lunes, 30 de marzo de 2020

No hay tal “dureza presidencial” sin prohibir los despidos



Alberto Fernández al extender la cuarentena hasta el 13 de abril rugió “voy a ser muy duro con quienes especulan con esta situación y con quienes despidan gente”. ¿Será así, es eso posible? ¿Frenará el Presidente todo despido? La cuestión de los “especuladores” la dejamos para otro trabajo, porque los precios de ciertos alimentos se han ido por las nubes sin la menor reacción oficial.

Infobae arriesga que el destinatario del mensaje duro sobre despidos es Paolo Rocca de Techint, que anunció el despido de 1.450 trabajadores de algunas de sus obras en marcha. El gobierno cita a las partes, patronal y Uocra, en el Ministerio de Trabajo para discutir el sonado tema. Por lo pronto, Miguel Ángel Toma, el exSide de Menem, miembro del directorio de Techint se despachó: “Si el Presidente quiere que no se eche a nadie que haga una ley, no entremos en valoraciones morales”. Lo que hace prever la posición patronal en la audiencia: los despidos en las obras “están amparados en la legislación vigente” y en el propio convenio Uocra que permite la inmediata desvinculación en caso de paralización de las obras.
Por otro lado, el grupo Techint, la mayor empresa del país, tiene mucho para negociar. Pretende seguir, y de hecho lo está imponiendo, con la producción de tubos sin costura para continuar con su exportación, un rubro que de esencial no tiene nada, y menos con el derrumbe de la industria petrolera a nivel mundial. Eso sí, con interés recaudatorio para las cuentas públicas.
Pero Techint es apenas la punta de un ovillo. La consultora Analytica estima que “el 64% de los aproximadamente 19 millones de trabajadores de la Argentina, unos 12,1 millones de personas, están en riesgo de perder sus empleos por las políticas para contener la expansión del coronavirus” y continúa “un subgrupo de ´muy alto riesgo´, unos 5,5 millones de personas que se desempeñan fundamentalmente como trabajadores informales, monotributistas y autónomos” (Infobae).
La propia Uocra denunció que se vendrán 100.000 despidos de continuar la cuarentena. Agreguemos que la defensa de los albañiles difícilmente venga de Gerardo Martínez, porque los trabajadores de la salud del Sanatorio Franchin de su Obra Social, en el corazón de la Capital, denunciaron el 28 de marzo despidos con fecha predatada del día 18, es decir, un día antes de la declaración general de cuarentena.
La realidad es que se han conocido denuncias de despidos en los más diversos rubros, el bingo de Pilar, tercerizadas de Aerolíneas, Cinemark, bares en Mendoza y otras provincias, 40 destajistas del 147 en La Plata por parte del Intendente Montenegro, 41 músicos de la orquesta de José C. Paz, centenares de repartidores, solo por citar algunas denuncias recibidas. La extensión de la cuarentena extenderá esta gangrena de manera geométrica, como la misma propagación del virus.
La pelea mediática con Paolo Rocca no resolverá un problema descomunal en puerta si no se dispone de inmediato una ley de prohibición de despidos. Para dar una idea, en la mismísima EE.UU., cuando solo el Estado de Nueva York había dispuesto cuarentena, se anotaron en una semana 3,3 millones de trabajadores al seguro de desempleo, una cifra inédita. En la Argentina, ya empezó una presión de la burguesía para salir de la cuarentena bajo extorsión de despidos masivos.

La UIA y Daer, un solo corazón

La cuestión está siendo discutida día a día en la reunión que la directiva de la UIA realiza cada mediodía. En distintos medios ha trascendido que los industriales, en conjunto con la CGT, reclaman que a la extensión de la cuarentena le siga una flexibilización de las actividades esenciales, que ya hoy significan el 40% de la economía.
Daer ha confirmado esta posición de la burocracia sindical. El Destape publicó su posición: “se pueden armar protocolos, algún esquema diferenciado para ciertos sectores industriales o de la construcción que no están en los sectores urbanos, hay que ir estudiando de qué manera no cae la generación de riqueza”.
Más adelante, Daer entra en la posición de concertar rebajas salariales y/o suspensiones con las empresas porque para él “el piso del recorte salarial es del 100%, hasta que uno se sienta a negociar”. Luego anticipa que hay 300 mil empresas afectadas que podrían despedir y propone “suspender la vigencia de los artículos 241 y 237 de la ley de contrato”, lo cual está por detrás de Donald Trump que ofrece créditos y subsidios a las empresas que no despidan. BAE dice que Daer plantea suspender los artículos 221 y 247. Los artículos que propone suspender Daer comprenden solamente los acuerdos de desvinculación consensuada y sus preavisos y los de despidos y suspensiones por “fuerza mayor”. No los demás.
La burocracia sindical está metida hasta las manos con las patronales. Y la exhortación moral de Alberto Fernández encubre que no hay protección a los trabajadores ante los despidos inminentes que plantea la extensión de la cuarentena y aún la salida de ella que será, en cualquier caso, traumática.
Los despidos deben ser prohibidos por ley hasta el fin de la pandemia, no de la cuarentena. Lo mismo las suspensiones sin remuneración o con rebajas salariales. El Estado debe garantizar los puestos de trabajo y el salario de los trabajadores. Incluso de aquellos del sector informal. Por ello hemos planteado el seguro de $30.000 para informales, monotributistas, empleadas domésticas, desocupados y todo tipo de cuentapropistas.

Prohibición de despidos inmediata, por ley

Pero la prohibición de despidos puede abordarse también para las compañeras y compañeras que están en negro que son millones en el empleo de casas de familia, en la producción rural y en la construcción. La ley de prohibición de despidos debe incluir la estabilidad del trabajador informal que denuncie su despido, garantizando reincorporación y estabilidad laboral, lo que adicionalmente contribuirá a un blanqueo masivo de trabajadores.
El planteo del Partido Obrero, de la Coordinadora Sindical Clasista y del Frente de Izquierda en su conjunto, en el sentido de prohibir los despidos, se ha revelado de vida o muerte en esta lucha contra la pandemia. Porque, el trabajador despedido no podrá tampoco respetar la cuarentena, al igual que aquel que no tiene ingreso alguno y debe hacer frente al hambre, antes de que le llegue el virus.
El Estado debe volcar los recursos enteros de todo su potencial para garantizar este curso de acción, lo cual supone la anulación inmediata de todo pago de la deuda externa que sólo mañana, martes 31 de marzo, se llevará más de $18.000 millones entre los vencimientos en dólares y en pesos.
La clase obrera estará obligada en intervenir. Llamamos a organizar comisiones obreras de salubridad en todos los lugares de trabajo, para proteger la salud, garantizar la cuarentena, defender el salario y enfrentar todo despido. En las difíciles condiciones planteadas hay que superar la entrega de la burocracia sindical y asociar nuestra intervención a un programa de los trabajadores para enfrentar la catástrofe en la que se unen el virus de la pandemia, a la barbarie capitalista.

Néstor Pitrola

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