La crisis de deuda fue (no podía dejar de ser) el primer eje del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones legislativas en el Congreso.
Además de catalogar la deuda externa de insustentable, el Presidente criticó el hecho de que fue contraída “sólo para beneficio de los especuladores y prestamistas”. Tras volver a asegurar que con ella se financió la fuga de capitales, anunció una investigación para identificar “quiénes permitieron que eso suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”.
Pero resulta que no es ningún secreto quiénes fueron los principales beneficiarios del hipotecamiento del país: los grandes fondos de inversión internacionales, como Pimco, Blackrock, Templeton y Fidelity. El propio Martín Guzmán aseguró recientemente que los títulos emitidos fueron diseñados a medida de estos pulpos financieros. Es el rescate de esta deuda fraudulenta, la tarea asumida como principal por el gobierno de Fernández.
Las versiones que se barajan en los medios financieros sobre la oferta que realizará el gobierno a los bonistas estiman que las posibles quitas de capital e intereses rondarán el 15 o 20%, es decir que significaría un reconocimiento por el doble del valor que cotizan esos bonos en el mercado, que promedia un 40% del valor nominal. Al FMI, que fue el garante necesario para concretar este fabuloso enjuague financiero, le reconocerán la totalidad del capital.
Para colmo, Alberto Fernández definió que en el rumbo que adoptará la Argentina hacia el futuro “no sólo debemos evitar la dependencia económica de la deuda, sino también la dependencia intelectual”. Lo dice cuando estamos en las vísperas de una nueva misión de los funcionarios del Fondo Monetario en el país, y tras comprometerse con Georgieva a ponerse bajo la supervisión del organismo (en los términos del famoso artículo IV de su estatuto).
Ante la Asamblea Legislativa, Fernández saludó a la oposición por la aprobación de la Ley de Sustentabilidad de la Deuda que implica un cheque en blanco para ejecutar este rescate. En ese marco, afirmó que el tratamiento y la aprobación parlamentaria en materia de endeudamiento es la garantía para decirle “nunca más a un endeudamiento insostenible, nunca más a decisiones que se toman en perjuicio del pueblo, nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan y dejan tierra arrasada a su paso”. Es un fraude, porque desde el Pacto Buitre a la sanción del Presupuesto dictado por el FMI el macrismo contó con los votos necesarios por parte del PJ, el massismo y el kirchnerismo, que hoy conforman el oficialista Frente de Todos.
Agreguemos a estas imposturas que en estos primeros 81 días de gobierno ha seguido aumentando la deuda pública en miles de millones de dólares, principalmente por los títulos que el Tesoro enchufa al Anses y al Banco Central, y siguiendo por el canje de los bonos en pesos. En ese terreno, para revertir el fracaso de las últimas licitaciones, el viernes el gobierno adelantó en Boletín Oficial que tomarán a “valor técnico” (nominal) títulos que cotizan en el mercado por debajo de la mitad de ese número.
Por lo demás, el fantasma del default sigue sobrevolando. El éxito de Guzmán en lograr la adhesión de los bonistas a la oferta de reestructuración no está ni mucho menos asegurado. Tras la euforia gubernamental por el supuesto apoyo del FMI al planteo sobre la insostenibilidad de la deuda, un vocero oficial del organismo afirmó que solo han comenzado las “discusiones” entre el país y el Fondo, pero aún no las “negociaciones”. Aún el “logro” de una reestructuración sería, además de una enorme carga financiera, a cambio de ofrendar como garantía el saqueo de los recursos naturales del país y de un mantenimiento de la parálisis industrial para evitar un incremento de las importaciones.
La pose crítica de Fernández no llega a esconder el rumbo de sometimiento de su gobierno al capital financiero.
Iván Hirsch
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