La función estratégica de las declaraciones del juez Gustavo Lleral en la crisis por la muerte del joven. Las gracias totales del Gobierno y demasiadas incógnitas sin resolver para tan apresuradas palabras.
"Hacéte amigo del juez; no le des de que quejarse”
La vuelta de Martín Fierro
El reconocimiento oficial por parte de la familia Maldonado de que el cuerpo encontrado en el río Chubut pertenece a Santiago, profundizó la crisis política abierta desde su desaparición. Una crisis que podía acarrear consecuencias impredecibles en una inquietante coyuntura nacional.
La mala gestión de la mentira por parte del Gobierno alcanzaba su cénit cuarenta y ocho horas antes de las elecciones de este domingo.
Santiago había estado dónde desde el principio habían negado que estuvo (la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen). Básicamente, porque no estaba en Chile (ni en el 20 ni en el 120 %); no se había escondido; no lo había llevado ningún camionero ni había comprado nada en Entre Ríos, no estaba en el pueblo en el que todos se parecían a él; no lo había acuchillado ningún puestero de origen mapuche; no había pasado a la clandestinidad ni se había sacrificado; no lo habían levantado ningunos dulces abuelitos en la ruta; no se había cortado el pelo en ninguna peluquería; no lo había escondido su hermano Sergio; ni había sucedido ninguno de los disparates que los medios oficialistas y los funcionarios del Gobierno habían agitado en estos más de 80 días.
Inmediatamente después del reconocimiento del cuerpo, Sergio Maldonado desmintió tajantemente a Germán Garavano: el ministro de Justicia y Derechos Humanos se paseaba por los medios afirmando que había “hablado” o se había “comunicado” con el hermano de Santiago, cuando esa conversación nunca existió. Sólo mandó un mensaje por WhatsApp.
La acusación de “perversos e hipócritas”, tanto contra el ministro como contra el presidente Mauricio Macri, en este último caso por llamar a la madre de Santiago dos días antes de las elecciones, agravaba la incómoda y a esa altura infausta posición del Gobierno.
Mientras tanto, por abajo, en amplios sectores de la sociedad irrumpía la zozobra, el desasosiego, la empatía con el dolor de la familia y la bronca. A exactamente siete años del asesinato de Mariano Ferreyra, otro joven solidario con una causa justa muere en el marco de una represión estatal llevada adelante por los sospechosos de siempre: las fuerzas de seguridad. Nuevamente, como en los casos anteriores (Kosteki y Santillán, Ferreyra), una telaraña de mentiras tejida meticulosamente desde el poder y amplificada por los medios adictos embarraba la investigación. Y, una vez más, había quedado en evidencia que todo era una gran quimera para encubrir a los responsables materiales y políticos.
Algunos expresaban su odio saliendo a la calle a movilizarse, otros se acercaban a la puerta de la morgue y otros simplemente se manifestaban por las redes sociales (ocho de los diez hashtag del trending topic de la tarde del viernes referían al tema, en general contrarios al Gobierno). Todos exigían justicia y responsabilizaban, con razón, al Gobierno y al Estado.
En esas circunstancias se produjo la intervención estratégica del juez Gustavo Lleral con una afirmación parcial y, de mínima, apresurada. Aclaró oscureciendo.
Además de confirmar la identidad de Santiago, la otra información relevante que brindó en la medianoche del viernes fue que se pudo establecer que “no hubo lesiones en el cuerpo, por lo menos que fueran determinadas por los peritos”. Luego aseguró que el resto de los análisis complementarios estarán en dos semanas.
En principio, ninguna de las afirmaciones del juez es falsa, el problema no radica en lo que dijo, sino en lo que no dijo, o el eje en el que decidió poner el acento (“no hay lesiones”).
Un ejercicio retórico de cómo podría haber planteado la información puede echar luz sobre la cuestión. Lleral podía haber aseverado sin faltar a la verdad o incluso precisándola:
“No está descartada ninguna hipótesis porque hasta ahora sólo se certificó que no hay lesiones visibles, pero como la muerte se produjo en el marco de una represión, hay que investigar hasta el final”.
O más contundentemente: “Que no haya lesiones visibles no es prueba de que no existió un homicidio o la intervención de terceros, porque aún no está fehacientemente probado cómo llegó el cuerpo a ese lugar, si la muerte se produjo allí o en otro lado, no está determinada ni la data ni el causal de muerte, entre muchas otras cosas a definir”.
En este último sentido se manifestó el comunicado que dio a conocer la familia de Maldonado durante la jornada del sábado: “La declaración no descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte”, aseguraron con absoluta razón.
Pero las estudiadas palabras y sobre todo el acento del juez sonaron como música para los oídos de la Casa Rosada a horas de unas elecciones decisivas y cuando sus funcionarios cometían un error tras otro con serio riesgo de pagar caro políticamente por ellos (el “síndrome Atocha”).
Valentín Voloshinov afirmaba que en esa arena de lucha que es el discurso "cualquier injuria puede llegar a ser elogio, cualquier verdad viva inevitablemente puede llegar a ser para muchos la mentira más grande". O cuando la mentira es la verdad, como sintetizaban popularmente los Divididos.
Además, todavía quedan muchas dudas y gruesas contradicciones sin cerrar. La principal: ¿cómo llegó el cuerpo de Santiago a ese lugar por el que se habían hecho varios rastrillajes previos?
Pero también otras no menores: ¿quién respondió el teléfono de Santiago el día 2 de agosto cuando su amigo Ariel Garzi lo llamó y el celular fue atendido sin respuesta en una llamada que duró 20 segundos? Este sábado por la tarde, el canal C5N mostraba imágenes de intentos de violentar la radiobase de la empresa Movistar en Esquel donde está la antena que, presuntamente, tiene registrada estas llamadas.
Esto sin hablar de los hechos más evidentes y conocidos por todos: las múltiples maniobras de Gendarmería para entorpecer la investigación que llegaron hasta el espionaje contra la familia Maldonado.
Por último, en el caso de que la hipótesis más contundente sea que “se ahogó” en el río, los casos de Ezequiel Demonty, joven del Bajo Flores, que en la noche del 14 de septiembre del 2002 fue obligado a tirarse al Riachuelo por la Policía y en esas condiciones murió; Luciano Arruga que el 31 de enero de 2009 fue inducido a cruzar la General Paz y terminó atropellado por un auto o Franco Casco, un joven bonaerense que fue detenido en la comisaría 7ª de Rosario, el 6 de octubre de 2014 y cuyo cuerpo apareció flotando en el río el 30 de ese mismo mes y donde hubo 32 policías involucrados; son todos ejemplos de que un accionar de este tipo es completamente verosímil en una muerte producida en el marco de una represión ilegal de la Gendarmería.
Con todo este contexto de oscuras incógnitas, indefiniciones e hipótesis abiertas, las precipitadas pero precisas palabras del juez intentaron ser utilizadas por el Gobierno para su defensa y para retomar su destartalada ofensiva. En un momento decisivo y en el lugar indicado fueron íntimamente funcionales al Gobierno en medio de la crisis. Las elecciones de hoy, algo dirán del éxito o no de la maniobra, aunque no serán la última palabra en la crisis por la desaparición y luego la muerte de Santiago Maldonado.
Fernando Rosso
@RossoFer
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