El dueño y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, será indagado hoy por la Justicia Federal. Si bien tiene prohibido salir del país, llegará en libertad beneficiado por un fallo de la Cámara de Apelaciones local.
Massot está imputado como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos y dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola -“instigándolos, determinándolos, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos”-, por ser parte del plan criminal del Ejército y la Armada conformando junto a esas fuerzas una asociación ilícita, y por su rol propagandístico al desplegar acción psicológica para infundir terror en la población.
La investigación tiene antecedentes internacionales en la condena al dueño del diario nazi Der Sturmer por parte del Tribunal de Nuremerg, y una medida similar del Tribunal Penal para Ruanda sobre el propietario del periódico Kangura por “instigación directa y pública a cometer genocidio”. La cobertura del proceso contra Massot encontró mayor acogida en medios nacionales, españoles, mexicanos, sirios y ecuatorianos, que en los bahienses. Sin embargo, desde las 9 hs. de este jueves, FM De la Calle y LU3 AM 1080 realizarán una radio abierta y transmisión especial que podrá seguirse en vivo.
Libre y allanado
Ayer, los camaristas Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes resolvieron que “no existen indicios suficientes que hagan suponer que de continuar en libertad el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el normal desarrollo de la investigación”. Repitieron los argumentos del juez subrogante Álvaro Coleffi respecto a la presentación espontánea de Massot, el “conocimiento público que deriva de su persona”, el arraigo y “permanencia en el país extendida en el tiempo”, y su radicación en un domicilio donde se lo pudo notificar personalmente.
“¿Alguien puede asegurar que no se fugará?", preguntaron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia a los camaristas. Destacaron que Massot posee “algo más intangible que el dinero o los bienes, que es el poder que mantiene en diferentes sectores corporativos", y agregaron que el imputado sostiene que "en este país hubo una guerra civil, desconociendo la palabra del Poder Judicial de un Estado democrático y constitucional de derecho”, y "por lo tanto, la fuga es una opción previsible que no tiene visos -en su mirada- de ilegalidad”.
Luego de la declaración “espontánea” del empresario ante el juez el 18 de marzo, los fiscales y la Gendarmería Nacional allanaron durante once horas la sede del diario de Rodríguez 55, en pleno centro de Bahía Blanca, y secuestraron cajas, biblioratos, libros de actas societarias, registro de pago a empleados, cuadernos, fotos, y los 119 tomos de la colección del diario entre los años 1974 y 1983.
La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero analizó la información contable, los libros de sueldos y jornales y los balances. Así pudo constatarse una contradicción fundamental con la defensa de Massot, que sostiene que en la época era un joven desvinculado de la empresa que conducían su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecidos. Lo desmienten, por ejemplo, sus recibos de sueldo como editorialista de la radio LU2 -que integraba el multimedio junto al Canal 9 Telenueva-.
Palazzani sostiene que la imputación está probada “más allá de los resultados del allanamiento”, sin embargo, destacó el faltante de las actas de asambleas entre los años 1976 y 1978: “Obviamente lo han hecho desaparecer pero la ausencia de, justamente ese libro, nos indica cuál ha sido la conducta previa a la medida”.
Respaldo corporativo
Dos días después de la inspección en el edificio de La Nueva Provincia, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), integrada entre otros medios por el diario de la familia Massot Julio, habló de “un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes”. Argumentó asimismo que, en contra de lo establecido por el juez Coleffi, la medida afectó el normal funcionamiento del diario, la libertad de prensa y “la absoluta reserva de la ‘fuente periodística’. También cuestionaron que el procedimiento fuera realizado por fiscales ad hoc y “que han declarado públicamente una militancia ideológica que cuestiona el deber de objetividad que les impone el cargo”. Estos reclamos son comunes en las defensas de genocidas y han sido desechados por distintas instancias judiciales. Una comisión de Adepa -presidida por Carlos Rago, de La Nueva Provincia- entrega anualmente un premio al periodismo que lleva el nombre de Federico Christian Massot “en homenaje a su impulsor fallecido en 1990”.
La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) -“amiga” de Clarín en la audiencia pública sobre la Ley de Medios convocada por la Corte Suprema- repitió lo dicho por Adepa. La diputada nacional Patricia Bullrich (Unión PRO) tomó la posta y presentó un Proyecto de Declaración expresando “preocupación” ante el allanamiento que -a su entender- pretendía secuestrar material “por la simple sospecha de que pudiera resultar útil en la investigación de delitos producidos hace más de tres décadas”. Alberto Assef, legislador del Frente Renovador y amigo de grupos neonazis, se solidarizó con el “diario centenario” mediante una carta al lector publicada en La Nación. La insólita Comisión Permanente de Homenaje a la Campaña del Desierto, representada por Juan Carlos Álvarez Gelves, eligió las mismas páginas para denunciar el castigo a “quien piensa diferente, sin tener en cuenta lo que significa la libertad de expresión”.
Por su parte la Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidida por el ex secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, Manuel Solanet -que cobija a otros partícipes del terrorismo de Estado como el dueño del Ingenio Ledesma Pedro Blaquier o el propio Massot-, destacó la “indudable trayectoria personal, científica y moral” del dueño de LNP y denunció supuestas “instrucciones dogmáticas o ideológicas emitidas por el Ministerio Público”.
No faltó la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el mentado ataque a la libertad de prensa de su diario asociado y viejo aliado de militancia antidemocrática. Los fiscales Nebbia y Palazzani recordaron en la imputación contra Massot la nota publicada el 29 de marzo de 1977 por el diario bahiense. Titulada “Analiza la SIP la libertad de prensa” recogía textuales del ex ministro de Defensa menemista y docente de la Universidad Católica en una asamblea de la SIP: “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”.
Mauro Llaneza, desde Bahía Blanca.
Periodista de la radio comunitaria bahiense Fm De la Calle.
No hay comentarios:
Publicar un comentario