La economía se va deteniendo a pasos agigantados. El parate derivado del Covid 19 tiene dos vertientes. Por un lado, las restricciones de las actividades productivas, deportivas, culturales y de todo tipo; y, por otro, el perjuicio para la salud y la vida de los trabajadores, como consecuencia de las condiciones de trabajo, transporte y vivienda. El cierre de las fronteras constituye un golpe adicional a la continuidad de la producción.
Se insiste en el peligro de infecciones que representa el tránsito de turistas, pero esto es para nada comparable con la llegada de barcos (95% extranjeros) que trasladan el 90% de las exportaciones, la semana próxima. Si se cierran los puertos, incluidos los que recorren la hidrovía desde y hacia Paraguay, no saldrán cereales ni llegarán productos de importación.
La situación se agrava para el sector de la población que está en negro -más del 36% de los trabajadores- y ni siquiera es monotributista, sino que changuea en cualquier tipo de actividad, La cuarentena que se ha dictado parcialmente en estos días, en las próximas semanas tenderá a ser total.
En cada industria y servicio, fundamentalmente a través de las bases, se está estableciendo una especie de protocolo anti coronavirus, mientras la burocracia sindical se subordina a la acción del gobierno – como lo han reiterado muchos de ellos. Esos protocolos son medidas mínimas de protección, como el reclamo de guantes, alcohol, elementos de limpieza y desinfección, barbijos etc. Es lo que ocurre en aeronáuticos, las cajeras de los supermercados y todos los cajeros del comercio, los trabajadores del Subte, los ferroviarios, los choferes. y los propios compañeros de la salud.
La crisis del coronavirus ha demostrado en forma superlativa que la clase productora es la clase obrera.
Somos los trabajadores los que tenemos que tomar en nuestras manos el destino de esta crisis, levantar un programa y organizarnos.
La primera medida es dejar de pagar la deuda interna y externa, algo que con lo cual está flirteando el gobierno, a través de un default. Esto no liberará recursos que el Estado no tiene (por eso ha caído en una cesación de pagos), pero debería permitir el desarrollo de una política económica que no esté condicionada a acumular superávits financieros y reservas internacionales, como exigen los acreedores y el FMI. Los impuestos a los grandes capitalistas (y no los subsidios que se está anunciando) y la centralización de los recursos que se creen de aquí en más, deberán ser usados para la construcción inmediata de hospitales, la compra de los kits de prueba del coronavirus, la intervención de todo sanatorio y clínica privada del país para ponerlo bajo la dirección del estado con control de los trabajadores.
La apertura de los libros de la industria farmacéutica y el control obrero deberán asegurar el incremento de la producción de los medicamentos prioritarios, a precios accesibles. Lo mismo debe hacerse con la salud privatizada, de modo que no falte atención, camas y la imprescindible terapia intensiva.
En la salud pública, jornada de seis horas para todos sus trabajadores. Incorporación de enfermeras, médicos y técnicos para cubrir nuevos turnos de trabajo, con salario y convenio. Nacionalización de la industria farmacéutica y sanitaria, para colocar todos sus recursos a la atención de la crisis.
Jornada laboral reducida sin afectar el salario en todas las actividades de atención al público -comercio, colectivos, micros, bancos, reparticiones-, rotación bajo el control de representantes obreros. Por comités electos de higiene y salubridad en todos los lugares de trabajo, con poder de veto sobre cualquier situación lesiva o riesgosa para la salud.
En el trasporte la disminución de la frecuencia y el límite de pasajeros impiden el cumplimiento de un horario fijo de entrada. Los que se desplacen a trabajar en auto deben recibir un viático equivalente a dos horas de su categoría. Las empresas deben duplicar el número de charters para posibilitar una distancia adecuada entre los trabajadores.
El decreto gubernamental dejo abierto el reconocimiento la inasistencia justificada, pero la condiciona cuando establece que el estado pague los salarios, cuyo incumplimiento llevará a suspensiones no pagas y despidos. La industria de la alimentación debe priorizar la esencialidad de determinados productos -una cosa son las golosinas y otra los alimentos básicos.
La licencia por enfermedad o tratamiento tiene que ser claramente paga –incluyendo adicionales y presentismo. El seguro al parado debe cubrir a cuentapropistas y precarizados en negro, por un monto equivalente al 82% de una canasta familiar. Ningún ajuste salarial: vigencia de todas las cláusulas de movilidad salarial o jubilatoria. Ningún despido ni suspensión.
Bono de emergencia de 10.000 pesos a los jubilados y a todas las tarjetas alimentarias y extensión de las mismas. Por un aumento de emergencia a los planes sociales y duplicación de los cupos de comida perecedera y fresca que reciben todas las organizaciones sociales y las organizaciones de jubilados.
La clase obrera enfrenta una nueva experiencia, después de la fiebre amarilla de 1878, que diezmó barrios populares enteros. Los activistas están coordinando acciones en la salud, la docencia y el transporte Mientras el gobierno prohíbe las asambleas, alegando que lo hace “en defensa de la salud”, ellas son más necesarias que nunca, al menos por secciones y el voto de un mandato a sus delegados, para un plenario. Ello impulsará el desarrollo de coordinadoras sindicales e inter-gremiales, y obligará a una acción a los propios sindicatos.
El gobierno ha salida a enfrentar prioritariamente la crisis en los términos de los capitalistas. El Congreso no lo hará mejor: no es la hora de una movilización parlamentaria, y menos cuando los parlamentarios han recibido cien mil pesos cada uno, para los subsidios de su preferencia – que será seguramente su bolsillo: es la hora de la movilización trabajadora.
Juan Ferro
19/03/2020
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