La gestión del INCAA a cargo de Ralph Haiek ha dado inicio a una nueva etapa de avance en el ajuste y la censura sobre la producción cinematográfica que comenzó con el Plan de Fomento que diseñó el ex CEO de Patagonik Films, Alejandro Cacetta, antes de verse desplazado de la dirección del instituto.
Tras su desplazamiento y el de otros ex funcionarios K, la gestión del PRO se hizo con el control político y financiero del Instituto. Aquél golpe de mano motivó un levantamiento sin precedentes de la comunidad audiovisual en abril, soliviantada por una sub ejecución presupuestaria que paralizó la producción cinematográfica nacional, con excepción de algunas grandes producciones.
El movimiento de la comunidad audiovisual que se puso de pie en abril se diluyó tras el copamiento de su orientación política por sectores patronales de la mediana industria y burócratas ligados en el pasado al kirchnerismo, que rechazaron las reivindicaciones concretas de los realizadores independientes para pasar a hacer lobby en los pasillos del Congreso.
La preocupación fundamental de las asociaciones profesionales y sindicatos de filiación k es la conservación del control de las cajas de sus Sociedades de Gestión. Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) controla la gestión del cobro de derechos de autor de los directores y está asociada en la Multisectorial Audiovisual con los sindicatos de actores, de técnicos de la industria cinematográfica, de extras, de trabajadores de la televisión; es decir con toda la burocracia sindical de la actividad audiovisual que está a su vez ligada a la gestión de las cajas de los derechos de intérpretes, actores, músicos, etc.
El macrismo, tras haber copado la caja del INCAA, mira con apetito las cajas de las sociedades de gestión. El gobierno se sirve de las denuncias de corrupción sobre las gestiones anteriores del instituto para disciplinar a estas burocracias, preocupadas por retener sus negociados.
El movimiento volvió a ponerse de pie el pasado jueves, con una nueva movilización de dos mil personas y una asamblea de mil en la sala 1 del Gaumont, nuevamente a partir de la iniciativa de los documentalistas.
Menos películas, más censura
La producción documental, que aporta alrededor de ochenta películas por año, cuenta con una vía de subsidios cuyos comités evaluadores son electos por la asociaciones de sus directores y han logrado una independencia de las gestiones que permitieron que se desarrolle una expresión libre en un género en el que proliferan las denuncias de injusticias sociales, las cuales tienen naturalmente al Estado como principal responsable. La preocupación por modificar la conformación de estos comités de evaluación ya estuvo presente durante la gestión anterior, pero no pudo doblegar la resistencia del movimiento de documentalistas.
El macrismo acaba de cerrar un comité evaluador dejando sin tratamiento para este año cuarenta proyectos de documental. Quiere imponer antecedentes para conformarlo y veedores “administrativos” de la gestión para regimentarlos.
Sólo unos días después de que una asamblea de documentalistas convocara la movilización del pasado 28 de septiembre, el gobierno a través de sus espadas mediáticas lanzó un nuevo ataque a “la cantidad de películas que nadie ve”, con el argumento de que pertenecen al relato K. Entre los realizadores, se sabe, esa afirmación es falsa. La campaña no ha hecho más que revivir al movimiento y despertarlo con la misma vitalidad de abril.
Asfixia financiera a la realización independiente y privatización del fomento
El gobierno busca reemplazar en su totalidad la política de subsidios por el sistema de créditos que comprometan el patrimonio de quienes lo requieran. Es decir modificar la naturaleza del fomento de la actividad.
El gobierno no oculta que pretende entregar el negocio del “financiamiento” a la banca privada, para que ésta lucre con la administración de fondos públicos.
Para tentar a la banca privada, el gobierno ha emitido la Resolución 942, en la cual –por “error” u “omisión”, supuestamente– en un artículo se habla de personas físicas o jurídicas y en el siguiente de “empresas productoras”.
No fue un lapsus: la actual gestión apunta a liquidar la producción independiente de las casas productoras y, con ella, el cine de autor. Esto significa terminar con la creación artística libre de los condicionamientos del mercado capitalista de la industria cultural.
Las tareas del movimiento de los realizadores independientes
Las resoluciones de la asamblea del 28 representan un progreso importante en relación a las reivindicaciones que levantó el movimiento de abril. Plantean la derogación de la 942, el rechazo al Plan de Fomento y la apertura de su discusión a la comunidad audiovisual. La defensa de las conquistas de la vía digital para documentales y la extensión de esa conquista a la ficción, clave para el acceso de los estudiantes al fomento cinematográfico. También incluyen el rechazo a los despidos a los trabajadores del INCAA.
La gestión, que mantenía paralizado el funcionamiento de su Consejo Asesor, ha llamado a sus miembros a una reunión para este lunes 2 de octubre. La asamblea votó movilizarse sobre esa reunión.
Los realizadores independientes deben abandonar la ilusión de que el Consejo Asesor vaya a ser el canal para obtener sus reivindicaciones. Este cuerpo consultivo, creado por la Ley de Cine, no es una representación democrática. Es un cuerpo colegiado compuesto por representantes de las secretarías de Cultura de las provincias, de las burocracias de los sindicatos asociados a las sociedades de gestión, de las cámaras patronales de productores y de la propia gestión. Que se incorpore un representante de los documentalistas independientes, incluso que se obtenga de éste CA un pronunciamiento a favor de nuestros reclamos, no nos garantiza el triunfo de nuestra lucha contra este brutal ajuste al cine independiente. Debemos exigir que la gestión reciba a una representación de la asamblea general para el tratamiento de las reivindicaciones que se han votado y acompañar esa reunión con la movilización.
Ojo Obrero
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