sábado, 28 de marzo de 2020
Techint despide 1.450 empleados: plan de lucha capitalista contra la cuarentena
Es sabido que la clase capitalista tiene su forma de pronunciarse. Cuando presionan por una devaluación hablan de atraso cambiario y simultáneamente arman una corrida cambiaria para producir una disparada del dólar. O cuando quieren mayores tarifas dejan de invertir hasta que se producen los cortes de luz y gas que les permite justificar la aplicación de aumentos y subsidios. Ahora el ´plan de lucha´ de la burguesía va dirigido contra la cuarentena y lo hace con sus métodos. A la vanguardia se puso el principal grupo capitalista del país, Techint. El holding que lidera Paolo Rocca acaba de anunciar el despido de 1450 trabajadores de la construcción que participaban de distintos proyectos de la empresa en la provincia de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén. La empresa dijo que la decisión estaba fundada en la parálisis de esos proyectos decretada por el gobierno. La construcción –señaló en un comunicado- no fue declarada como ´servicio esencial´. Cuando se reanuden las tareas, afirmó, “a los trabajadores se los volverá a recontratar”. Resumiendo: con cuarentena habrá despidos.
Techint conoce y aplica como nadie este juego de presiones para lograr sus objetivos. Consiguió que el gobierno nacional incorpore a Siderca dentro de las empresas que pueden funcionar porque desarrollan “necesidades impostergables en el país y compromisos de exportación”. Por esta razón logró una autorización especial para que el personal de la empresa pueda circular libremente y para que se mantenga operativo su puerto de Campana. En cambio, en las plantas que no puedo mantener activas tomó otro tipo de decisiones. En su planta de Valentina Alsina, por ejemplo, apeló a un acta de suspensión del año pasado para reducirle el salario a todo el personal. Según la denuncia de los trabajadores, esa reducción alcanza un 45% de sus ingresos. El repuesto Ministerio de Trabajo, sin embargo, no abrió la boca.
Esta presión de Techint para dar por concluida la cuarentena es compartida por toda la clase capitalista. La editorial de Marcelo Bonelli del viernes en Clarín, donde suelen ventilarse los chismes que circulan en la sede de la Unión Industrial, comenta como los principales grupos empresariales del país consideran que la cuarentena “causará más daños que beneficios a la sociedad”. Para un capitalista la ´sociedad´, claro, es la sociedad capitalista. Este diagnóstico sería compartido también por la Asociación de Bancos. Y, desde ya, por la Cámara de la Construcción y el resto de las asociaciones empresariales.
El reclamo de fondo de todos estos sectores es que se ponga fin a la cuarentena lo más rápido posible. Y de no ser así, que el Estado se haga cargo del pago general de los salarios y de otros costos operativos de las empresas. Reclaman también un gran perdón impositivo y tasas subsidiadas. El problema es que el Estado argentino no tiene las espaldas para hacer lo que hizo Gran Bretaña, que anunció que pagará el 70% de los salarios de todos los trabadores públicos y privados. O el plan de ayuda a la clase capitalista votado por el Congreso de los EEUU que alcanza los 2.2 billones de dólares. La clase capitalista nativa tiene otro problema adicional. La modesta capacidad de Estado argentino debe compartirse con los tenedores de deuda, que por el momento siguen cobrando puntualmente el pago de los intereses. Solo en lo que va del 2020 ya se fueron en ese concepto unos 200.000 millones de pesos. Los capitalistas locales podrían ponerse la camiseta nacional y popular y reclamar el default para que esos recursos sean usados en su beneficio. Pero por el momento no es lo que ocurre. Es que ellos mismos son acreedores externos del país y quieren cobrar por sus acreencias.
La presión capitalista contra la cuarentena podría incrementarse si Bolsonaro se sale con la suya y logra levantarla en Brasil. Es sabido que para él también la medida “causará más daños que beneficios a la sociedad” (UIA dix). Mientras tanto ha tomado medidas de respaldo a su clase capitalista de mayor alcance que el gobierno argentino. Es que la pandemia no paraliza la competencia sino que la incentiva. Todos saben que al final del camino muchos grupos irán a la quiebra y serán absorbidos por sus rivales.
Los 1.450 despidos dispuestos por Techint y la rebaja salarial a sus empleados de la planta de Valentina Alsina anticipan lo que se viene. Si el gobierno decidiera extender la cuarentena durante el próximo mes, el pago de los salarios de abril será puesto en cuestión por los capitalistas. Es necesario anticiparnos a este choque con un programa claro: deben abrirse los libros de las empresas y analizar sus ganancias acumuladas en todo este período; defender el pago de los salarios integral; en caso de retomar la producción debe hacerse a partir de consideraciones sanitarias y aplicando medidas de seguridad e higiene controladas por comités de trabajadores. En caso de que el gobierno disponga de ayuda a las empresas debe asegurarse que la misma sea utilizada para el pago de los salarios y no para otra finalidad.
La crisis impone medidas de fondo que el gobierno no está dispuesto a tomar. La asistencia al pueblo en medio de la cuarentena es incompatible con el pago de la deuda. Y si debe recurrirse a una emisión monetaria para solventar gastos extraordinarios debe aplicarse estrictas medidas de control, como ser la apertura de los libros comerciales y el control obrero, en las grandes cadenas de supermercados y en la industria de la alimentación para que no se incrementen los precios.
Si nuestra vida vale más que sus ganancias, entonces los trabajadores debemos intervenir.
Gabriel Solano
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