¿Quién financia al Estado?

La AFIP informó en estos días el crecimiento del 30,6% en la recaudación de marzo del 2014 respecto de misma fecha en 2013, totalizando un ingreso de 78.710 millones de pesos.
El porcentaje de incremento es un dato similar a la inflación presunta del año transcurrido, aunque no lo podemos corroborar por insuficiencia de información oficial y discontinuidad de los guarismos inflacionarios entre el pasado año y el presente, mediante metodologías diferenciadas utilizadas por el INDEC para el 2013 y el 2014.
El dato difundido por la AFIP remite por un lado a la confirmación de la desaceleración económica manifestada en el 3% de crecimiento del PBI para el 2013 y que confirma la previsión de la evolución del primer trimestre. Por otro lado, desnuda la regresividad tributaria asentada en tributos al consumo como el IVA y en la deformación de un impuesto a las ganancias que incluye a los salarios, cuyo mínimo no imponible no se ajusta por inflación, y que recurrentemente vuelve a la discusión sobre quién y cómo debe financiarse el Estado. Es una cuestión agravada con las exenciones del impuesto a las Ganancias y que involucra a las rentas derivadas de la actividad financiera y bursátil.
Vale mencionar que el tema es uno de los aspectos que explican el próximo paro nacional convocado para el jueves 10 de abril.

Los datos de la recaudación

Esa recaudación de la AFIP reconoce al IVA como el impuesto de máxima percepción con 25.529 millones de pesos, un 39,1% más que un año antes.
A continuación aparece el registro de Ganancias con 14.939 millones, un 27,8% de incremento.
Entre ambos impuestos suman 40.468 millones, un 70% de los ingresos tributarios (sin seguridad social) y un 51% del total de entradas al ente recaudador (incluye la seguridad social).
Estos dos tributos constituyen la base del sistema impositivo con que se financia el Estado. Sumando a otros tributos, al endeudamiento público, más la venta de bienes del Estado (en su momento las privatizaciones), se completa la capacidad de financiar que asumen los Estados.
Por eso vale concentrar la atención en IVA y Ganancias, especialmente con la aceleración de precios en los últimos tiempos y la demanda sindical por actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y/o eliminarlo como se sostiene incluso desde una discusión doctrinaria sobre la juridicidad del régimen impositivo.
Con menor registro en la recaudación, aunque expresando un 30% de la recaudación impositiva, aparecen entre otros ingresos, los derechos de exportación, que sumaron en marzo unos 5.343 millones y 33,7% de crecimiento anual; y los de importación por 2.116 millones, con 28% más respecto de un año antes. Los relativos a débitos y créditos sumaron 5.259 millones, con 29,3% más sobre marzo 2013.
La AFIP computa también un ingreso por seguridad social de 20.880 millones de pesos, un 24,3% mayor. Son recursos que preferimos diferenciar de los tributarios propiamente dichos, ya que en buena parte tienen destino específico, especialmente para la previsión social, en gran parte retenidos a los propios trabajadores.

La coparticipación

Un tema adicional es como se distribuye esa recaudación entre la Nación y las provincias.
En la reforma constitucional de 1994 se otorgaron dos años de plazo para discutir la coparticipación federal de impuestos en la Argentina. Ya pasaron dos décadas y el tema no se resuelve.
Además, en ese lapso se transitó la gran recesión entre 1998 y 2002, con graves secuelas en materia de recaudación fiscal y atención de las necesidades de la población.
El resultado fue la crisis del 2001 y el deterioro de las condiciones de vida de la población, manifestado en 57% de pobres y más del 21% de desempleados, o la mitad de los trabajadores con problemas de empleo.
Si nos interrogamos sobre que cambió luego del 2001, nos encontraremos que no solo no se discutió la nueva coparticipación federal, sino que los cambios fiscales ocurridos favorecieron la recaudación centralizada en la Nación.
La consecuencia directa es que el record de recaudación ocurrido en estos últimos años engordó las cuentas nacionales dejando a las Provincias a merced de la voluntad y arbitrio del gobierno nacional.
Más que un debate sobre cómo distribuir los recursos fiscales, demorado por años, asistimos a una centralización de recursos del fisco, los que se subordinan a la lógica de poder definido por el gobierno nacional. Las Provincias quedaron subordinadas a la lógica clientelar que supone la gestión de acrecidos recursos que percibe la AFIP.

¿Existe alternativa?

Una lógica alternativa supone discutir qué tipo de país pretendemos y cuál es el Estado necesario, a todo nivel, municipal, provincial y nacional.
De ello se derivan los recursos necesarios, lo que nos lleva a discutir quién paga (¿de dónde se obtienen los recursos tributarios?) para superar el dato actual que encabezan impuestos directos que afectan seriamente a los sectores más empobrecidos, caso del IVA, o el impuesto a las ganancias, que en buena parte recae sobre los trabajadores, algo improcedente y anticonstitucional, ya que el salario es retribución de la fuerza laboral y no pago por la inversión de capitales.
Pero también significa discutir cómo se gasta, y en este caso, por lo menos tres temas; uno remite al personal necesario para satisfacer múltiples necesidades sociales; otro a las políticas territoriales de desarrollo que impone analizar qué ciudades, provincias o regiones priorizar al momento de asignar recursos públicos; finalmente pensar si deben privilegiarse los acreedores externos de la deuda pública o los acreedores internos por derechos constitucionales no satisfechos, especialmente salud o educación,
Es el debate que el sistema político en crisis desde hace tiempo, más allá de relativas recomposiciones y mayorías electorales o parlamentarias obtenidas transitoriamente, no formuló en 20 años (1994-2014) y que constituye parte de las asignaturas pendientes en la discusión contemporánea.

Julio C. Gambina