APROBADA LA LEY DE BOSQUES.

Hecha la ley,¿hecha la trampa?

Eclipsada por las denuncias de corrupción en el congreso, y tras varias idas y vueltas, incluído un parate de prácticamente un año, la cámara de senadores resolvió la aprobación de la llamada Ley de Bosques, sujeta a modificaciones de su versión original. Ahora, tanto la implementación como sus recursos abren un nuevo frente de conflicto.

Gracias a la irrupción de la biotecnología, presentada bajo la forma de semillas más resistentes a plagas o con mayor tolerancia a lo que fue en algún momento un clima hostil para las oleaginosas, nuestro país se convirtió en un fiel ejemplo del corrimiento de la frontera agraria. Las provincias más comprometidas son Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Formosa y Santiago del Estero, donde, según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en los últimos cuatro años, los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, lo que equivale a 280.000 hectáreas por año.

En este contexto, y bajo una suba de las luchas medioambientales que recorren a lo largo y ancho el país, se aprobó de forma definitiva la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. El proyecto de ley fue presentado hacia fines del año pasado por el diputado y ex periodista Miguel Bonasso, integrante del bloque Diálogo por Buenos Aires, apoyado por diferentes organizaciones campesinas y sociales, entre ellas el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA).

En marzo de este año, la cámara baja le dio media sanción y la giró a senadores, donde el proyecto durmió durante más de seis meses gracias a la pelea dada a favor de los lobbys sojeros, paradójicamente, por diputados de las provincias más afectadas. A la par, la fundación Greenpaece lanzó una campaña en la que logró recolectar un millón cuatrocientos mil firmas solicitando la aprobación de la ley y el freno del desmonte.

Si bien el hecho de que una ley de estas características sea aprobada es un avance que hay que destacar, ya surgieron varios interrogantes sobre la posibilidad real de su implementación. Si bien detiene por un año el desmonte, mientras establece un ordenamiento territorial diferenciando tres áreas de protección de montes nativos - alto valor de conservación, que no podrán ser talados; mediano valor de conservación, que tampoco podrán ser sometidos a tala; y los bosques que admiten transformación parcial- durante ese tiempo los gobiernos provinciales deberán relevar que cantidad de superficie arbolada dispone cada distrito. Una vez cumplido este plazo estas mismas autoridades, acusadas de retrasar y promover modificaciones a favor de los lobbys sojeros, serán las encargadas de emitir los permisos correspondientes para continuar la tala, ahora de manera discriminada.

Pero las objeciones no terminan ahí. La iniciativa también establece un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con recursos del Presupuesto Nacional en una proporción no inferior al 0,3% más lo obtenido mediante la recaudación del 2% de las retenciones a las exportaciones de origen agrícolo-ganadero. Este fondo, que rondará los mil millones de pesos anuales, se destinará en un 70 por ciento a compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos, sean públicos o privados, generando algo similar a un premio por cumplir con una ley nacional. Mientras tanto, el 30% restante quedará en manos de las gobernaciones provinciales, con la intención se que sean utilizadas para desarrollar una red de monitoreo sobre los bosques nativos.