Sumario
Muerte, silencio e impunidad en el caso Febres
La absolución de Gelso y Rodríguez, una victoria popular
Policías con licencia para torturar
Campesinos paraguayos: refugio sí, extradición NO
Documento:
6º aniversario de la rebelión popular del 20 de diciembre
Próximas actividades
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Febres: el silencio de los culpables se garantiza con cianuro
El ex Prefecto Héctor Antonio Febres murió envenenado con cianuro . Así lo aseguró el perito que realizó la autopsia sobre el cuerpo del genocida, que apareció muerto la mañana del lunes 10 de diciembre, cuatro días antes de la fecha fijada para dar a conocer su sentencia , en la habitación de la Base de la Prefectura Naval de Tigre donde se encontraba detenido . ¿Suicidio o asesinato? Todo indicaría que se trató de un asesinato, ya que según el perito "nadie se suicida con tanta cantidad (de la sustancia letal)". Lo cierto es que Febres murió impune y se llevó a la tumba toda la información que poseía sobre los detenidos-desaparecidos en la ESMA, el destino de los chicos apropiados que allí nacieron y, por supuesto, la responsabilidad de sus pares de la Marina y la Prefectura sobre los crímenes que tuvieron lugar en ese campo de concentración.
Este feroz represor, que actuó durante la última dictadura en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), estaba siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por aplicación de tormentos a los ex detenidos-desaparecidos Carlos Lordkipanidse, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Alberto García y Alfredo Margari. Ahora ese tribunal deberá rendir cuentas por haber mantenido a Febres detenido en una unidad de la Prefectura, con el argumento de "garantizar su seguridad", y rechazando sistemáticamente los reclamos de la querella de que se lo trasladara a una cárcel común.
La jueza que investiga el caso, Sandra Arroyo Salgado, caratuló la causa como "muerte dudosa". Pero para Adriana Calvo, de la Asociación de ExDetenidos-Desaparecidos, no hay dudas: " Se trató de un asesinato con un claro mensaje mafioso. Lo necesario (la dosis mínima) para matarse hubiera sido más difícil de detectar. La excesiva cantidad de cianuro hallada en el cuerpo nos está diciendo `no tengan dudas, lo matamos'" explicó a este boletín. De esta forma, el mensaje estaría dirigido a todos los que, como Febres, tuvieran la oportunidad de "prender el ventilador", brindando información sobre los crímenes de la dictadura. Desde que se conoció la noticia de la muerte de Febres, varios de los querellantes habían sugerido que el prefecto probablemente tuviera intenciones de develar algunas verdades en las palabras finales que todo acusado tiene derecho a pronunciar antes de la lectura de su sentencia. " ¿Por qué estoy yo solo acá?", dicen que se quejaba Febres desde el banquillo de los acusados.
De esta forma, su muerte significa no solo la impunidad en los cuatro casos por los que se lo juzgaba ahora, sino en los de otros cientos de delitos por los cuales estaba acusado (y que incluían homicidios, desapariciones forzadas y sustracción de menores) y en todos aquellos casos que involucraran al personal de la ESMA de los que Febres podía dar cuenta. Esto demuestra además la inviabilidad de estos juicios parciales, contra un solo represor y por solo algunas de sus víctimas -en lugar de realizarse por centros de detención y por todos los compañeros secuestrados allí-, y provocan que la muerte del único acusado frene todas las acciones legales. "Si todos los denunciados en la causa ESMA hubieran ido al mismo juicio, que tendría que haber sido éste, el hecho de que hubiera fallecido uno, como ha ocurrido en otras causas, no habría detenido el curso de la justicia" , dijo Carlos Lordkipanidse en declaraciones a Anred. En definitiva, este desenlace es responsabilidad del Estado, desde el anterior hasta el actual gobierno K (que debe garantizar la seguridad de cualquier detenido), hasta la Prefectura y los jueces intervinientes. Por eso, seguimos exigiendo ¡Juicio y Castigo a los genocidas! ¡Cárcel común para los represores! ¡Unificación de los juicios por centros clandestinos!
Se logró la absolución de dos luchadores populares
El pasado jueves 22 de noviembre los compañeros Francisco Luis Gelso y Daniel Eduardo Rodríguez fueron absueltos en el juicio que se les seguía por "haber impedido el normal funcionamiento de los transportes por tierra al cortar el tránsito vehicular", en una marcha realizada el 18 de julio de 2005 , en la que más de 1500 personas marcharon desde Puente Saavedra hasta la Quinta Presidencial de Olivos en demanda de mejoras en los planes sociales. Este fallo es producto de la movilización de los diversos sectores que se solidarizaron con estos compañeros y de la defensa legal de ambos (en la que CORREPI SUR representó a Rodríguez), y significa un paso adelante en la lucha contra la criminalización de la protesta.
El caso de Gelso y Rodriguez fue un claro ejemplo de la política de judicialización y criminalización que lleva adelante el gobierno, ya que la causa se inició simplemente por el reclamo de las distintas organizaciones que en esa actividad se movilizaron a la quinta presidencial exigiendo mejoras sociales, sin que existiera el más mínimo incidente para "justificar" una causa penal. La persecución a estos compañeros tampoco fue casual, sino que tuvo su razón de ser en que ellos son referentes de la lucha social en la zona norte del Gran Buenos Aires: Daniel Rodríguez es delegado gremial del Frigorífico Tango Meat, que hace años está en conflicto con la patronal por la persecución y despido de más de 20 trabajadores, mientras que Luis Gelso es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de zona norte.
En este caso se pudo lograr la absolución, pero no debemos olvidar que existen más de cuatro mil compañeros imputados en causas penales relacionadas con la protesta social, a los que se les aplican distintas figuras penales con el único objetivo de perseguir, criminalizar y desactivar la lucha, tildando a cualquier luchador de "delincuente" y demostrando que cualquiera que se rebele puede terminar en la cárcel. Para enfrentar esta política, la única respuesta sigue siendo la unidad, la organización y la lucha, en los tribunales y en la calle, con la amplia solidaridad de las distintas organizaciones del campo popular. Una vez más repetimos que movilizarse, reclamar y luchar no es ni puede ser considerado un delito. Si tocan a uno, nos tocan a todos ¡Basta de persecución y represión!
Golpear, tajear y asfixiar a un detenido no es tortura
El 30 de noviembre pasado se conocieron los fundamentos por los cuales el principal Carlos Fabián Chávez y dos suboficiales, Guillermo Oscar Morini y Víctor Pablo Barrionuevo, fueron absueltos en el juicio que se les siguió por torturar a un detenido . El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideró, por mayoría, que no se trató de torturas sino de "severidades", una calificación menor que les permitió declarar prescripta la acción contra dos de los acusados, mientras que al tercero, que no pudieron liberar de responsabilidad penal, lo declararon absuelto por falta de pruebas, a pesar de haber sido reconocido en rueda de detenidos y de haber mentido en su descargo, según se acreditó en la causa . De este modo, el caso de José Luis Ojeda, un empleado civil del Ejército que fue detenido en una de las típicas razzias policiales en el Bajo Flores y que fue golpeado, tajeado con un cutter y asfixiado en un inodoro sucio, quedó impune.
El hecho ocurrió el 15 de febrero de 1996 en la comisaría 34ª, en la que actuaban los policías acusados -la misma que años después, en 2002, fue el escenario del caso Demonty-. Ojeda fue detenido junto a otras cinco personas, mientras jugaban al fútbol en una cancha del barrio. Fueron trasladados a esa seccional y ante las protestas de Ojeda, decidieron apartarlo del grupo y cobrarle su atrevimiento con golpes, cortes profundos en los brazos y practicándole el "submarino" en un inodoro lleno de materia fecal. Pero mientras la opinión de uno de los jueces, Daniel Morin, fue que este accionar constituía la comisión de torturas (proponiendo por ello la condena a ocho años de prisión), los otros dos, Gustavo Pablo Valle y Juan Facundo Giudice Bravo, coincidieron en la carátula de "vejaciones" o "severidades" planteada por el fiscal Oscar Ciruzzi. Incluso uno de ellos, Giudice Bravo, llegó a poner en duda las lesiones cortantes, argumentando que podrían haber sido autoinferidas, y a pesar de que el médico forense había afirmado que heridas de esa profundidad sólo podrían haber sido producidas por terceros. Por su parte, Valle dijo que dichas lesiones fueron "de carácter leve", y agregó que habría que tener en cuenta "que la duración (del castigo) no fue más allá de algunos minutos dentro del calabozo y que la humillación no trascendió el ámbito de los propios participantes ", como si tal cosa redujera la gravedad de los hechos.
Lo cierto es que hoy, a menos que la Cámara de Casación revierta el fallo según la apelación de la querella, de la cual CORREPI SUR forma parte, estos policías seguirán gozando de su licencia para torturar a los detenidos. Esta resolución del Tribunal no significa otra cosa que la continuidad de la garantía de impunidad judicial que, mediante diversos mecanismos, como la caratulación como vejaciones o severidades y la eternización de las causas para lograr la prescripción, sostiene la práctica habitual de la tortura en la actualidad.
No a la extradición de los seis campesinos paraguayos
El juez federal Ariel Lijo resolvió hacer lugar al pedido de extradición del gobierno paraguayo sobre los seis dirigentes campesinos de ese país, acusados sin prueba alguna de participar del secuestro de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas . De este modo, a la injusta prisión que sufren los compañeros Agustín Acosta Gonzáles, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Jiménez, Aristides Vera Silguero y Gustavo Lezcano Espínola desde hace un año y siete meses en el penal federal de Marcos Paz, y a la negativa del gobierno argentino de otorgarles refugio político en su calidad de perseguidos, se suma ahora este fallo que complica aún más su situación.
Pero la decisión del juez Lijo no es caprichosa, sino que se enmarca en la política de criminalización de la protesta a nivel nacional y regional , desconociendo al mismo tiempo el Tratado de Montevideo que prevé la facultad de nuestro país de dar asilo a perseguidos políticos extranjeros. Si el Plan Cóndor fue durante los años 70 la herramienta de las dictaduras sudamericanas para coordinar la persecución a los luchadores, acciones como ésta demuestran al menos la intención de "no pisarse el poncho" entre quienes quieren gobernar ahora nuestros destinos en la región . Entre otras medidas, la aprobación de leyes antiterroristas en varios países hermanos es uno de los ejemplos más claros en materia de coordinación represiva a nivel continental.
En el caso de Paraguay, la política de persecución a los luchadores es una constante, con asesinatos, secuestros, torturas y más de dos mil personas enjuiciadas por razones políticas. Además, el partido gobernante se mantiene en el poder desde hace sesenta años, incluidos los 35 años de dictadura del General Stroessner, con un cómplice y corrupto Poder Judicial y con una absoluta hegemonía en el plano político. La organización a la que pertenecen los seis líderes campesinos (el partido Patria Libre), ha sufrido y sufre una abierta cacería, especialmente desde el año 2002 con el secuestro, orquestado desde el gobierno, de los principales referentes de la organización: Juan Arrom y Anuncio Martí. Estos dirigentes fueron detenidos y torturados durante 14 días, en un operativo en el que habrían estado involucrados el Fiscal General de Estado, el ministro de Justicia, el ministro del Interior y varios policías . Incluso el propio presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos hizo explícitas sus intenciones al declarar que está dispuesto "a aniquilar hasta el último residuo de Patria Libre de la sociedad paraguaya ".
En este contexto, es evidente que las acusaciones contra los seis compañeros no sólo son una excusa para perseguir y encarcelar a los luchadores, sino que éstos no tienen ninguna garantía de que se respete su derecho de defensa ni su integridad física o su vida . Tal como escribieron en una carta abierta desde el penal de Marcos Paz, están presos "por pensar, por querer ser libres, por luchar por la Patria , por denunciar injusticias y por repudiar a los yanquis ". Por todo esto, exigimos el refugio político ¡YA! para los seis campesinos paraguayos. ¡NO a la extradición!
DOCUMENTO: 6º aniversario de la rebelión popular
19 y 20 de diciembre: la lucha continúa hasta echarlos a todos
Dos años después de la asunción de De la Rúa -que inauguró su política represiva con la masacre del puente Chaco-Corrientes dejando dos muertos y más de 50 heridos de bala-, la economía argentina se encontraba en una gran depresión y el gobierno de la Alianza se hundía por sus políticas entreguistas y sus escándalos de corrupción, al mejor estilo de la era menemista.
El anunciado blindaje económico, que supuestamente le daría aire a ese gobierno para seguir maniobrando, duró menos que un suspiro y mientras el índice de desocupación llegaba al 20 por ciento, las políticas económicas dictadas por el presidente significaban más ajuste para nuestro pueblo. Las medidas económicas anunciadas por López Murphy generaron un repudio tan grande que aceleró la salida del entonces ministro de Economía. Pero la llegada de Domingo Cavallo no hizo más que profundizar esa crisis, y, "corralito" mediante, las capas medias se unieron a las luchas que venían siendo protagonizadas por los sectores más empobrecidos. Como respuesta a la crisis se profundizaron los paros y movilizaciones de los trabajadores ocupados, en repudio al creciente desempleo y al deterioro de las condiciones laborales, mientras que los sectores desocupados organizados en el movimiento piquetero intensificaron sus reclamos de trabajo y planes sociales.
En ese contexto, el 19 y 20 de diciembre de 2001 estalló la rebelión popular que se venía gestando al calor de esas políticas de hambre, desocupación y represión del desgastado gobierno "progre" de la Alianza. El pueblo salió a las calles y en esas dos heroicas jornadas, echó por tierra a una gestión y a la concepción burguesa que sostiene que "el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes".
Efectivamente, el establishment vivía una verdadera crisis de representación política y social, y al ver amenazada su inmaculada gobernabilidad dio luz verde a la Policía Federal y demás fuerzas represivas para "meter bala" contra la dignidad de un pueblo que resistía al Estado de Sitio.
Más de 30 compañeros murieron asesinados por el gobierno en las intensas luchas que se dieron en todo el país. Uno de ellos fue nuestro compañero Carlos "Petete" Almirón, que fue alcanzado por una bala policial en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, cuando se encontraba junto a nuestro pueblo, al frente de la lucha callejera.
Minutos después de anunciar su renuncia y con la cobarde huida en helicóptero de De la Rúa, se intentó desde el poder poner paños fríos para recomponer la gobernabilidad. Sin embargo, mientras se iban sucediendo efímeros presidentes que duraban pocas horas en el poder, en el seno de nuestro pueblo se iban multiplicando las asambleas populares, nacían las experiencias de las fábricas recuperadas y crecía y se fortalecía el movimiento piquetero. Eran días donde ningún representante del establishment podía caminar tranquilo por las calles sin correr el riesgo de ser escrachado.
Tras una estrepitosa sucesión de tres presidentes en solo 10 días, Duhalde vino a intentar frenar estas nuevas experiencias de lucha y a recomponer la "gobernabilidad" perdida. Sin embargo, sus promesas de devolver el dinero a los ahorristas en su moneda original y de terminar con la pobreza se desvanecieron al tiempo de haber asumido. Así como su llegada al poder fue una consecuencia directa de la rebelión popular del 2001, también lo fue su anticipada salida. La Masacre del Puente Pueyrredón fue el punto más alto de su planificada política de destruir, criminalizar e ilegalizar a las organizaciones en lucha. La jugada le salió mal y también debió irse por la puerta trasera.
El gobierno kirchnerista comprendió perfectamente que la crisis del 2001 no estaba terminada, y por esa razón implementó su política de "cambiar algo para no cambiar nada". Así fue como el presidente Kirchner intentó subirse a los justos reclamos populares y se convirtió en un verdadero especialista en el arte de vender humo. Quiso apropiarse de luchas y reivindicaciones que le eran totalmente ajenas: así nació el autoproclamado "Gobierno de los Derechos Humanos", que al mismo tiempo que batía record en cantidad de presos políticos, salía a vender al mundo como logros propios las anulaciones de las leyes de punto final y obediencia debida y, posteriormente de los decretos de indulto.
Un gobierno que, mientras reprimía con métodos propios de la dictadura a los trabajadores petroleros de Las Heras, anunciaba en Buenos Aires la creación del Museo de la Memoria en el campo de la ESMA. Un gobierno que, mientras descolgaba el cuadro del genocida Videla en el Colegio Militar, seguía amparándose en la policía del gatillo fácil. Un gobierno que, mientras se victimizaba ante el secuestro y desaparición del compañero Jorge Julio López, mantenía impune y actuando al aparato represivo del Estado, justamente el mismo que secuestró a nuestro compañero. Un gobierno que, mientras se disfraza de popular pretende asegurar su gobernabilidad mediante el vergonzoso Pacto Social y aprueba en el Congreso leyes antipopulares como la Ley Antiterrorista.
Sin embargo, el hecho de que se hayan "quedado todos" no puede bajo ningún concepto echar por tierra la gloriosa rebelión popular del 19 y 20 de diciembre ni mucho menos sostener que la crisis está cerrada y superada. Por el contrario, debemos tomar como ejemplo la gesta del 19 y 20 y profundizar ese camino desde la unidad, la organización y la lucha, hasta echarlos a todos.
Próximas Actividades
17 de diciembre, 17 hs, plaza de la estación Lanús: Acto Homenaje a Carlos "Petete" Almirón. Organiza Multisectorial "CHAU POZO" y Coordinadora Antirrepresiva Carlos "Petete" Almirón.
20 de diciembre, 17 hs. Plaza Congreso. Marcha a Plaza de Mayo por el 6º aniversario de la rebelión popular
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Para contactarnos:
Correpi Sur se reúne todos los martes a las 20 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Corrientes 1785 2º "C", capital (teléfono: 4371-8066).
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En zona sur nos encontrás todos los miércoles a las 20 horas en la reunión de la Multisectorial "Chau Pozo", en el Centro Cultural y Comunitario " La Toma ", República Árabe Siria 75 2º piso (Estación de Lomas de Zamora)
Los sábados entre las 10 y las 12 horas escuchá la columna de Correpi Sur en el programa "Rompecabezas" (FM La Boca , 90.1).
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BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ
CÁRCEL EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
FRENTE A LA REPRESIÓN :
¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
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