El índice inflacionario anualizado, es de aproximadamente el 40%, muy por encima de los porcentajes que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales han otorgado o están ofreciendo a los trabajadores del sector público.
Y también, superior a los porcentajes que ofrecen las patronales del sector privado.
¿Quién o quiénes se hacen cargo del ajuste?
La respuesta se está dirimiendo en la lucha.
Según el último anuncio del Ministro de Economía, la inflación oficial de marzo fue del 2,6%.
Más allá de las dudas que se generan, ya que para muchos resulta un índice que no refleja la realidad, la inflación acumulada en el primer trimestre asoma como alarmante.
Aún tomando la última medición del IPCNu como genuina, estamos hablando de una suba acumulada que en los primeros tres meses del año ha alcanzado el 10,01%.
Al anualizarla, obtenemos un índice inflacionario de aproximadamente el 40,04% anual.
De esta forma, no sólo se observa que el programa de “precios cuidados” tiene escasa o nula efectividad a la hora de cuidar el bolsillo del trabajador, sino que también se legitima una situación en la cual los trabajadores judiciales y del resto de los sectores de la sociedad, una vez más, debemos hacernos cargo del ajuste.
Sin embargo, más allá de las intenciones oficiales y de los intereses del poder económico, será la lucha la que defina en última instancia quién paga las consecuencias de las últimas medidas del gobierno y de sus desmanejos.
Carlos Ordoñez, Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).
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