La quita de subsidios ratifica la política de ajuste que el gobierno decidió llevar adelante contra el pueblo trabajador. Comenzaron por el agua y el gas, pero seguirán con la electricidad. El “sinceramiento” de tarifas es un reclamo largamente sostenido por las privatizadas, el establishment económico y la oposición mediática. Se suma a otras medidas “mercado friendly” como el pago a Repsol en agradecimiento por el saqueo de los recursos hidrocarburíferos, el acuerdo con las empresas que litigaban en el CIADI para acceder a préstamos del Banco Mundial, las nuevas estimaciones del índice de precios y del crecimiento económico a pedido del FMI y las negociaciones encaradas con el Club de París.
Ajuste y cinismo
Según Kicillof y De Vido el tarifazo tiene carácter redistributivo porque los fondos ahorrados se aplicarían a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al plan Progresar. Es desopilante cuando millones de hogares pasarán a pagar hasta cuatro veces más de lo que pagaban en sus boletas de agua y hasta casi tres veces más en las de gas. El anuncio se da cuando el INDEC reconoce que el 75% de los asalariados recibe menos de $6.500 por mes, bien lejos de la canasta familiar, que cuesta por los menos $9.000.
Ni se pusieron colorados al hablar de equidad mientras anunciaban que a las patronales industriales se les sostendrían los subsidios. Parte de los recursos liberados irán a las distribuidoras de gas para inversiones que deberían haber hecho bajo su cargo. Los subsidios en la “década ganada” alimentaron las ganancias de las privatizadas sin ninguna inversión, con el aval de funcionarios kirchneristas como Jaime, Schiavi y el propio De Vido. La evidencia dramática fueron los cortes de luz del verano y el crimen social de Once. Se demostró la lógica predatoria de los recursos públicos que tuvieron Edenor y, principalmente, Edesur en la degradación de la infraestructura. Lo mismo hicieron los Cirigliano con los trenes. En vez de acabar con las privatizadas el gobierno los premia mejorando su ecuación de ganancias.
Mientras no les quiten subsidios a los industriales, es perverso el relato acerca de que la medida se orienta a la “redistribución”. Quieren fomentar la división entre el pueblo trabajador para pasar este ajuste que genera un amplio rechazo. Su argumento es tan aberrante como cuando planteaban que el impuesto sobre el salario era redistributivo desde una supuesta “aristocracia obrera” hacia los trabajadores más precarizados. . Los aumentos en los supermercados -que se aceleraron luego de la derrota del gobierno en octubre y aún más en los primeros meses del año-, junto con los tarifazos, hicieron perder un gran poder de compra de la AUH, congelada desde mayo de 2013. Si se transfiere parte del ahorro en subsidios a la AUH, apenas alcanzará para recuperar parte del poder de compra perdido en el último año y no tendrá ningún carácter redistributivo. El gobierno destina casi $40.000 millones a la AUH y al Progresar ($28.000 millones y 11.000 millones, respectivamente). Los ahorros en subsidios alcanzarían en el mejor de los casos un máximo de $13.000 millones, de los cuales una parte se la llevarán las empresas de gas. Siendo optimistas, si se destinaran $10.000 millones a esos planes la recomposición alcanzaría un 25%, muy por debajo de la inflación que anualizada podría superar el 50%, si sigue el curso que tuvo en enero y febrero. El ajuste se hace más agudo sobre los más pobres, que incluso en sus miserables ingresos tienen que soportar un peso mayor de los gastos de alimentación y de los servicios públicos
“Es necesario avanzar en el uso racional y eficiente de la energía. En el no derroche de un recurso no renovable, como es el gas natural” dijo De Vido al mencionar que la quita de subsidios podría ser menor para los hogares que ahorren energía en relación a lo que venían consumiendo. Pero el mayor consumo de energía lo realiza la industria. A muchas familias con recursos mínimos esta medida no las beneficiará, porque su consumo de gas está en límites tan bajos que consumir menos les impediría realizar actividades básicas como cocinar o asearse. El cinismo “nacional y popular” no tiene límites.
Los desequilibrios económicos siguen su curso
El superávit fiscal, uno de los pilares del “modelo” K, pasó a la historia al calor de los aumentos de subsidios a las ganancias empresarias y de los pagos de los intereses de deuda. Según los planes oficiales el ahorro por la quita de subsidios sería de entre $5.000 y $13.000 millones. De alcanzarse una cifra intermedia el ahorro sería de apenas un 5% del total de los subsidios, lo cual anticipa nuevos ataques para tratar de reducirlos aún más. Además, es una miseria en comparación con lo que se paga de deuda. Este año se pagarán $77.000 millones de intereses de deuda. Los nuevos compromisos (Ciadi, Repsol, etc) que el gobierno va asumiendo para amigarse con los “mercados” e iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento, van a agravar el peso de la deuda y el déficit presupuestario.
El empeoramiento de los desequilibrios económicos se pone en evidencia también en el efecto de los tarifazos sobre la inflación. El gobierno acusa a los monopolios de la suba de precios. Las grandes patronales obviamente tienen la principal responsabilidad en la remarcación, en muchos casos con el visto bueno del gobierno, que por ejemplo con los “Precios cuidados” autorizó subas que en algunos productos superaron el 100%. Jaqueado por los desequilibrios, hace tiempo el kirchnerismo aprendió a sacar provecho de la inflación para ajustar las variables económicas, con su correlato en caída del poder adquisitivo del salario. En la hora del ajuste, se agravan las medidas de alto impacto inflacionario. Esto se hace más notorio con los tarifazos en agua y gas que se suman a los ya aplicados en el transporte y en otros precios regulados, como el de la nafta.El plan K comprende un ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador, pero no termina de resolver las contradicciones económicas, sino que las agrava.
Todas las privatizadas bajo gestión obrera
Contra la política del tarifazo, en la que acuerdan el oficialismo y la oposición patronal, hay que pelear por el fin del esquema privatista creado por el menemismo y continuado por el kirchnerismo, luchando por la nacionalización y estatización sin pago de todos las empresas de servicios públicos, y ponerlas a funcionar bajo gestión de los trabajadores con participación de comités de usuarios populares. El rechazo a los tarifazos es otro motivo para parar este 10 de abril.
Pablo Anino
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