Rechazan el reclamo de 7000 jubilados por la movilidad

Rechazan el reclamo de 7000 jubilados por la movilidad

Una jueza de primera instancia rechazó hoy el amparo colectivo presentado por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, con la firma de más de 7000 jubilados contra la liquidación de la movilidad jubilatoria que afecta a más de 2,7 millones de beneficiarios a los que la medida oficial les recortó los aumentos de haberes que les correspondían por la actualización del 11,56% correspondiente al tercer trimestre del año pasado.
Con este fallo que, según anunciaran Semino y los demás abogados patrocinantes, será apelado de inmediato, la jueza se coloca en el terreno del gobierno con la excusa de que cada uno de los que reclaman lo hacen por un porcentaje diferente vinculado con el haber que cobran y que, por lo tanto, tienen que realizar el reclamo por separado. Con este criterio, la jueza se pronuncia por la práctica eliminación de toda acción colectiva, ya que los distintos porcentajes de despojo a cada jubilado, no quitan que todos están afectados por el mismo decretazo oficial.
Como destaca Adrián Tróccoli, uno de los abogados querellantes, respondiendo a estos argumentos de la jueza, si la Corte Suprema hubiera seguido su criterio, volcado en este fallo, “en 2018 no hubiera suspendido el aumento de las tarifas de gas. Claramente no todos pagábamos lo mismo, no todos teníamos el mismo subsidio y ni siquiera todos tenemos gas".
La jueza plantea una alternativa que, en la práctica, bloquea la posibilidad de realizar el reclamo de un derecho legal y legítimo de 2,7 millones de jubilados ya que esa masa de beneficiarios debería realizar demandas que, por sus montos individuales -menores para una causa y muy importantes para quien no llega a fin de mes-, difícilmente pueden convertirse en un juicio. La magistrada añade una aclaración que aparece como colocada para desalentar juicios y es que “hay que ver” en qué “medida dicho menoscabo (lo que reclama el jubilado) supera el límite de confiscatoriedad establecido por la Corte Suprema”.
Todos los jubilados perdieron el año pasado casi el 20% del poder de compra contra la inflación y el gobierno decidió que a todos aquellos que ganen desde la miseria de $16.195 se les recorte una parte creciente del aumento del 11,56% que les correspondía, en nombre de una particular “solidaridad” –que el gobierno no le pide a los banqueros que se “la llevan en pala”, a las mineras, las petroleras, ni a la oligarquía-, por la cual estos jubilados, que no llegan a cubrir la mitad del costo de la canasta del adulto mayor, ven recortados sus haberes con la excusa de “darle más” a los que ganan la mínima.
Esto, además, cuando el plus que recibieron los que cobran la mínima respecto de lo que le hubiera correspondido por la movilidad es de $197 mensuales: una verdadera estafa.
Solo el golpe del mes de marzo supone un “ahorro” de $5.100 millones mensuales para el Tesoro que se incrementarán al doble –unos $100 mil millones en el año- si el gobierno decide pegar un zarpazo similar en junio.
Una gran estafa que debe ser enfrentada en las calles por los jubilados y los trabajadores –futuros jubilados- con la consigna clara de defensa de la movilidad, en el marco de la lucha por el 82% móvil para todos los jubilados.

Nelson Marinelli