El caballito de batalla de la “transparencia” y la lucha contra la corrupción encuentra su primer obstáculo en la propia familia presidencial. Cinco días antes de las elecciones, Jorge Macri -primo del presidente, intendente de Vicente López y presidente del directorio del grupo Bapro- fue condenado a un embargo por ocho millones de pesos por orden judicial, realizada por la jueza Sandra Arroyo de Salgado, en una causa por presunto lavado de dinero. Su esposa Florencia de Nardi recibió una pena de igual valor. Los dos depositaron un seguro de caución para que no se efectivice la medida hasta un ulterior desarrollo procesal. La causa investiga la compra fraudulenta de una propiedad en el 2012 en Miami, Estados Unidos, por un valor de medio millón de dólares. Según Página 12, “la maniobra fue canalizada a través de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers” (21/10).
La verborrágica Carrió, que supo calificar a Jorge Macri como un “delincuente” mientras se definían las listas de Cambiemos para las pasadas elecciones, se ha llamado ahora a silencio.
El embargo llega en momentos en que se discute el ingreso de Jorge Macri en el gabinete provincial o nacional. Clarín (26/10) y La Nación (27/6) afirman que podría ser nada menos que en el área de la obra pública y que tendría el visto bueno de su primo. Sin embargo, dicho fichaje generaría recelos en el ministro del interior, Rogelio Frigerio.
El intendente Macri en 2014 le había comprado a su propia hermana camionetas para el municipio por un valor de dos millones de pesos de manera directa, es decir, sin licitación. Los negocios del primo presidencial de Angelo Calcaterra se replican en tamaño municipal en el Conurbano norte.
El identikit de este funcionario se completa con su complicidad en las políticas de ajuste: en su distrito cerraron las plantas de Banghó, Atanor y Pepsico.
El mismo día que se dictó el embargo la Corte Suprema sobreseyó a Jorge Macri por las denuncias en su contra por haber habilitado un permiso irregular para la construcción de un helipuerto en el complejo “Al rio”, un negocio inmobiliario al estilo Puerto Madero. La medida beneficia también a Carlos De Narváez, dueño de Carrefour, que lleva adelante el negociado especulativo en tierras públicas de la costa otorgadas por el gobierno antecesor al macrista, que era de cuño K.
La grieta que nos venden se reduce a quien afana menos.
Federico Decoppet
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