¿Se puede vivir con $10.000 al mes?
El gobierno nacional ha salido tardíamente a ofrecer una respuesta, por demás insuficiente, para los millones de personas que se encuentran entre el universo de los más afectados por la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas. Se trata del amplio espectro de monotributistas, autónomos y trabajadores informales, que durante la cuarentena ha visto mermar sus ingresos de forma drástica. La medida anunciada consta de un subsidio económico de $10.000 destinado a, supuestamente, unos 3.6 millones de “hogares”, lo que representa un ingreso que importa sólo un 60% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, colocando a los destinatarios en la indigencia.
El subsidio se percibiría recién en el mes abril y se prevé que su ejecución podría repetirse de continuar el aislamiento general obligatorio. Se trata de un reclamo que se ha extendido entre los trabajadores comprendidos y al que el gobierno ahora responde parcialmente con una medida de corto alcance.
Sólo podrán acceder a estos $10.000 quienes en sus hogares no cuenten con ningún otro ingreso, de la naturaleza que fuera. Así, si uno convive con un familiar que percibe la jubilación mínima o es beneficiario de un programa social ($8.500), quedaría por fuera de la cobertura del Estado. Una discriminación criminal en días donde los bienes de primera necesidad, alimentos, medicamentos y productos sanitarios, adquieren un carácter indispensable para la supervivencia de la población. De allí que la cifra de unos 3.6 millones de beneficiarios –sólo entre monotributistas y autónomos se estaría arrimando a esos guarismos- diste mucho de los millones de trabajadores y trabajadoras afectados, más aún con un 40% de trabajo informal y franjas enteras de la población en la desocupación y la pobreza.
De entre los monotributistas sólo se encuentran comprendidas las categorías más bajas (A y B) dejando por fuera otras que están lejos de contar con un respaldo económico para poder afrontar los tiempos actuales. Tampoco se han implementado otras medidas como la bonificación del 100% del monotributo lo que redunda en una quita sobre los magros montos que percibirían los mismos.
Tampoco se ha dicho palabra sobre la cobertura sanitaria para monotributistas. Resulta crucial destacar que la gran mayoría de obras sociales rechazan cubrirlos, a pesar de que el pago de este componente les es ineludible. Ni hablemos de aquellos que, ahogados por la crisis, no se encuentren al día con los pagos. Desamparo absoluto que se agrava en este contexto de emergencia sanitaria.
No es la misma vara
El subsidio de gobierno para este sector de trabajadores contrasta fuertemente con las medidas implementadas para rescatar a las patronales.
A los empresarios se les ha concedido exenciones en las contribuciones patronales para los sectores más afectados; créditos blandos por un total de $350 mil millones; y la ampliación de los programas Repro, que sirven a las veces de un subsidio directo a las patronales. A su vez, el gobierno nacional les ha garantizado a los capitalistas las mayores libertades para vulnerar la cuarentena obligatoria, haciendo ir a trabajar a sus empleados por fuera de los servicios esenciales; mientras ha sido inflexible con los monotributistas y cuentapropistas que no tienen más remedio que salir a trabajar para poder ganarse un sustento económico.
Si bien el gobierno de Alberto Fernández trata de presentar estas sumas como una política de contención de los reclamos populares y de priorización de los sectores más vulnerables ante esta crisis, las cifras hablan por sí mismas. En lo que va del año el gobierno nacional lleva erogados más de $130 mil millones en el pago de la deuda y se le enciman nuevos vencimientos. Sólo la provincia de Buenos Aires, con el mando de Kicillof, viene de liquidar casi 17 mil millones de pesos en el pago de deuda externa. El paquete anunciado por el gobierno, de concretarse para la cantidad anunciada, implica unos $36 mil millones: un cuarto de lo que recibieron los bonistas privados, de parte del gobierno nacional.
El reclamo de un subsidio para los sectores más golpeados por la crisis viene siendo levantado por las organizaciones independientes como Monotributistas Organizadxs, Músicxs Organizados y el Polo Obrero, desde donde reclaman una política integral para monotributistas, autónomos, cuentapropistas, independientes y desocupados. Solamente el reclamo de los monotributistas ha levantado más de 130 mil firmas para que se tomen medidas urgentes y se termine con las dilaciones y las políticas de hambre.
En Italia la ayuda a los autónomos es del orden de los 600 euros ($41.200) por persona; similar política es la que se aplica también en España; sin embargo, en Argentina la política no pasa de casi empatarle a lo que percibe un beneficiario de un plan social, que hace meses no ve ningún aumento en sus ingresos.
Ante la grave situación que padece el pueblo trabajador y ante la vulnerabilidad de los sectores más afectados por esta crisis, seguimos exigiendo: seguro económico de $30.000 para monotributistas, autónomos, cuentapropistas y desocupados: suministro de alimentos e insumos sanitarios a los barrios y las familias que se encuentran en la pobreza; prohibición de despidos y suspensiones, y licencia con goce de sueldo para los trabajadores en cuarentena; cobertura de obra social y acceso a la salud sin ningún condicionamiento. Defendamos los intereses de los trabajadores ante la crisis y no el de los patrones y el capital financiero.
Marcelo Mache
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