79 días de mentiras (y contando)

El posible hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el rio Chubut no desmiente el involucramiento de la Gendarmería ni borra las operaciones de encubrimiento digitadas desde el gobierno de Mauricio Macri-Patricia Bullrich, como apuran sus voceros oficiosos.
Antes de haber corroborado la identidad del hallazgo, y desconociendo las denuncias de los mapuche y organizaciones de derechos humanos de Esquel acerca de que el cuerpo fue “plantado”, los medios acólitos se apresuraron a afirmar que esto echaría por tierra la imputación que pesa sobre Gendarmería por la desaparición forzada de Maldonado. Se prepara una crisis política de dimensiones todavía mayores que la transitada hasta ahora.
El gobierno consumió estos 79 días sin Santiago intoxicando a la opinión pública con información falsa. Su objetivo fue encubrir el accionar represivo de la Gendarmería al servicio de los monopolios capitalistas que saquean los recursos nacionales en la Patagonia.
Para esto no vaciló en denigrar a la familia, a la comunidad mapuche Cushamen y a los organismos de derechos humanos, es decir a aquellos que denunciaron desde el día 1 la desaparición de Maldonado y todas las irregularidades del caso, acusándolos nada menos que de entorpecer la investigación.
Puso en duda la presencia de Maldonado el 1 de agosto en el corte de la ruta 40. Intentó instalar la versión de que había sido malherido días antes por un puestero durante un asalto a una estancia de Benetton. Luego, alentó la versión de que habría desparecido por su propia voluntad, parte de un complot con la comunidad Cushamen, o retenido por los mapuche. Para sembrar aún más confusión, los medios oficialistas difundieron las especies de que habría sido visto en Entre Ríos, en Ushuaia y hasta en una peluquería de San Luis. Sin mayor apego por el rigor periodístico, Clarín trazó un perfil de Maldonado describiéndolo como un experto en artes marciales que podría haber hecho frente a los gendarmes.
El juez Otranto, por su parte, siguió el guión escrito en el despacho del Ministerio de Seguridad. Fue un acto de autoencubrimiento, ya que él había ordenado el operativo represivo en el cual desapareció Maldonado –el desalojo de la ruta 40 y la intrusión ilegal de Gendarmería en el territorio mapuche para perseguir a los manifestantes. Aquel corte de ruta reclamaba la libertad de Facundo Jones Huala, detenido en un operativo conjunto entre Argentina y Chile. Actualmente está siendo sometido a un juicio de extradición por una causa armada en base a testimonios arrancados bajo tortura.
Finalmente, los gendarmes negaron haberse internado en tierras mapuche, realizado registros audiovisuales, efectuado disparos y haberse dispersado durante la persecución. Ocultaron, además, la presencia de una camioneta Unimog. Las pericias sobre los vehículos que utilizaron los gendarmes demoraron un mes. En la causa constan los mensajes de advertencia que les envió Pablo Noceti, mano derecha de Bullrich.
A la cabeza de todas estas operaciones infames estuvo Patricia Bullrich. Su encubrimiento sobre la Gendarmería tiene razones políticas de fondo. El gobierno apura un reforzamiento represivo para apuntalar un ajuste que recrudecerá al término de las elecciones. Esta política traza una línea de continuidad con la reivindicación de la “teoría de los dos demonios”, los beneficios judiciales a los genocidas y los acuerdos de cooperación suscriptos con los servicios norteamericanos e israelíes, entre otros.
La movilización popular fue poniendo las cosas en su lugar. Es hora de redoblar el reclamo por el completo esclarecimiento de lo ocurrido con Santiago y el castigo a los responsables políticos del encubrimiento.
Fuera Bullrich.

Jacyn