En el Congreso contra la criminalización de la protesta social

Con la participación de más de cincuenta organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos y estudiantiles, se realizó en el Congreso de la Nación una audiencia pública contra la criminalización de la protesta social.

En el marco de una audiencia pública, y en paralelo a una concentración en la puerta del Congreso, se presentó en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley que “dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de salud, de educación, de justicia, de género e identidad sexual a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión”, y sean éstas sanciones penales, disciplinarias, administrativas o contravencionales.
El proyecto, que retoma las reiteradas iniciativas legislativas presentadas por miembros de distintos bloques políticos a lo largo de los últimos quince años, fue redactado por los organismos de derechos humanos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y presentado en el Congreso Nacional con la firma de once bloques políticos: Virginia Linares, Margarita Stolbizer y Fabián Peralta del GEN; Víctor De Gennaro y Claudio Lozano por Unidad Popular; Nicolás Del Caño del PTS-FIT; Néstor Pitrola y Pablo López por el PO-FIT; Alcira Argumedo de Proyecto Sur; Facundo Moyano del partido Cultura, Educación y Trabajo; Oscar Martínez del Movimiento Solidario Popular de Tierra del Fuego; Alicia Ciciliani por el Partido Socialista; Victoria Donda de Libres del Sur; Pablo Javkin de la Coalición Cívica-ARI; y Ricardo Alfonsín por la UCR.
Según relevamientos realizados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, existen hoy más de 4 mil luchadores populares con causas abiertas, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados. Tendencia represiva que los organismos de derechos humanos consideran en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales.
Entre los numerosos referentes sociales, políticos y sindicales procesados o condenados que expusieron distintas facetas de lo que consideraron un recrudecimiento de la avanzada en la criminalización y judicialización de la protesta social, se encontraban Inocencio Cortés, trabajador petrolero de Las Heras condenado por la justicia de Santa Cruz; el referente dela Comunidad QomLa Primavera Félix Díaz; los referentes sociales judicializados por la causa del Indoamericano, Diosnel Pérez, del Frente Darío Santillán, y el “Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa; María Inés Uro y delegados de ATE Educación La Plata procesados en una causa armada por las autoridades del ministerio provincial a cargo de Nora De Lucía; el delegado ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero; los delegados de Kraft Javier Hermosilla y Jorge Penayo; delegados de los ceramistas de Zanón; Néstor Marcolini, de la comisión interna de la Línea 60; Mariano Skliar, delegado de la junta interna ATE de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires procesado por la justicia macrista y militante del FPDS; Eduardo Ayala de Donneley (ex editorial Atlántida); Víctor Grosi de SITRAIC; Alejandro Fidela, delegado de la CTA en el Mercado Central de Misiones; Gustavo Lerer de la Junta Interna ATE - Hospital Garrahan; y Fabián Pereyra de ATE-INTI.
También se leyó una carta de Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano, del MPR Quebracho, escrita desde la cárcel, donde se encuentran por denunciar y señalar al asesino del maestro neuquino Carlos Fuentealba, Jorge Sobisch. Asimismo, se realizó una comunicación telefónica con Martín Oñate, miembro de la Comisión Directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz encarcelado por realizar medidas de fuerza sindicales.
Además de Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, y Familiares y Amigos del joven secuestrado, torturado y desaparecido por policías del destacamento de Lomas del Mirador, La Matanza, el 31 de enero de 2009, quienes se hicieron presentes para transmitir su solidaridad con los luchadores procesados y condenados, participaron de la audiencia Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad); Ricardo Peidró (Secretario General Adjunto de la CTA) y Horacio Meguira (Observatorio Jurídico de la CTA); Julio Fuentes (Secretario General de ATE Nacional) y Hugo Godoy (Secretario General de ATE provincia de Buenos Aires); Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa; Oscar Kuperman del MTR CUBA; el diputado provincial del PTS-FIT, Christian Castillo; Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista; Eduardo Beliboni del Polo Obrero; Claudio Giorno de la Corriente Emancipación Sur; Vilma Ripoll del MST; Antonio Sofía del Partido Comunista Revolucionario; Pino Solanas de Proyecto Sur; Héctor Heberling del Nuevo Mas; y Emiliano Cornaglia, presidente de la FUA.
Por el lado de las organizaciones y referentes de los derechos humanos hicieron uso de la palabra Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la presidenta de la Comisión Permanentede Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, Cristina Cabib; Carlos Lordkidpanisse de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos; Diana Kordon del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP); Nicolás Tauber de Liberpueblo; Myriam Bregman del CEPRODH; Martín Alderete de CADEP; Claudia Ferrero de APEL; y Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También hizo llegar su adhesión la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Para finalizar, y a modo de homenaje, se hizo una mención especial a los 38 muertos de la represión estatal del 19 y 20 de diciembre; los militantes sociales asesinados por el gobierno de Eduardo Duhalde en la denominada Masacre de Avellaneda, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; las 31 víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2003 y 2013; así como la exigencia de aparición con vida de Daniel Solano, trabajador agrícola salteño desaparecido en la ciudad de Choele Choel, provincia de Río Negro.

J.P. Gardes.