sábado, 8 de diciembre de 2007

Diciembre de 1976. Parte de Cadena Informativa


Rodolfo Walsh

Crónica del terror

Mil fusilados, veinte mil presos o desaparecidos y trescientos mil exiliados son las cifras que se manejan en el extranjero sobre la situación argentina desde el 24 de marzo. El 18 de noviembre el ministro del Interior, general Harguindeguy, calificó de ‘demencial’ la segunda de esas cifras y alegó el ‘secreto militar’ para no dar la verdadera.

Confirmó así las sospechas de que el gobierno no da cifras ni nombres de detenidos para mantenerlos como rehenes que son fusilados en imaginarios enfrentamientos. Fuentes judiciales han revelado de qué modo se llega al total de veinte mil presos o secuestrados. Solamente en los juzgados del Gran Buenos Aires se registra un promedio mensual de cuatrocientos recursos de hábeas corpus (desaparecidos), y otro tanto en el interior del país, lo que eleva el promedio a ochocientos. En más de la mitad de los casos, sin embargo, los familiares de los desaparecidos no se presentan a la justicia por temor. Mil seiscientas desapariciones, en nueve meses, ascienden casi a quince mil, que sumados a los cinco mil presos existentes desde el 24 de marzo dan la cifra que rechaza Harguindeguy.

Los datos de exiliados que llegan del extranjero son alarmantes. Sólo en Madrid y Barcelona hay decenas de millares de argentinos expulsados por el terror. Las colonias argentinas se han multiplicado en los Estados Unidos, Perú, Venezuela, México y países europeos, inclusive Suecia.

Fusilan rehenes.

En noviembre, la dictadura militar anunció haber matado a ciento cuarenta guerrilleros, en supuestos combates. Más de la mitad de esos combates han consistido en fusilamientos de activistas sindicales o estudiantiles detenidos.

Fuentes policiales revelaron a Cadena Informativa el método para saber, a través de la lectura de los comunicados militares, si se trata de un combate o de un fusilamiento. En este último caso, los ‘combates’ se producen en descampados y en horas de la madrugada, y no se dan los nombres de los muertos, ya que ellos figuran en las listas de detenidos que circulan internacionalmente.

La zona de La Plata fue escenario de la más violenta represalia después que una bomba colocada en la Jefatura de Policía el 9 de noviembre mató a cinco policías e hirió a quince, entre ellos cinco jerarcas.

El jefe de Policía, coronel Camps, fijó en cincuenta y cinco el número de rehenes a fusilar y las ejecuciones comenzaron la madrugada siguiente: ocho en La Plata y ocho en Tolosa y City Bell. El 11 de noviembre se ejecutó a siete más en La Plata. El 12 fueron fusilados cuatro en La Plata y cuatro en Tolosa. En la madrugada del 13 se fusiló a seis en el barrio Las Quintas. El 14 fueron ejecutados en Punta Lara tres activistas obreros. El 15 otros cinco en Los Hornos. El comunicado sobre este hecho dijo que los cinco guerrilleros se desplazaban apelados en un Fiat 128, en la madrugada, y al sostener un tiroteo, una bala impactó el tanque de nafta incendiando el coche y carbonizando a sus ocupantes. No menos inverosímil resultó el 16 la tentativa de ‘copamiento’ de la subcomisaría de Arana en que se completó con diez fusilamientos la cuota fijada por Camps. De ninguno de estos cincuenta y cinco muertos se han dado los nombres.

Por los mismos días en que el coronel Camps completaba su represalia, el coronel de las SS nazis, Herbert Kapler, agonizaba en una cárcel de Italia y el pueblo italiano protestaba contra el proyecto de dejarlo en libertad. Igual que Camps, Kapler fijó una cuota de diez por uno después que una bomba en la jefatura de policía nazi en Roma mató a treinta y tres de sus hombres en marzo de 1944; las 335 víctimas fueron masacradas en las Cuevas Ardeatinas.

No es la única semejanza que los observadores empiezan a encontrar entre el nazismo y la dictadura argentina. El 27 de septiembre la revista española Cambio 16 publicó una nota titulada ‘Ochenta zapatos vacíos’ en que se comparaba el centro de torturas de Campo de Mayo con los campos nazis de concentración, hasta en el detalle de las ropas de los ejecutados que se van acumulando.

El 22 de noviembre el ministro Harguindeguy introdujo un toque de racismo al proponer que los millones de colonos blancos reaccionarios que escapan del África vengan al país, mientras fuerzas de Aeronáutica entraban en la Villa de Retiro, matando a tres villeros, y se rastrillaban las villas del Gran Buenos Aires pobladas por paraguayos y bolivianos. ¿’Solución final’ para el problema de los inmigrados latinoamericanos?

Prohibido informar

El diario La Opinión reveló a mediados de noviembre una lista de temas sobre los que está prohibido informar. Incluyen hechos subversivos y bajas en las Fuerzas Armadas y policiales. Entre los primeros figuran un tiroteo con guerrilleros que costó la vida a dos miembros de Seguridad Federal en Flores el 17 de noviembre, el desarme de la guardia de camineros en la papelera Massuh de Quilmes, el 19, dos muertos y cuatro heridos graves de la Policía Federal al desactivar bombas cazabobos en locales abandonados por la guerrilla, y centenares de actos de sabotaje. Una explosión en un polvorín de Ejército, que costó la vida a un oficial, y otra en el Arsenal Naval de Azul donde murieron tres marinos y ocho resultaron heridos, fueron presentados como accidentes.

La censura impidió entre otras cosas que el país se enterase del proyecto del senador norteamericano Edward Kennedy de acusar al gobierno argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, de la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de condenar a la Argentina y Rhodesia, del secuestro de un nuevo diplomático cubano y del brote de aftosa surgido en la provincia de Buenos Aires.

Más de tres millones diarios gasta la dictadura para combatir a la guerrilla. Cada guerrillero muerto cuesta un millón de dólares.

No sólo los sectores obreros, que soportan los sueldos más bajos de la historia, sino los empresarios nacionales agobiados por los impuestos y la caída de las ventas, se preguntan si el precio no es demasiado caro, sobre todo cuando aparecen signos de que la corrupción atribuida a Isabel Martínez se ha multiplicado después de su caída. La estafa a los ahorristas en el juego de la Bolsa asciende ya a centenares de millones de dólares, mientras un cable de Roma atribuye a los marinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica el cobro de una coima de 2.400.000 dólares en la compra de reactores canadienses.

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Diciembre de 1976

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