El derrumbe de los mercados internacionales impacta de lleno en el proceso de reestructuración de la deuda argentina, al cual ya de por sí no le faltaban agravantes. El desplome de los precios del petróleo llega luego del sabor amargo que dejó la primera ronda de negociaciones entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los cinco grandes fondos de inversión que concentran casi la mitad de los títulos bajo legislación extranjera. El riesgo país, rondando los 2.900 puntos, ha retornado a los niveles previos a la salida del default de 2001.
El gobierno de Alberto Fernández había celebrado en febrero aquel comunicado de la misión del FMI, que tras supervisar las cuentas del país respaldó la versión oficial acerca de la necesidad de una quita importante sobre la deuda que está en manos de los bonistas. Los encuentros con representantes de BlackRock, Pimco, Fidelity, Greylock y Templeton fueron sin embargo un baño de realidad, porque estos gigantes del mundo de las finanzas pusieron evidencia que la intención del Fondo Monetario no es otra que preservarse a sí mismo garantizándose un repago total.
Los fondos de inversión habrían rechazado los primeros ofrecimientos de Guzmán, que según medios periodísticos implicaban un período de gracia de tres años y una quita de aproximadamente el 30% (es decir, un reconocimiento del doble de la cotización actual de los bonos). Probablemente estos hombres de negocios hayan tomado nota que tras el fracaso en el canje del Bono Dual AF20 el gobierno mejoró sustancialmente la oferta para los bonos en pesos, aceptándolos en las siguientes licitaciones a valor nominal (o sea sin quita de capital).
Mientras tanto, parecen asomar disidencias dentro del propio directorio del Fondo sobre cómo afrontar el caso argentino. Un vocero del organismo, Gerry Rice, salió a bajarle el estatus a los acuerdos arribados por el gobierno de Alberto Fernández con Kristalina Georgieva, asegurando que las negociaciones aún no comenzaron y destacando que toda reestructuración deberá atenerse a los límites del estatuto del FMI, lo que significa que Argentina debería atenerse a firmar un nuevo programa clásico –lo que encorsetaría enormemente toda la política económica.
El lunes negro que vivieron las bolsas del mundo tras la caída del precio del petróleo sumó nuevos interrogantes. La caída de los precios internacionales del petróleo y de los granos golpea de lleno a dos rubros que representan casi el 40% de las exportaciones argentinas, poniendo en cuestión todo el andamiaje que intenta ofrecer las divisas por las venta de materias primas como una garantía del repago de la deuda. Esto sucede cuando la devaluación del real y el menor crecimiento de Brasil afectan el primer destino de exportación –que ya en 2019 compró un 8% menos-, y ni hablar de que la contracción de una China infectada por el coronavirus reduce la demanda del segundo mercado de las ventas nacionales.
El nuevo salto del riesgo país es un indicador de que para el mercado estamos más cerca del default. Para contener la presión devaluatoria sobre el peso el Banco Central tuvo que salir el lunes a vender 100 millones de dólares a pesar del cepo, porque una devaluación agudizaría todas las contradicciones que el gobierno de Fernández busca contener, empezando por la inflación y las tarifas.
La amenaza que sobrevuela en todo este cuadro es la de que las bajas cotizaciones de los bonos argentinos atraigan a los fondos buitre, especialistas en endurecer las negociaciones y llevarla a los tribunales para cobrar la totalidad de los títulos de deuda -que ellos compran por monedas. Sería un escenario de default seguro, que barrería con todo el “plan económico” oficial de Guzmán y Fernández, el cual se reduce a subordinar todas las variables a la reestructuración de la deuda.
Un empantanamiento de la negociación del gobierno nacional con el Fondo y los bonistas tiene a su vez un capítulo subordinado, pero no menos complejo. Es que todas las provincias del país abrieron un paréntesis a la espera de la renegociación nacional, algunas incluso dejando de pagar vencimientos e iniciando el período de gracia de 30 días antes de caer en default. Si el gobierno nacional no logra avances concretos, podríamos entrar en una catarata de quebrantos provinciales. En esa lista se ubican en primera fila Chubut y la provincia de Buenos Aires, que acaba de iniciar sus propias negociaciones por los bonos bonaerenses.
El pago de la deuda vuelve a evidenciar así que no solo es una gigantesca carga financiera que pesa sobre la economía nacional, sino que también expone a la Argentina a naufragar en la crisis mundial.
Iván Hirsch
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