Aunque Macri llamó en su discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a que cada sector debe “ceder un poco” para la instrumentación de sus reformas, se pretende que los trabajadores y jubilados carguen enteramente con la mochila del ajuste.
En el terreno jubilatorio, por ejemplo, Macri insistió en que el sistema actual no es sustentable. “El presidente llamó a un debate ‘honesto’ sobre las jubilaciones, el cual, de ser así, debería colocar en el banquillo a los empresarios evasores y al propio Estado, que redujo los aportes patronales y que acaparó los fondos del Anses para pagar deuda y subsidiar a grupos capitalistas. En vez de ello, Macri prevé ‘recalcular’ hacia abajo la movilidad jubilatoria, para despojar a los jubilados de 100.000 millones de pesos. Y luego, aumentar la edad del retiro”, señaló Marcelo Ramal.
La modificación de la Ley de Movilidad que prepara el gobierno para ahorrar esa suma de dinero se inspira en recomendaciones del FMI y la OCDE y ata las jubilaciones a la evolución de la inflación trimestral, eliminando de la fórmula actual el componente de la recaudación.
“Ajustar las jubilaciones por la inflación significa que serán congeladas en su poder adquisitivo actual de miseria”, analizó el legislador porteño electo Gabriel Solano. La jubilación mínima, que abarca a la mayoría de los pasivos, está ahora en $7.246, menos de un tercio de la canasta familiar. El proyecto oficial buscaría aplicar el mismo rasero para la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones sociales, según Clarín (30/10).
Pero Macri volvió también a la carga contra los “activos”, en línea con el plan de reforma laboral “sector por sector” que tiene por modelos las modificaciones en los convenios de petroleros y Atilra y que avanzan en una flexibilización laboral.
Macri llamó a “nuevas formas de contratación”, un eufemismo que refiere a modalidades más precarias de trabajo. En Atilra, por ejemplo, el convenio que se firma en el día de hoy establece un aumento del período de prueba a seis meses.
Y, sobre todo, exigió a las provincias que adhieran a la reforma de la ley de ART, que instituye las comisiones médicas y obliga a los trabajadores a agotar esa instancia antes de cualquier reclamo. Se quejó en este punto del “exceso de litigiosidad laboral”, un planteo totalmente falso dado que la cantidad de accidentes laborales es muy superior a la cantidad de trabajadores que recurren a la justicia.
Macri dirigió también sus dardos contra los trabajadores judiciales, por su régimen de licencias, y cuestionó el aumento de la planta docente en las universidades, soslayando que estas se sostienen sobre la base del trabajo precario y ad honorem de decenas de miles de docentes.
“El previsional y el laboral son los dos rubros clave de las reformas” en marcha, resume un columnista de Clarín (30/10).
Doble vara
Para los capitalistas, en cambio, Macri usó otra vara. Anunció su intención de reducir la carga tributaria. Esto ya se ha traducido en el envío del presupuesto 2018 a la legislatura bonaerense, que contempla una rebaja en la alícuota de Ingresos Brutos. Va en línea con la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las retenciones en trigo, maíz y girasol.
Clarín completa el plan en marcha: “eliminación de los aportes patronales para los salarios menores a $10.000; la deducción de parte del Impuesto al Cheque de Ganancias; la reducción de la alícuota de este último tributo del 35% a 25% para las empresas que reinviertan sus utilidades”.
“Proyectan bajar el Impuesto a las Ganancias a las empresas mientras perpetúan Ganancias en los salarios”, denunció Néstor Pitrola.
La contracara de los beneficios impositivos al capital son los tarifazos contra la población trabajadora: a razón de cincuenta centavos mensuales habrá un aumento sostenido en el tren y en el colectivo y se contemplan aumentos en la luz y el gas del 35% en diciembre y del 40% en 2018.
Unidos contra los trabajadores
Para ungir este plan procapitalista y rabiosamente antiobrero, Macri se rodeó de los gobernadores (incluyendo a Alicia Kirchner), referentes patronales (Magnetto, Luis Etchevehere de la Sociedad Rural), miembros de la Corte Suprema, y de exponentes de la burocracia sindical (Héctor Daer, Omar Viviani, Carlos Acuña, Antonio Caló, entre otros). Como guiño a estos últimos, Macri dijo que hay “demasiados” gremios, una línea que apunta a la eliminación de los sindicatos con simple inscripción como favor al “unicato”. Es que la burocracia resulta clave para hacer pasar los cambios en materia laboral. En el mismo sentido, pretende asociarla en un proceso de concentración de las obras sociales. El “triunvirato piquetero” protestó frente al CCK pero sólo porque el gobierno no les dio lugar en este contubernio ajustador.
“El discurso de Mauricio Macri en el CCK fue la enunciación de un verdadero plan de guerra contra los trabajadores y jubilados de la Argentina. Aunque fue presentado como una cruzada anticorrupción, el plan consiste en lo opuesto: o sea, en la preservación de los superbeneficios y privilegios del capital financiero, los monopolios energéticos e industriales y la burocracia sindical a expensas de la mayoría trabajadora”, subrayó Ramal.
Rechacemos este ataque. Por una amplia deliberación en los lugares de trabajo y de estudio.
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