Reforzamiento represivo y complicidades cruzadas de empresarios y políticos.
En la madrugada del día de hoy, el Juez Pullen Llermanos dictaminó la revocación de la prisión domiciliaria de Sala. El argumento para esta revocatoria es que Milagro se resistió a realizarse los controles médicos pautados. Milagro Sala fue detenida hace más de un año y medio a raíz de una protesta frente a la Gobernación de Jujuy y luego se le sumaron numerosas causas penales, una de ellas por amenazas con fallo de primera instancia y el resto todavía en fase de instrucción. Su detención se prolonga, a pesar de no tener sentencia firme.
El gobierno provincial de Gerardo Morales ha intentado por todos los medios quitarle a Sala el beneficio de la prisión domiciliaria desde que fue dictada, ya sea apelando el fallo del juez como presionando a la CIDH, favorable a la excarcelación de la dirigente kirchnerista.
La crisis de fondo
Esta medida completamente arbitraria se produce luego de la reciente declaración del ex titular del Instituto de la Vivienda, Luis Abregu, quien en ocasión de presentarse a notificarse sobre su imputación en la “megacausa” que involucra a Sala, realizó una fuerte declaración en los medios sobre el peso de los responsables políticos en la denuncia por el desfalco con la construcción de viviendas.
Según Abregu “para que las cooperativas los recibieran (a los recursos) tenían que tener un contrato firmado para ejecutar una obra, es decir que ese contrato lo firmaban con quien les pagaba la obra y ¿quiénes les pagaban obras? Cada uno de los municipios”.
Los órganos de control estaban a cargo del ejecutivo de cada municipio, quienes evaluaban la obra e iban firmando los cheques de cada etapa de construcción. El mayor afectado por esta denuncia es el municipio de la capital jujeña, que es el que recibió más de la mitad de todo el presupuesto girado desde Nación para la construcción de viviendas y gobernado hace más de una década por el radicalismo. De hecho, el actual intendente, Raúl Jorge, figura entre los funcionarios que deberán brindar explicaciones en la “Megcausa”.
En otro momento, Abregu remarcó que desconocía “que pasaba en Calilegua, en Humahuaca, en La Quiaca, había cooperativas en toda la provincia y no solo de la Túpac, la ODIJ (Organización de Desocupados Independientes de Jujuy) tenía un montón de cooperativas…”.
Hoy los referentes de la ODIJ, Cayo y Bejarano, viejos socios de Milagro y diputados por Unidos y Organizados, son candidatos a concejales por una colectora de Gerardo Morales.
Como declara el ex titular, en esta operación de desfalco están involucrados los bancos, los proveedores, los funcionarios, políticos; y no sólo una acción orquestada por Milagro Sala, que deberá responder por su participación. Llamativamente, esta es la causa que más lentamente avanza.
Reforzamiento del aparato represivo frente al ajuste que viene
Al igual que sucede a nivel nacional, el gobierno de Morales ha utilizado la detención de Sala y los llamados a declarar de funcionarios vinculados al gobierno anterior como un elemento para volcar a la opinión pública a días de las elecciones.
Estas medidas que toma el gobierno de Cambiemos se dan en un cuadro concreto, además de la presión por las elecciones: el gobierno busca frenar, vía la coerción, cualquier tipo de manifestación contra el ajuste. Recientemente, anunció que va a multar a los gremios docentes (ya intentó hacerlo el año pasado con el gremio de los obreros de Ledesma) y descontarles a los maestros los días paro.
Con esta nueva medida arbitraria sobre Sala, el gobierno busca reforzar el disciplinamiento del movimiento obrero cuando han empezado a salir a calle a reclamar contra el ajuste los obreros de Ledesma, de Mina Aguilar, docentes y municipales.
Iñaki Aldasoro
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