La democracia mal entendida o el Proyecto de Ley Antipiquetes

Una mirada por el Proyecto de Ley presentado por el kirchnerismo, donde un derecho tan vulgar como el de “libre circulación” es el árbol con el que pretende tapar el bosque de las desigualdades sociales, la desocupación y el derecho a la protesta.

La presentación del proyecto de ley del kirchnerismo en el Congreso que tiene el objeto de reglamentar las manifestaciones públicas, las protestas, los piquetes, trajo ruido.
Se llama, precisamente, “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas” y fue anunciado por la Presidenta a principios de marzo de este año, en el contexto de la ocupación de predios aledaños a la Villa 20. Repitió la trillada frase de que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar”. Sabemos que toda reglamentación implica una limitación del derecho. No todo derecho es absoluto. Esto es olvidado cuando se refiere a la propiedad privada y a las inversiones extranjeras.
Un gobierno que se autoproclama popular utiliza otra vez su fuerza institucional para pretender legitimar la represión de las protestas. Desde hace tiempo, el kirchnerismo viene preparando el terreno a través de la aprobación de la ley antiterrorista en 2007 y su reforma en 2011, bajo la excusa de presiones de organismos internacionales. También una vasta experiencia advierte que el kirchnerismo no acepta críticas ni cuestionamientos, tanto en su interior como desde afuera. Pero hasta los últimos meses el discurso frente a las protestas de los sectores populares y trabajadores había sido de tolerancia y no de represión -salvo los primeros exabruptos por los años 2003 y 2004 de Aníbal Fernández–. Difícil que un gobierno que nació como producto de las grandes protestas y manifestaciones del 2001-2002 tenga un abierto discurso contra las protestas y piquetes y se muestre ingrato a una de las causas de su surgimiento.
Pero en los hechos, empleó el mecanismo de la tercerización de la represión, la persecución judicial o criminalización de la protesta y la utilización de las fuerzas policiales provinciales, salvo en casos paradigmáticos en los que intervinieron fuerzas federales asesinando a manifestantes como en el desalojo del Parque Indoamericano a fines del año 2010 o en el desalojo que realizó Sergio Berni en la Panamericana.
El Gobierno nacional tiene plena conciencia de que estos mecanismos de control social ya no son suficientes cuando se están implementando políticas de ajuste que llevan a la reminiscencia de las columnas del pensamiento neoliberal (devaluación, inflación, endeudamiento, aumento de las tarifas de los servicios públicos, límites a las paritarias, estímulo de la cultura del consumo, etc.). Ha elegido sostener el sistema financiero, las inversiones extranjeras y el modelo extractivo frente a las necesidades del pueblo. La adopción de estas medidas no será gratuito, y la gestión kirchnerista necesita herramientas que permitan contener, atemorizar y reprimir la indignación del pueblo que nuevamente y sin consulta alguna, está siendo sometido a sacrificios.
En los últimos meses, claramente la posición ha cambiado. El funcionario encargado de establecer los horizontes de los nuevos rumbos fue el Secretario de Seguridad, quien declaró la guerra a los piquetes. El punto de inflexión fue el bloqueo de la Autopista Illia que realizaron los habitantes del Barrio Carlos Mugica (Ex villa 31 y 31bis) en enero de este año y durante 9 días, donde el Estado Nacional decidió intervenir. Luego, a fines de ese mismo mes, sucedió el intento de empleados tercerizados de Aerolíneas Argentinas y Austral de cortar la Av. Costanera frente al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Berni encabezó entonces un fuerte operativo policial y expresó estar “asqueado de que un grupo minúsculo corte la calle”. En simultáneo, acusaba al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de no adoptar medidas para impedir los bloqueos de manteros desalojados de Balvanera. También los calificó de “agresión ciudadana” al referirse a las protestas realizadas en la Av. Gral. Paz y la Autopista Panamericana que fueron desalojadas con violencia.

Alcances del Proyecto

Este proyecto de ley rescata los argumentos antipiquetes por excelencia: el derecho a la libre circulación y la colisión de derechos. Se los equipara a un derecho que no afecta a la gobernabilidad y se posiciona más a defender este derecho que aquellos que implicarían modificar la dirección de las políticas y la distribución del ingreso y el poder.
El derecho de protesta es uno de los ejes arquitectónicos de la democracia, cualquier limitación por nuestra historia y los valores constitucionales se presume que tocan su núcleo mínimo que es muy amplio. Claramente esta reglamentación hace casi imposible que una manifestación sea considerada legítima y les quita todo vigor. Las manifestaciones ilegítimas serán dispersadas por las fuerzas de seguridad. Se prohíbe el uso y la portación de armas de fuego. Las armas no letales no pueden ser disparadas directamente hacia los manifestantes. Llamativamente, no se habla sobre la utilización de gases, químicos o camiones hidrantes, que serán sin dudas los métodos de dispersión. Esto habilita la represión inmediata, más allá de que nos digan que no se están agravando las penas y sancionando nuevos delitos. Estos ya fueron estipulados en años previos.
Los “buenos manifestantes” gozarán del derecho a que el Estado garantice la visibilidad de las reivindicaciones a través de la adecuada difusión en medios públicos, como un premio consuelo ante semejante restricción. Nuevamente el kirchnerismo se desentiende de la raíz del problema y de su carácter de actor esencial y destinatario de los reclamos y reivindicaciones.
Estipula una mediación obligatoria entre los delegados individualizados en la notificación y personal civil del Ministerio de Seguridad. El “mediador civil” sólo negociará los términos del cese de la manifestación y la canalización de los reclamos. Este proceso constituye entonces lo que entiende el kirchnerismo por “canales institucionales” y “diálogo entre los funcionarios políticos y la ciudadanía”.
Como esta travesía es útil a todos los gobiernos, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley. Mauricio Macri, sonriente y con un aire de “te lo dije”, ha manifestado toda su colaboración en el impulso y aplicación de este proyecto de ley.
En resumen, constituye un cercenamiento inaceptable en una democracia de nuestro derecho a protestar y manifestarnos. Las más grandes conquistas de derechos se han realizado por estos medios, constituyendo elementos esenciales y principales en la vida democrática, y no sólo merecedores de la llamada “tolerancia democrática”. Sin el velo, muchos organismos de Derechos Humanos empezaron a distanciarse del kirchnerismo, como el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS). Pero no sólo eso, además se erige en el costado de las políticas no igualitarias y de ajuste que está llevando a cabo el kirchnerismo y que como tal, merece ser resistida.

Jonatan Baldiviezo.