Consejo Económico y Social: un instrumento del ajuste

Alberto Fernández acaba de anunciar en su discurso de apertura de las sesiones legislativas la formalización de un instrumento que ya ha sido convocado en los hechos para hacer pasar su política de ajuste contra los trabajadores: el Consejo Económico y Social para el Desarrollo.
El mismo estaría integrado por "autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenten con el acuerdo del Senado Nacional, y cuyos mandatos trascenderán la duración de un período de gobierno. Queremos que sea el motor, no solo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, la empresa, movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica, también serán convocados", dijo Fernández. En lo esencial se trata de una mesa entre el Estado, las patronales, la burocracia sindical y los dirigentes de las organizaciones sociales integradas al Estado, que no es más que el eufemismo utilizado por el gobierno para subordinar los salarios e ingresos de los trabajadores y desocupados al acuerdo con el FMI y los bonistas privados.
La primer muestra de la lesividad de este instrumento han sido las paritarias acordadas en el sector privado, donde la burocracia ha trocado las cláusulas gatillo -que indexen los salarios a la inflación- e inclusos los acuerdos salariales en términos de porcentajes, a cambio de sumas fijas ruinosas bajo un cuestionado compromiso de congelamiento de precios. Es el caso que ha ocurrido en gremios como Comercio y Bancarios, y que el gobierno busca generalizar como política para todo el movimiento obrero.
Para justificar esta orientación, Fernández también hizo gala de una satisfacción respecto al acuerdo docente que no es tal. Anunció que "mañana comenzarán las clases normalmente en casi todo el país". Se trata de una estafa mayúscula que busca ocultar el profundo rechazo de la base docente a un acuerdo que deja el básico salarial en $23.000 mientras la canasta de pobreza supera los $40.000. Por estas razones el no inicio de clases está previsto para unas 14 provincias del país. Muy lejos de las expectativas de Alberto.
Fernández no trató de disimular el contenido reaccionario del Consejo Económico y Social, cuando reconoció su verdadero propósito. "Desde este Consejo debemos ser capaces de diseñar la agenda del futuro, ajena a la puja distributiva y a la coyuntura de corto plazo […] Hagamos pues del debate, del renunciamiento y del acuerdo, esa mejor democracia que aún nos debemos". Es decir que los trabajadores deben postergar sus reclamos y reivindicaciones, ante un crecimiento exponencial de la pobreza y la inflación –reconocidos por el propio Alberto-, sobre la base de ajustar las miras en el largo plazo y no en la coyuntura: la sustentabilidad del pago de la deuda.
El anuncio de Fernández alcanza la impostura cuando se trata de hacer gala de un acuerdo de precios inexistente. La inflación sigue siendo una variante de la economía nacional y el gobierno mismo prevé una serie de aumentos que en las tarifas que ha anunciado para el segundo semestre del año, una vez superadas las negociaciones paritarias. Sobre la generación de puestos de trabajo y la obra pública, poco y nada ha dicho, más que mencionar el punto de partida ruinoso en el cual se encuentra el país.
Los trabajadores no cuentan con ningún margen para embarcarse en una política de solidaridad cuando la mayor parte de los salarios no supera los niveles de pobreza, con casi 16 millones de personas debajo de ese indicador. A todas luces se trata de un discurso dirigido a los empresarios y al capital privado para fortalecer el compromiso de bajar las expectativas salariales y ajustar las condiciones de vida del pueblo trabajador a medida de los negocios de las patronales y el acuerdo con los bonistas privados.

Marcelo Mache