Despliegues de fuerzas de seguridad cinematográficos, allanamientos, arrestos y un discurso volcado al punitivismo. Cómo desde el intento de militarizar el territorio se busca seducir a una audiencia que exige venganza.
Los mega-operativos realizados en los últimos días en el conurbano bonaerense y en Rosario se pueden leer como una muestra más del tipo de reacción adoptada por el Gobierno, tanto a nivel provincial como nacional, ante una de las vedettes de la agenda mediática de los últimos largos tiempos: la "inseguridad". Esas acciones son un intento más por sumar algún poroto a la alicaída imagen que vienen alimentando de cara a la troupe urbana que pide palo y sangre. Si bien se registran algunas fracturas internas entre el ala más progresista y la conservadora dentro del kirchnerismo en cuanto a opiniones sobre la perspectiva de abordaje y tratamiento de la problemática, es claro para dónde se va inclinando la balanza de la acción, con mucha pompa y platillos para que resuene bien fuerte y necesariamente se haga eco en los medios masivos de comunicación y, de una forma u otra, filtrada con una vara más afín o más reacia, llegue a oídos de las consumidoras y consumidores.
El espectacular operativo en Rosario -"el más grande de la historia", en palabras del secretario de Seguridad Sergio Berni- contó con la friolera de 3000 agentes de diversas fuerzas (Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Agropecuaria) que se desplegaron a lo largo y ancho de la ciudad, quienes realizaron más de 90 allanamientos, con el objetivo de desbaratar los "bunkers" de venta de sustancias ilícitas. Como resultante de esto se incautaron armas, drogas, y se realizaron unas 40 detenciones. La cinematográfica puesta en escena, que incluyó camiones, helicópteros y hasta un avión de última generación, pareciera funcionar como un golpe de efecto convenientemente ubicado en una zona que viene siendo marcada como el epicentro de la producción de la droga y la violencia narco. En este sentido, es importante destacar que la táctica operativa que se adoptó imita las dispuestas por la policía militar en Brasil, quienes realizan la toma de posesión de los territorios por las fuerzas de seguridad con grandes despliegues y demostración de fuerza, lo que confirma la tendencia hacia las formas punitivas de control del delito más que a las políticas de inclusión que tiendan a realizar cambios estructurales en las escalas de desigualdad para reducirlas y generar una mejora en la vida de los sectores marginales.
El plan que se trazó para este operativo contó con tres etapas: una primera que intentó quebrar la relación policía-narcotráfico, con descabezamiento y procesamiento de las cúpulas provinciales; una segunda etapa que buscó dar con los principales proveedores de drogas de la zona, en la cuál se realizaron varios allanamientos; y finalmente esta tercera etapa de despliegue territorial para intentar neutralizar los quiosquitos de venta minoritaria. La idea que plantean en el Ministerio de Seguridad es lograr una re-apropiación del terreno dejando unos 2000 efectivos de Gendarmería que luego serán reemplazados por una policía especialmente entrenada y que estará bajo el mando directo del Ministerio, es decir, con control político y no policial. Lo que cuesta creer es que esta clase de medidas puedan ser efectivas en el largo plazo ya que no atacan ninguna de las fallas sistémicas que producen este tipo de escenarios. Por eso se lee como una movida marketinera que pueda llegar a modificar en forma mínima la situación en un tiempo limitado, que es lo que la experiencia ha mostrado hasta ahora, para volver a foja cero. En unos pocos años descabezarán a las fuerzas policiales nuevas, se encontrarán nuevas complicidades políticas.
Mientras tanto, la Policía bonaerense realizó en los últimos días mas de 540 allanamientos en varios partidos, como San Martín, La Matanza, Lanús, Florencio Varela, entre otros, donde secuestró más de 35 kg de marihuana, 6,5 kg de cocaína, 1300 autos, armas y municiones, tras varios enfrentamientos que tuvieron un saldo de 13 heridos, 1 muerto y 2700 personas que pasaron a disposición de la justicia. Es así como el Gobierno de Scioli intenta mostrarse activo y firme luego del anuncio del estrafalario y peligroso plan de seguridad.
En estos días es muy fácil observar toda clase de encuestas en las que se marca a la inseguridad como principal preocupación de las ciudadanas y los ciudadanos en Argentina, junto con la economía, por lo que se podría pensar que la incorporación del guardia de Hierro y secretario de Medios del menemismo Guillermo Seita, director de Management & Fit (una de las principales consultoras, afín a Clarín y otros multimedios) como asesor de la campaña presidencial hace un par de meses, se encuadra dentro de un plan de acción tendiente a satisfacer las demandas del sector social que más cuesta conquistar e interesa a la hora de los votos, la siempre recalcitrante y poco definida sección media urbana, muy bien alimentada y azuzada por las vociferaciones que se suelen leer y escuchar a diario.
Y todo esto puede enmarcarse en un rasgo general del oficialismo que tiende a olvidarse del discurso de la inclusión social en los hechos, dejándolo como frase decorativa y cada vez mas vacua, que genera simpatías en los elementos más progresistas del entramado que lo compone. En lo concreto pareciera haberse decidido tomar una línea de acción que le permita no quedar tan atrás en una agenda política definida mediáticamente en torno a las problemáticas ya indicadas, en las cuales el alumno más aplicado viene siendo el ex intendente de Tigre y diputado Sergio Massa, con un discurso centrado en la inseguridad, con sus cámaras y patrullas departamentales, y su campaña iniciada principalmente en Estados Unidos. Es así como el oficialismo, con Scioli y su plan, Cristina y la crítica a la "puerta giratoria para los delincuentes", mas el soldado Berni, intentan hacer pie y llegar con algo de aire a unas elecciones de 2015 que se vislumbran bien derechas.
Edgar Juncker
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