El 2 de diciembre, el diario chileno La Nación, publicó el artículo titulado: "Los Asesores chilenos de Cristina Kirchner", referido a la estrecha y fluida relación que tienen los dirigentes socialistas, Camilo Escalona (presidente del PS), Jaime Gazmuri, Ricardo Solari y Luis Maira (actual embajador chileno en Argentina), con la Presidenta recién electa en el país vecino.
El mismo día el periódico argentino Clarín, tituló otro artículo: "El poder, entre Kirchner y Cristina", en el cual un importante analista comenta diversos conflictos que enfrenta la Corte Suprema trasandina con el gobierno de Kirchner. Entre ellos, menciona el caso de Sergio Apablaza, el "Comandante Salvador", jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) - organización que combatió de manera frontal contra la dictadura de Augusto Pinochet - cuya extradición ha solicitado el gobierno chileno a su par de Argentina.
El 3 de diciembre, nuevamente La Nación, se refiere al caso como un elemento de conflicto entre Argentina y Chile. El titular es elocuente: "El caso Apablaza opaca el vínculo con Chile". En el artículo correspondiente, se señala que el otorgamiento de refugio sería un desaire a Bachelet. “Conceder ese estatus implica en los hechos denegar la extradición, lo que provocaría un consecuente cortocircuito con Santiago, en momentos en que se busca relanzar el vínculo", plantea el matutino. Finalmente, el 7 de diciembre en el mismo diario se señala que en el encuentro que sostendrán la mandataria chilena con Cristina Kirchner, abordarán dos temas centrales: el gas y la eventual extradición del dirigente del FPMR.
Cabe señalar, que la Corte Suprema argentina dictaminó que antes de pronunciarse sobre la apelación del gobierno chileno al rechazo de la extradición de Apablaza, ya resuelta por la justicia argentina, la administración Kirchner debe definir si le otorga refugio político, por tratarse de un caso de clara connotación política. “Salvador”, vive hace años en Argentina y tiene dos hijos de esa nacionalidad, situación que inclina la balanza a su favor.
Sin embargo, el gobierno chileno no ceja en su afán de extraditarlo y en ello ha tenido un protagonismo estelar el actual embajador de Chile en el país vecino, el socialista Luis Maira. La administración concertacionista, argumenta que en Chile existe un “estado de derecho pleno”, que garantiza un juicio justo al dirigente. No obstante, lo que no dicen es que en el país aún rige el estado de derecho pinochetista, que más allá de los cambios cosméticos que introdujo a la Constitución de 1980, el gobierno de Ricardo Lagos, privilegia los intereses del imperialismo norteamericano, de las transnacionales y de la casta empresarial chilena.
En ese contexto, quienes vivimos en Chile sabemos que los derechos de “Salvador”, un revolucionario, que además de ser un símbolo de la lucha contra la dictadura, tuvo una destacada participación al frente de los internacionalistas chilenos que combatieron contra Anastasio Somoza en Nicaragua, serían gravemente conculcados.
Tenemos claro como funciona la justicia en este país. La Concertación, desde sus inicios, trató las violaciones de derechos humanos como un tema de negociación con la derecha, en particular con el pinochetismo. Tras 17 años de gobierno aún no son resueltos la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y torturados. Por las calles caminan libres asesinos y torturadores. Sólo los casos de mayor conmoción pública, imposibles de encubrir debido a los eventuales efectos políticos que tendría la impunidad, fundamentalmente en el exterior, han sido abordados por la justicia. Los autores materiales de los crímenes, cumplen penas bajísimas en cárceles especiales, donde gozan de todo tipo de comodidades y privilegios, lo que atenta contra el principio de igualdad ante la ley.
Contrariamente, quienes lucharon contra la dictadura, por justicia y dignidad, son castigados con condenas severas en cárceles de máxima rigurosidad, sin acceso a los beneficios de que gozan los militares. Esta situación, no ha cambiado en el gobierno de Michelle Bachelet, lo que resulta paradojal dado que su padre, un general constitucionalista de la Fuerza Aérea de Chile, fue torturado por sus propios compañeros de armas causándole la muerte tras el golpe militar de 1973.
La anuencia del gobierno, sumada a la persistente complicidad de los tribunales de justicia y los medios de comunicación, han generado las condiciones para favorecer a los violadores de los derechos humanos. Contrariamente, desatan permanentes campañas de desprestigio contra aquellos que se opusieron con las armas a la dictadura. Un ejemplo claro es el de los supuestos lautaristas que habrían cometido un asalto a un Banco, que culminó con un carabinero muerto. Los familiares de los acusados – ya condenados por la prensa – han denunciado un montaje. No obstante, la campaña surtió el efecto esperado: los diputados y senadores cuestionaron los indultos otorgados a los prisioneros políticos y exigieron control y vigilancia para ellos.
En el sur del país, los mapuches son permanentemente perseguidos y encarcelados. Los tribunales de justicia, aplican las leyes pinochetistas contra el terrorismo, que buscan salvaguardar los intereses de las empresas forestales y de los terratenientes que en el pasado despojaron de sus tierras al pueblo mapuche. Es el “estado de derecho” clasista y excluyente, que defiende la Concertación. El mismo que presentan como garantía para lograr la extradición de “Salvador”.
Sin duda, son muchos los que entregaron todo - incluso sus vidas - en la lucha contra la dictadura y por la libertad de otros pueblos. De manera incomprensible, en Chile siguen siendo perseguidos, encarcelados u obligados a vivir un exilio permanente. Un caso emblemático, es el de Sergio Apablaza.
Los objetivos de la Concertación son claros: en lo táctico, utilizar a los luchadores más decididos contra el sistema para negociar la impunidad de los genocidas, con la derecha y los militares, además de lograr acuerdos espurios para tapar la corrupción y los descalabros en el plano social. En lo estratégico, neutralizar a los revolucionarios que pueden asumir posiciones de liderazgo en la lucha contra el sistema y en la construcción de una alternativa al capitalismo neoliberal.
Por ello, oponerse a que le den estatus de refugiado a Sergio Apablaza significa situarse al lado del pinochetismo, es avalar las violaciones a los Derechos Humanos, además políticamente inmoral.
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