos nada desde que el Che nos advirtiera.
JG: Así es, además la voluntad es pagar. El discurso gubernamental desde la primera cadena nacional hasta el Día de la Bandera va desde extorsión a vamos a arreglar con el 100% de la demanda de los acreedores.
Lo que estoy diciendo es una opinión de lo que debería y podría hacerse que supone una voluntad política muy férrea que no existe en la hegemonía política argentina, es decir, no solo hablo del gobierno sino de toda la oposición con posibilidades de gobernar en el futuro, que hoy está disputando quién administrará el capitalismo en Argentina.

Nota:

(*) Julio Gambina, miembro electo de la Mesa Nacional de la CTA, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA-CTA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)