Finalmente, el viernes pasdo, se confirmó el primer caso oficial de un paciente infectado con coronavirus en Bahía Blanca. Se trata de un joven de 27 años de edad, internado en el Hospital Municipal, que hace unos días había regresado de un viaje al exterior. No obstante, quienes trabajan en salud estiman que el número de casos es mucho mayor, solo que aún no fueron detectados.
En sintonía con el sistema de salud nacional, sostenido eminentemente por el enorme esfuerzo y pericia de sus trabajadores, la ciudad está lejos de poder hacer frente a un más que posible crecimiento exponencial de los casos. Tanto el presupuesto provincial (aún vigente el de 2019) como el municipal se traducen en graves deficiencias de equipamiento, camas disponibles e infraestructura, que hacen prever un colapso sanitario de no mediar un shock de recursos para el área. Por no hablar de las condiciones totalmente precarias que sufren los trabajadores de la salud, con salarios de miseria y desprovistos de los elementos básicos para desenvolver sus tareas en condiciones óptimas.
A esta situación se suman las nuevas actividades económicas exceptuadas de la cuarentena obligatoria. Este sábado, el gobierno nacional decidió eximir nuevas actividades, como las relacionadas con la producción, comercialización y distribución agropecuaria, entre otras. En el partido de Villarino, distrito ubicado al sur de Bahía Blanca, esto significa que los galpones de empaque de la producción local de cebolla seguirán funcionando normalmente, y los choferes de camiones que provengan de países limítrofes no deberán realizar la cuarentena. El riesgo de estas medidas, para los trabajadores de la cebolla y para el conjunto de la población, es evidente, y de producirse contagios los pacientes deberán viajar a Bahía Blanca para atenderse en el Hospital Interzonal José Penna, tensando aún más una estructura sanitaria en crisis.
En relación al mercado laboral, la ciudad cuenta con un 8% de desocupación y un 9% de sub-ocupación (según último informe de Depto. Economía-IIESS-CONICET-UNS –diciembre 2019-) y ha experimentado recientemente el arribo de empresas como Pedidos Ya o Glovo. Los trabajadores de estas empresas son especialmente afectados por la crisis actual, ya que sus ingresos están sujetos directamente a la cantidad de viajes que logren hacer, sin contar con un ingreso mínimo como piso. Así, la llamada “uberización” de la economía, promocionada como una panacea tecnológica y laboral de estos tiempos, es desnudada por la crisis como una fuente de precarización absoluta de sus trabajadores, quienes lejos de poder quedarse en casa para evitar todo contagio deben salir a pedalear sus bicicletas para obtener un ingreso que les permita sobrevivir. El monotributo se muestra una vez más como lo que realmente es: un taparrabos para encubrir relaciones de dependencia no declaradas y un instrumento patronal para la precarización y la reducción de costos laborales.
Por otra parte, la situación en las barriadas populares se vuelve desesperante. Miles de familias cuyo sustento depende de changas, ven cómo la cuarentena pulveriza sus ingresos, bajo pena de sufrir detenciones si son encontrados en la calle. Una cuarentena sin prohibición de despidos y suspensiones y desprovista de un subsidio que garantice un ingreso mínimo para monotributistas, trabajadores informales y desempleados, someterá a miles de familias trabajadoras a mayores niveles de hambre y miseria. Se trata de un río revuelto donde la clase capitalista no quiere resignar beneficios.
En todo el mundo, la pandemia viene siendo extremadamente eficaz en dejar al descubierto las contradicciones de sociedades organizadas alrededor de la explotación de la mano de obra por el capital. Dichas contradicciones aparecen potencialmente explosivas, y Bahía Blanca no es la excepción.
Necesitamos que se apliquen todos los recursos a la atención de la crisis social y sanitaria. Por comités electos de trabajadores de la salud y expertos para poner en marcha las medidas necesarias y orientar las prioridades. Prohibición de despidos y suspensiones; que el Estado garantice los puestos de trabajo en el caso de los trabajadores en negro; seguro al desocupado y para monotributistas de 30.000 pesos; e igual monto para jubilación y salario mínimos. No al pago de la deuda externa.
Prensa Obrera
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