El proyecto, que elaboró Recalde pero firman también un grupo de diputados del Frente para la Victoria, será presentado el lunes en el Congreso. Establece que la comisión investigue durante 180 días los nexos entre dictadura y empresas.
Cuando se presentó Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, el último libro que coordinó y dirigió el periodista Horacio Verbitsky junto al jurista Juan Pablo Bohoslavsky, la creación de una comisión de la verdad que investigue desde el Estado la complicidad económica con los crímenes de la última dictadura cívico militar era sólo una propuesta con tono de exigencia. A más de medio año de aquel encuentro, el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde elaboró un proyecto que responde a ese pedido. “No implica ubicar a las grandes firmas en un lugar diferente del que hoy ocupan, sino reconocerlas en el que siempre estuvieron”, analizó Recalde, autor de la iniciativa que crea una comisión bicameral que tendrá 180 días para identificar los vínculos entre el mundo económico y el terrorismo de Estado. El proyecto, cuyo ingreso formal al Parlamento acompañaron con su firma una docena de diputados del bloque oficialista, será presentado de manera oficial el lunes próximo, en una mesa redonda integrada por su autor; el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y Verbitsky.
Con un documento que versa sobre la supresión de los derechos de los trabajadores durante la última dictadura cívico-militar, Recalde participó de la compilación de trabajos de investigación que integran el libro de Verbitsky y Bohoslavsky. “Una de las conclusiones de aquel trabajo era que sería bueno que existiera una bicameral que pudiera trabajar con todos esos datos, así que me puse manos a la obra”, explicó entre los argumentos por los que elaboró el proyecto de ley que crea, finalmente, una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura militar.
Según Recalde, el objetivo principal de la comisión es la elaboración de un informe que especifique, detalle y desarrolle las consecuencias de la política económica, monetaria, industrial, comercial y financiera que instaló y llevó a cabo la última dictadura y que identifique también, en la medida de lo posible, a los actores económicos y técnicos que “contribuyeron con la instalación y el sostenimiento de ese régimen dictatorial y/o se beneficiaron aportando apoyo logístico, económico o de otra índole a él, y aquellos que participaron siendo cómplices o de manera directa con los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron entonces”. La elaboración de esa documentación deberá estar estructurada en la formulación de “propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”.
“Este proyecto de ley se inscribe dentro de los principios de Memoria, Verdad y Justicia. Se sabe quiénes son los responsables más visibles de la pata económica del terrorismo de Estado que quebró al país entre el ’76 y el ’83; (el entonces ministro de Economía José Alfredo) Martínez de Hoz, por ejemplo. Pero, ¿y los demás?”, se preguntó Recalde. En ese sentido, reconoció que el trabajo de la comisión andará el camino de las investigaciones que concluyeron con el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y aquellas que determinaron el rol jugado por directivos de Mercedes Benz y Ford, pero asegura que la meta es “avanzar más, entrecruzar todas las líneas posibles”. “Cualquier momento es bueno, sobre todo para terminar con la impunidad que impera sobre este sector. No se trata de ubicarlo en el lugar que le corresponde, sino de reconocer aquel que siempre ocupó”, concluyó. A partir de las 17 del lunes, en el anexo C de la Cámara baja, Recalde y quienes lo acompañarán se explayarán sobre estas cuestiones en el marco de la presentación oficial del proyecto.
Tal como fue elaborado, el proyecto indica que la comisión, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, estará dirigida por un presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional “quien deberá contar con una acreditada solvencia en el campo de los derechos humanos”, aclaró el diputado autor de la iniciativa. Los legisladores participantes del cuerpo deberán ser elegidos por sus respectivas cámaras. Una vez creada, la comisión tendrá 20 días para elaborar y presentar un plan de acción y 180 más para llevarlo a cabo. Si necesita, podrá tomar otro medio año. Las pruebas o testimonios serán recogidos en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos. También podrá requerir informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, dependencias de los tres poderes de los Estados nacional, provinciales y municipales y estados extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos. Transcurrido el plazo correspondiente, la comisión deberá presentar el informe en cuestión, que no será vinculante. No obstante, sus integrantes podrán formular denuncias ante la Justicia si así la información elaborada lo determina.
Ailín Bullentini
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