A dos años y medio del asesinato de Cristian Ferreyra, y ante la posible excarcelación del principal imputado en la causa, Marcha dialogó con Deolinda Carrizo, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC).
Ayer 1 de abril se celebró una audiencia oral en la Cámara de Apelaciones y Control Penal de Santiago del Estero que tomaría resolución sobre el pedido de excarcelación de Jorge Ciccioli, detenido y procesado por el asesinato de Cristian Ferreyra ocurrido el 11 de Noviembre del 2011 en territorio de la Comunidad Indígena de San Antonio, al norte de la provincia.
Hasta el momento, Ciccioli se encuentra alojado en la alcaidía del Palacio de Tribunales, en la capital de la provincia. Aunque aún la Cámara de Apelaciones no definió el cambio que solicitó su defensa: una excarcelación extraordinaria con residencia en la capital porteña o un arresto domiciliario que sería en Santiago, el solo pedido recibió el rechazo condenatorio por parte del MOCASE-VC y de organizaciones sociales.
Marcha accedió a dialogar con Deolinda Carrizo, referente del MOCASE-VC acerca del caso.
- En relación a la causa, ¿quiénes son los imputados, qué se les imputa a cada uno y cuáles son las pruebas al momento?
Los imputados son Javier Juárez, acusado por el delito de homicidio de Cristian Ferreyra, de lesiones graves en perjuicio de Darío Godoy y de lesiones leves en perjuicio de Sergio Ferreyra; y por los delitos de abuso de armas y amenazas en perjuicio contra Ricardo Galván, Ángela Beatriz Juárez y Mirta Salto (mamá de Cristian). El empresario sojero Jorge Ciccioli y Demetrio Palomo (en cuya casa se guardaban las armas) son acusados como partícipes secundarios en el homicidio de Cristian, en el intento de homicidio de Darío Godoy, en lesiones leves contra Sergio Ferreyra y en el abuso de armas y amenazas en perjuicio de Ricardo Galván, Ángela Beatriz Juárez y Mirta Salto. También están acusados Carlos y Mario Abregú, y Hugo y Walter Juárez, por el delito de abuso de armas y amenazas en perjuicio de Ricardo Galván, Ángela Juárez y Mirta Salto.
A dos años y medio del asesinato, se han logrado recolectar un conjunto importante de elementos probatorios contundentes que permitieron que, hoy por hoy, estén presos Javier Juárez y Jorge Ciccioli. Por su parte, Palomo se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera del Juicio Oral que, según creemos, será pronto dado la etapa del proceso en la que nos encontramos. Las mismas consisten, básicamente, en las numerosas denuncias que venían realizando las víctimas en sede policial y judicial previas a los lamentables sucesos, las que - junto con las pruebas testimoniales incorporadas al expediente- dan cuenta de la existencia de una banda armada, integrada por los imputados, que se dedicaban a amedrentar a las comunidades campesinas indígenas de la zona, llevar adelante graves amenazas y desalojos forzosos e ilegales, a través del abuso de armas de fuego que eran provistas por el empresario Ciccioli, quien además era quien daba las órdenes y comandaba la banda. También consta en el expediente que, en sus declaraciones testimoniales, todos los imputados han reconocido la existencia de una relación laboral al empresario. Todo lo que decimos consta en el expediente, y lo ponemos a disposición para consultar.
- ¿En qué situación se encuentra la causa actualmente, luego de la audiencia celebrada ayer?
Se ha reanudado el plazo para el ofrecimiento de pruebas de las querellas el cual vence el 13 de abril aproximadamente, de no surgir otro imprevisto.
Esta apelación ante la Cámara de Apelación y Control Penal es interpuesta por la defensa, luego de que tres veces se le negó ese privilegio. En la audiencia de hoy se expresó la defensa de Ciccioli y la representante de fiscalía, y la Cámara tiene un plazo de 30 días para resolver la excarcelación del empresario. Consideramos que interrumpir la medida cautelar de la prisión preventiva sobre este acusado puede poner en riesgo la celebración de la instancia oral, dado que estamos muy próximos de que se dé la misma. Como dijimos anteriormente, estamos denunciando la existencia de bandas armadas operando sobre el territorio de las comunidades, por lo que la excarcelación de Ciccioli podría afectar la libertad de testimoniar y tener otro tipo de consecuencias que no queremos ni siquiera imaginar. Por esto, consideramos inaceptable que a esta altura del proceso judicial quede en libertad uno de los asesinos de Cristian Ferreyra.
- ¿Tienen alguna estrategia pensada ante una posible absolución de Ciccioli?
En términos jurídicos, de no obtener una sentencia justa apelaremos a las instancias superiores, y de ser necesario llegaremos a la Corte Suprema y a los organismos internacionales. En términos políticos, continuar con el proceso de resistencia y denuncia permanente de situaciones similares que nos ha tocado vivir, puesto que los asesinatos de Cristian y de Miguel Galván, son los que se ha logrado que los asesinos estuvieran presos. Sin embargo, aún quedan casos de otros compañeros que fueron asesinados antes situaciones similares y que la justicia no realizado ningún avance. Mientras los asesinos sigan sueltos, seguiremos con la movilización permanente de nuestras bases y, ante la proximidad del juicio, estaremos acompañados por la solidaridad de otras organizaciones y movimientos sociales que nos acompañan en esta lucha.
- Desde el MOCASE-VC, ¿Por qué creen que se produjo el asesinato de Cristian Ferreyra?
Santiago del Estero en los últimos 10 años, ha sido una de las provincias con mayor porcentaje de desmonte, de denuncias de campesinos que no ha llegado hasta los jueces ni a tribunales, y un gran número de casos de problemas por la tenencia de la tierra. Y esto en una coyuntura provincial marcada por de décadas de juarismo, pasando por el descontento popular que explotó en el santiagueñazo, y con muestras de la conflictividad dada por las intervenciones federales al Gobierno provincial. Muchas comunidades han tenido que sufrir atropellos, inclusive realizados por la policía, arma institucional de los empresarios de distintas procedencia, que ansían las tierras campesinas indígenas para el monocultivo de la soja transgénica, la megaganadería y los feedlots. Por esto, el asesinato, los desalojos, los perjuicios contra los campesinos, son cometidos por un sistema de producción basado en el agronegocio. Un sistema que quiere imponerse, expulsar y hacer desaparecer a la forma en la que el campesinado y los pueblos originarios, producían y trabajaban la tierra para sostener y generar alimentos para las poblaciones locales y regionales. Así, desde el MOCASE- VC, seguimos peleando para permanecer en nuestros territorios, por la identidad campesina y por la soberanía alimentaria para todos los pueblos.
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