Un duro cuestionamiento a todo lo hecho por el Gobierno de Macri y el Poder Judicial fue dado a conocer este viernes por el Comité contra la Desaparición Forzada del organismo internacional.
En un documento al que tuvo acceso La Izquierda Diario, fechado este viernes 6 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas realizó duros cuestionamientos al Estado argentino por su actuación alrededor del caso de Santiago Maldonado, el joven de 28 años que el 1° de agosto fue detenido por Gendarmería Nacional en el predio de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen y hasta el día de hoy continúa desaparecido.
El texto fue enviado por Ibrahim Salama (jefe de la Sudivisión de Tratados de Derechos Humanos) al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en la causa por la desaparición de Maldonado y el 7 de agosto había presentado una “petición de acción urgente” ante el Comité.
Allí el organismo internacional informa que ya envió sus cuestionamientos y exigencias al Estado argentino a través de una “nota de seguimiento”, que deberá ser respondida por el Gobierno de Mauricio Macri antes del 6 de noviembre.
Falta de avances en la investigación
La nota de la ONU al Estado argentino, enviada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, expresa la profunda preocupación “porque la suerte y el paradero del señor Santiago Maldonado todavía no han sido esclarecidos, y la información disponible refleja una falta de avances en las investigaciones en curso”.
Entre otras cosas, en el texto se le recrimina al Estado haber tardado más de un mes en tomar por ciertos los testimonios de los miembros de la Pu Lof, cuando éstos ya se conocían desde el inicio de la causa. En ese sentido, “el Comité recuerda que los primeros momentos tras la desaparición de una persona son de mayor relevancia en la perspectiva de buscar y ubicar a la persona desaparecida”.
En ese marco el organismo internacional cuestiona las “varias declaraciones públicas” de funcionarios del Gobierno durante todo el primer mes de desaparecido Maldonado, donde rechazaban la hipótesis del involucramiento de la Gendarmería en la desaparición. Y el cuestionamiento es aún mayor ya que, dice el Comité, “estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de la Gendarmería”.
Recién el 10 de septiembre la ministra Bullrich reconoció la remota posibilidad de que algunos gendarmes pudieran estar involucrados. Eso, para la ONU, es un tiempo más que suficiente para calificar el accionar estatal como de incumplimiento de las “acciones urgentes” encomendadas por el organismo.
Por otra parte, “el Comité lamenta que se haya esperado hasta el 7 de septiembre (a 38 días de desaparecido Maldonado) para iniciar las entrevistas a la Agrupación XIV de la GNA de Chubut”, ya que ahí es cuando los gendarmes comenzaron a dar indicios que sirven a la investigación.
El comité de la ONU recuerda en su nota al Estado argentino que, según datos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, al menos hasta el 4 de septiembre el Gobierno no había iniciado siquiera un sumario administrativo sobre la Gendarmería. Y que al mismo tiempo la información entregada por el Ministerio de Seguridad al Juzgado de Esquel “adolece de serias anormalidades”.
En consecuencia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU le pide expresamente al Gobierno argentino que explique “las razones por las cuales las autoridades a cargo de la búsqueda del señor Maldonado y de la investigación de su desaparición esperaron más de un mes para tomar en cuenta de forma efectiva todas las hipótesis”. Y le exige que a partir de ahora se garanticen todas las condiciones materiales, profesionales, logísticas y de independencia investigativa para que se encuentre a Santiago.
La participación de Gendarmería
La ONU también le requiere al Estado argentino que esclarezca “de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse , establecer y sancionar sus responsabilidades, tomando en cuenta que la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada puede resultar clave para ubicar a la persona desaparecida”.
Seguido, también pide que se adopten “todas las medidas necesarias para investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones de las autoridades del Estado parte que hayan podido entorpecer” la investigación. Particularmente se cuestiona todo lo realizado por la ministra Patricia Bullrich y demás funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Hay también un cuestionamiento particular al modo en que el Estado ha venido manejando los elementos de prueba, desde las camionetas de Gendarmería lavadas antes de los peritajes hasta la incorporación tardía al expediente de fotos y videos relevantes, pasando por las demoras en allanar los escuadrones de Gendarmería.
Así, sentencia el Comité, se produjo una “violación clara de los principios básicos de la cadena de custodia”, con lo cual “varios elementos probatorios relevantes para ubicar al señor Maldonado e investigar su desaparición forzada pueden haber desaparecido”.
A partir de las conductas del Gobierno de Macri, del juez y de la fiscal del caso, el Comité de la ONU también se permite dudar de que la Gendarmería no esté participando “como ente investigativo”, algo a todas luces ilegal. La duda se sustenta en que aún el Estado no confirmó a la ONU el retiro de GNA de la investigación y que a su vez la misma fuerza elaboró informes de inteligencia luego del 1° de agosto.
El desprecio a los Maldonado y a la comunidad mapuche
Por último el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, reproduciendo los considerandos del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, cuestiona la negativa del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo a brindar toda la información del caso a la familia de Santiago y al resto de los querellantes.
Y agrega un elemento que no por conocido pierda relevancia. El Comité sabe que tanto los familiares de Maldonado como los miembros de la Pu Lof están recibiendo de forma permanente el ataque y la desvalorización de los funcionarios políticos y judiciales. En ese sentido exhorta al Estado a cumplir con los artículos 12 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan a brindar información a los familiares y representantes de Santiago Maldonado.
La “nota de seguimiento” enviada por la ONU al Estado argentino realiza una serie de exigencias y requerimientos basados en todos estos cuestionamientos, que deberán ser respondidos por el Representante Permanente de Argentina ante la oficina de la ONU en Ginebra antes del 6 de noviembre.
LID
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