En defensa del default

Nuestro país atraviesa una coyuntura económico-social profunda y compleja, tanto por los problemas estructurales que arrastra desde hace décadas como por los últimos cuatro años de economía de mercado y negociados al por mayor.
La deuda tiene un peso social y político que condiciona toda política estatal. Aún con el apoyo del FMI a su estrategia negociadora –deuda impagable e insustentable- la debilidad negociadora del gobierno es mayor que en 2004/05. En aquel entonces se venía de un default declarado que duró tres años y medio, lo que tuvo un peso decisivo frente a los acreedores, que además estaban muy distribuidos. Hoy el país está en default virtual -combina pagos con reperfilamientos- mientras que la deuda está mayoritariamente en carteras de fondos de inversión, que después de la crisis mundial del 2008 se han concentrado y son mucho más poderosos que entonces. Coordinados, esto es sumando sus acreencias, tienen la capacidad de hacer caer todo intento de reestructuración, como lo demostraron en el reciente caso de Prov. de Buenos Aires y en el reperfilamiento del bono nacional AF20 –una suerte de casos testigos- ya que tienen la capacidad de impedir se llegue al 75% o más, según los bonos, que exigen las clausulas de acción colectiva.
En este contexto es posible funcione el acuerdo con el FMI –postergación de pagos, equilibrio fiscal por cuatro años y superávit primario del 1% a partir del 2024. Con los bonistas privados tal vez se acuerde un período de gracia de tres años con quitas de capital y postergación del pago de intereses (capitalizables) y tal vez algunos pagos anuales en efectivo. Todo pensado para que a partir del 3er. año el país pueda regresar a los mercados “voluntarios” de crédito, ya que es difícil que el saldo del sector externo genere los dólares necesarios para hacer frente los vencimientos. En síntesis volver a endeudarse para seguir pagando. En este esquema la reducción importante de los intereses y la magnitud de la quita del capital son decisivas para que la economía vuelva a crecer.
Sin embargo nada garantiza que al cabo de 5 años no tengamos una nueva crisis de deuda, se requeriría un nuevo rescate del Fondo y se corre el riesgo de ingresar en una secuencia que se realimentaría sola -rescate tras rescate, tipo Grecia- ya que los acreedores exigirán ajuste sobre ajuste para garantizar sus cobros, lo que profundizaría la recesión e impediría recuperar la economía. Pero podría ser que los poderosos fondos de inversión no acepten una quita mayor al 10%, exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el default. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría, dejando todo a merced de los buitres. Tienen experiencia saben que Argentina es “pagadora serial” y que solo sería cuestión de hacer juicio y esperar…
Pero ¿Qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declare su propio default? Esto es suspenda unilateralmente los pagos e inicie una investigación integral. Esta salida es la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún cuando la actual puede ampararse en el Derecho Internacional bajo el concepto jurídico de “deuda odiosa”, esto es aquella que no ha sido contraída a favor de quienes finalmente tienen que hacerse cargo de su repago. No hay correspondencia alguna entre el monto de la deuda de los últimos 4 años y mejoras en la infraestructura o en los servicios básicos, ni en ampliación de la capacidad productiva. Por el contrario hay evidencias de que solo sirvió para fugar recursos escasos, para pagar intereses sobre intereses y deudas sobre deudas, sin beneficio alguno para el pueblo.
Pero que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional, con el agravante que no hay ninguna explicación razonable que justifique un bono a 100 años a tasas usurarias o los movimientos que significaron la pérdida de miles de millones de dólares de reservas del Banco Central bajo la presidencias de Sturzenegger y Caputo, o porqué se vulneraron los estatutos del FMI.
En notas anteriores me he extendido sobre los costos de evitar un default y de ir a un default ordenado, no es necesario los repita ahora (ver: “¿Y si vamos al default?! Y “Pagar o no pagar, esa es la cuestión”).
Declarado esto ya no es solo un problema del país sino también de sus acreedores. Estos están cubiertos ya que el riesgo del no pago está asumido desde el momento mismo en que se emitieron bonos con tasas que más que duplicaban las de mercado –por algo tanto énfasis en el “riesgo país”. Se sabe a mayor riesgo mayores tasas.
Una opción soberana como la suspensión unilateral de los pagos y la investigación suele calificársela como una idea poco seria, solo de efectos propagandísticos, incluso en estos días deambula por los círculos oficialistas la bizarra idea de que “Es mejor un mal acuerdo que un default”. Incluso en el mensaje presidencial del reciente 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa se mencionó a posibilidad de investigar la deuda. ¿Pero si esta concluyera que la deuda es ilegal, odiosa, fraudulenta y en paralelo se la reestructuró, que pasaría?
Más allá de las intenciones resultarían concepciones funcionales a los fondos y al Fondo. Por la primera al privar al país de la posibilidad del no pago o de la suspensión unilateral de los pagos se lo deja sin el único poder efectivo que tiene un deudor, que es precisamente el peso de su deuda. Por la segunda se esconde que la investigación devendría en abstracto, ¿porque de qué valdrían los resultados de la misma si la deuda ya se reestructuró y se entregaron nuevos bonos? Tal vez poner preso al alguno, que no sería poco, pero no mucho más.
La única salida soberana efectiva y posible es la suspensión unilateral de los pagos hasta tanto se conozcan los resultados de la investigación, y se obre en consecuencia.
Conviene recordar que en la crisis está la oportunidad.

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Datos.

De acuerdo con los datos que circularon este fin de semana (Melconian, Daniel Marx, Alvarez Agis). La deuda total del Estado nacional asciende a unos 310.000 millones de dólares, de estos 110.000 están colocados en la ANSES. El FMI, BM, BID y Club de París suman unos 70.000 millones, mientras que los bonos en manos de inversionistas privados (Fondos o pequeños inversionistas) suman unos 130.000.
Con la ANSES se refinancian, con el FMI se acordaría un período de gracia por 4 años, mientras que con el BM y el BID se renegocian los créditos a medida que van venciendo, con el Club de París se renegociará la tasa, que por un mala negociación anterior y los impagos del gobierno Macri asciende a un usurario 9% anual.
El núcleo duro de la negociación está entonces en los 130.000 millones en manos privadas. De estos la mitad está emitida bajo legislación nacional y la otra mitad bajo legislación extranjera. Con los primeros el gobierno podría plantearse una reprogramación de pagos con quita del 30% y reducción de intereses.
El tema está con los 65.000 millones de bonos bajo legislación extranjera. De estos entre 20-25.000 millones son bonos viejos, Par o Discount, que provienen del canje con quita de los años 2005 y 2010, aquí las clausulas de acción colectiva son nulas o llegan al inalcanzable 85%. O se reestructuran de común acuerdo o van directamente a juicio en tribunales de NY.
Los bonos nuevos por 40-45.000 millones estos el gobierno los podría defaultear, si los bonistas se ponen muy exigentes.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda-