El jefe del Ejército César Milani volvió a ser noticia. Nuevas pruebas muestran su participación en la última dictadura militar. En 1984 en La Rioja se formó la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH) que documentó los casos de desaparición de personas. Parte de esos documentos fueron hallados recientemente y allí figura el testimonio, contra Milani, del ex detenido desaparecido Alfredo Olivera, quien en 2013 volvió a denunciarlo, esta vez para impedir que fuera ascendido como jefe del Ejército. Pese a que esa prueba la tenía la Justicia Federal, hasta ahora no se usó para investigar la participación de Milani en la dictadura.
El gobierno está decidido a profundizar el encubrimiento sobre Milani. Hace pocos días despidió a María Elisa Reynoso, funcionaria riojana de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), por su rol de abogada querellante en los juicios contra el jefe del Ejército.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, asistió el jueves 3 de abril a la Cámara de Diputados para “rendir cuentas” de la marcha del Gobierno. El diputado nacional del FIT, Nicolás del Caño, intervino con varias denuncias y agudas preguntas, entre ellas cuál es la cantidad y los nombres de los efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron durante la dictadura y que continúan en actividad, y preguntó "queremos saber cuántos Milani hay hoy en las fuerzas represivas"; Capitanich respondió que el 13 % de los efectivos que hoy revisten en estas fuerzas participaron de la dictadura. Sostuvo, con un cinismo locuaz que si hubiera pruebas contra el jefe del Ejército el Gobierno tomaría cartas en el asunto. Pero las pruebas están, y son contundentes en el caso del conscripto Alberto Ledo, quien desapareció en la noche del 17 de junio de 1976, mientras cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de la ciudad de La Rioja. Ledo era asistente de César Milani, y fue él quien redacto la hoja de la supuesta deserción del conscripto (modalidad que se empleaba durante los años de plomo: cuando los conscriptos eran secuestrados y desaparecidos por los militares, los acusaban de desertores). La denuncia por la desaparición de Ledo contra el hoy jefe del Ejército tuvo gran repercusión antes de que fuera ascendido a este cargo, pero a pesar de esto el gobierno nacional logró ascenderlo, contrariando las voces que se alzaron contra él, entre ellos víctimas de la represión, organismos de derechos humanos independientes del gobierno y los partidos de izquierda. El gobierno tuvo el invalorable apoyo de los organismos de derechos humanos dependientes del gobierno, a los que cooptó con cifras siderales de dineros y otorgándoles cargos en la función pública. Sin este apoyo y esta legitimización al gobierno le hubiera sido más difícil concretar su ascenso.
Pero los esfuerzos del gobierno por encubrir a Milani pegaron un salto en estos días cuando el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, despidiera a la delegada del AFSCA en La Rioja , María Elisa Reynoso, por ser querellante en las causas de lesa humanidad contra el jefe del Ejército. Reynoso integra junto a otras abogadas las querellas de las familias de Alberto Ledo, Alfredo Olivera y Oscar Schaller, que son las causas en las que está involucrado Milani. En declaraciones radiales Reynoso dijo “la persona que me sucede (en el AFSCA) es un estudiante del liceo militar y su tío es un militar que estuvo en inteligencia en 1976, contemporáneo con Milani en la provincia de La Rioja ”.
Reynoso pertenece al Partido Comunista (de donde surgió también Sabbatella), quien a raíz de estos hechos se vio obligado a repudiar al gobierno públicamente y evalúa romper con la alianza que hasta ahora mantenían con el FpV. Por ahora el Gobierno continúa sosteniendo al represor Milani.
Por nuestra parte continuaremos reclamando que se abran los archivos de la dictadura, que hasta ahora pocos se dieron a conocer, para que puedan ser juzgados todos los responsables del genocidio cometido por la última dictadura militar. Por eso la banca del FIT presentó en el Congreso proyectos de ley en los que se pide a los Ministerios de Defensa y de Seguridad de la Nación que entreguen la nómina completa del personal que prestó servicio en las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la dictadura genocida (1976-1983), y que hoy continúan integrando esas instituciones. Estamos seguros de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad no son reformables ni “depurables” y que la continuidad de los elementos de la dictadura responde a la impunidad. Con esta certeza de que fue toda la institución y que transcurridas décadas desde la caída de la dictadura y que miles de asesinos y torturadores siguen en función, queremos que el Gobierno informe quiénes son, uno por uno, y entregue las listas completas, lo que permitiría no solo conocer a todos los que actuaron en la dictadura, sino también el destino de los compañeros desaparecidos y de los cientos de niños apropiados.
Rosa D’Alesio
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