El lunes 21 se llevó adelante la audiencia en la Corte Suprema de EE.UU. sobre el litigio que sostienen los fondos buitres contra Argentina. Lo tratado, es una causa accesoria, en la cual el juez Thomas Griesa de Nueva York ordenó al Bank of America y al Banco Nación que informen sobre los activos argentinos en el mundo para embargarlos y pagarle a los buitres. Ese fallo, fue ratificado por la Cámara de Apelaciones, por lo cual el gobierno argentino apeló ante la Corte Suprema, que decidió analizar el caso. En junio deberá dar un dictamen.
Barack Obama brindó su apoyo a la Argentina. Durante la audiencia, la defensa Argentina y los enviados de Obama, sostuvieron que las deudas de un Estado soberano no deben tener el mismo trato que las de un privado: los bienes no son embargables y hacerlo sería violatorio de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA). Pero los jueces de la Corte Suprema dejaron abierta la posibilidad que se embarguen algunos activos a la vez que señalaron que los embargos no podrían comprender los bienes militares y diplomáticos. Hay un antecedente. En 1992 la Corte dictaminó contra nuestro país en el “Caso Argentina versus Weltover Inc.” por un seguro de cambios emitido por la dictadura en 1981. En esa ocasión, consideró que la deuda provenía de una operación comercial donde el país actuaba como un agente privado.
Con la crisis financiera internacional en curso, las reestructuraciones de deuda son moneda corriente. Por eso la posición del gobierno de Obama no responde a un enfrentamiento con los buitres, que incluso tienen lobbistas entre los demócratas, sino a que un fallo contrario a la Argentina pone en dudas a Nueva York como plaza financiera internacional donde los especuladores tienen seguridad de cobro. Es que en la causa principal el mismo juez Griesa ordenó a la Argentina pagarle a los fondos buitres. De quedar firme ese fallo, Argentina entraría en default técnico porque dejaría de pagar la deuda externa regularizada, que habitualmente se cancela a través del Bank of New York. Frente a esta posibilidad de default técnico es que el oficialismo reabrió el canje de deuda el año pasado para dejar habilitada la posibilidad de poder canalizar los pagos a los acreedores que tienen la deuda en estado normal, a través de una plaza financiera distinta a la de New York, e incluso para que los que buitres que litigan puedan canjear su deuda.
Son todos buitres
Los fondos buitres que litigan contra Argentina son Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Ange. Son los que se negaron a entrar a los canjes de 2005 y 2010 a pesar de las enormes ventajas que ofrecían para los especuladores. Se jugaron a maximizar las ganancias que podían obtener por unos bonos que compraron a precios de remate. Entre los que sí aceptaron el canje también se encuentran otros fondos buitres, entre ellos Gramercy y Finitech. Y otros especuladores locales como el banco de inversiones Puente. En su mayoría compraron los títulos a centavos, por lo que a pesar de la quita que se les aplicó en el canje obtuvieron ganancias siderales. A eso se agregó los premios adicionales que ofrecieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna para los que entraban al canje: el pago de cupones en función de la inflación y el crecimiento del país.
Tiempo atrás la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que jamás pagarían a los buitres. Pocos meses después reabrió el canje de deuda. No debería a extrañar a nadie que el litigio termine con un arreglo extrajudicial. Ya hubo una propuesta, por ahora descartada, de Gramercy. Pero existe otra propuesta en pie realizada por el Estudio Garrido y un banco internacional. El litigio con los fondos buitres y un arreglo con el Club de País, son las dos tareas que el gobierno tiene pendiente para volver a endeudarse en época de escasez de dólares. Los buitres buscan acercar posiciones para volver a la carroña.
Abajo los acuerdos con el capital financiero
El litigio con los fondos buitres es muy revelador de las consecuencias de tratar con los especuladores aceptando las reglas que establecen las potencias imperialistas. Mucho más importante resulta en momentos en que el gobierno buscar reiniciar, abandonando el verso del desendeudamiento, un nuevo ciclo de la deuda externa. En ese sentido van los acuerdos en el CIADI, un tribunal del Banco Mundial a medida de las multinacionales, los nuevos índices de precios y de crecimiento acordados con el FMI, las negociaciones en curso con el Club de París y el pago a la Repsol que se presta a votar en estos días en el Congreso. No hay capitales buenos y malos, son todos especuladores que conspiran contra las condiciones de vida del pueblo trabajador. Es una tarea de primer orden para la clase trabajadora levantar entre sus banderas la ruptura de los acuerdos con el capital financiero internacional e imponer el no pago de la deuda externa.
Pablo Anino
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