Un año después del temporal ocurrido en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, vuelve a salir a flote el debate sobre las responsabilidades políticas y el rol del Estado.
Entre 300 y 400 milímetros de lluvia caídos en forma continua durante alrededor de 9 horas entre la tarde del martes 2 de abril y la madrugada del miércoles 3 del 2013, generaron las vivencias más angustiantes y desgarradoras que se hayan vivido en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, en relación a un fenómeno climático.
Al menos 89 muertos, según el fallo dictado por el Juez en lo contencioso administrativo Luis Arias, y más de 300 mil damnificados de forma directa o indirecta cuyas casas quedaron -en distintos grados según la zona- destruidas, fueron las consecuencias más graves del temporal.
En este marco, y luego de un año, hubo suficientes análisis de especialistas y estudios profesionales que permiten afirmar que el desastre no fue causado solamente por la inmensa cantidad de lluvia caída. La inundación desnudó las consecuencias de una planificación urbana asentada en el lucro inmobiliario y el beneficio de los empresarios de la construcción en detrimento del desarrollo de infraestructura que contemplara por un lado obras hidráulicas y por otro que garantizara el acceso a vivienda digna para la población.
Si se tiene en cuenta que esta región ya se había inundado de forma severa cuatro veces en ocho años (2002, 2005, 2008 y 2010), y que a raíz de eso la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) había desarrollado un estudio que advertía que este tipo de eventos se producirían con mayor asiduidad, y sugería la realización de inmediatas obras hidráulicas; queda en evidencia que los gobiernos municipal y provincial tuvieron un rol de responsabilidad en la generación de las causas de la catástrofe.
“Se construye sin planificación en una ciudad bajo crecimiento poblacional, siguiendo lógicas de maximización de la rentabilidad del suelo, expulsando a los pobres a localizarse en las áreas más vulnerables y avanzando sobre cuencas y arroyos, espacios verdes y humedales, alterando la regulación hídrica natural del territorio”, dice uno de los estudios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, citado en una publicación del Colectivo Ambiental Tinta Verde.
Esta lógica de planificación urbana tuvo su sustento legal en el Código de Ordenamiento Urbano (COU), sancionado en 2010 e impulsado por la gestión del intendente platense Pablo Bruera, que permitió la construcción desmedida y a gran escala de edificios dentro del casco urbano y la progresiva desaparición de espacios verdes capaces de absorber el agua de lluvia.
El lugar que ocupó el Estado
Si fue evidente la responsabilidad del Estado previo a las inundaciones; el papel que jugó durante y después fue tan o más cuestionable.
El fallo del Juez Arias en el que se confirman las 89 muertes asegura que existieron gruesas irregularidades en el accionar de la gobernación provincial y de las fuerzas de seguridad a la hora de computar y dar a conocer la cantidad de fallecimientos. "A la luz de los hechos expuestos, no se puede ignorar la inusitada gravedad de la actuación del Estado provincial en los procedimientos dirigidos a dificultar la investigación y, en consecuencia, a ocultar la verdad de las causas y circunstancias en las que fallecieron las víctimas de la inundación", señaló el magistrado.
Cabe recordar que el gobierno de la provincia bonaerense se apresuró a cerrar la lista de fallecidos en 51 personas, a pesar de que existían investigaciones en curso que aseguraban lo contrario. A esto se le agrega el descubrimiento hace un mes de 60 cadáveres escondidos en el cementerio platense, también producto de una investigación de Arias, que si bien podrían no estar relacionados con la inundación abren el interrogante sobre una aceitada maquinaria para esconder muertos que involucra tanto a las fuerzas policiales, como a distintos organismos del Estado.
Por otra parte, un relevamiento socio-sanitario realizado por el Colegio de Trabajadores Sociales en los barrios afectados por la inundación, que abarcó 3.256 viviendas, lo que estimativamente alcanza a más de 12 mil vecinos de 27 zonas distintas, arrojó datos reveladores sobre el accionar estatal durante la inundación.
En torno a quién realizó la evacuación, la información que dieron los vecinos indicaba que “el 96,83 por ciento la realizó la sociedad civil, y sólo el 3,17 por ciento la hizo el Estado. La sociedad civil entendemos que la integran quienes se autoevacuaron, los vecinos y familiares que alojaron solidariamente en sus casas”, dijeron desde el Colegio.
"En cuanto a los lugares de refugio de las personas autoevacuadas: un 78 por ciento lo hizo en casas particulares de amigos, familiares o vecinos. En las instituciones públicas sólo se refugiaron un 4,77 por ciento, que fueron fundamentalmente escuelas y algunos centros de evacuación. En los clubes un 3 por ciento, y en uniones vecinales u organizaciones de vecinos en un menor porcentaje", destacaron.
En el mismo sentido, “los resultados dan que del Estado sólo recibió ayuda entre un 10 por ciento y un 14 por ciento; mientras que de los vecinos, familiares y amigos entre un 43 por ciento y un 65 por ciento; organizaciones sociales y políticas entre un 10 por ciento y un 24 por ciento”, aseguraron desde el Colegio y ejemplificaron: "recibió agua un 73,4 por ciento de la población. ¿Quién entregó el agua? el 81 por ciento fue otra vez la sociedad civil, el Estado sólo un 18 por ciento".
Este informe en definitiva expresa la importancia que tuvieron las organizaciones sociales, políticas, culturales y de la sociedad civil en general ante la ausencia de un plan de emergencia y evacuación desde el Estado, que durante los momentos más críticos brilló por su ausencia.
David Barresi
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